Comunidades y organizaciones: Piden a europeos ampliar investigación sobre la piña

Las comunidades afectadas por los cultivos de piña en el Caribe y la Zona Norte, tuvieron que jugar de “investigadores” para poder interceptar a

Representantes de comunidades lograron entregar información a los europeos en el último momento.

Las comunidades afectadas por los cultivos de piña en el Caribe y la Zona Norte, tuvieron que jugar de “investigadores” para poder interceptar a la Misión DG-SANCO (Dirección General de Inocuidad de Alimentos y Protección al Consumidor) de la Unión Europea, que estuvo la semana en el país inspeccionado fincas productoras de frutas y vegetales.

Representantes de Villa Franca y Cartagena de Guácimo, de Milano en Siquirres y Pital de San Carlos, se mantuvieron alertas a cualquier movimiento en sus comunidades que revelara la presencia de los europeos.
Pero no fue sino hasta el último día, cuando lograron entregar a los europeos sus documentos de denuncia sobre lo que el mal manejo en el cultivo de la piña ha hecho con el ambiente y el agua en los sitios donde residen.

“LOS ESTAN ESCONDIENDO”

El pasado 13 de octubre, las comunidades que se agrupan en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), se reunieron en Guácimo, pues según la agenda entregada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) los europeos visitarían fincas piñeras en esa zona.
Sin embargo, los visitantes no aparecieron por ningún lado, y los molestos representantes se dirigieron a la oficina del MAG en Guápiles para protestar, pues consideraban que este ministerio les “escondió” a la comisión.
“Lo que quisiéramos decirle a la Unión Europea es que las comunidades y pequeños productores están sufriendo el impacto de la explotación piñera. Quisiéramos tener voz y expresar lo que estamos sintiendo; se nos ha dicho que ya llegaron nuestras cartas a Europa y nada nos responden”, expresó Carlos Arguedas, de Siquirres.
“Hoy no nos queda más que decirle a la UE, a los productores de piña y al gobierno de Costa Rica, que si no somos oídos, tendremos que hacernos oír por otros medios; por eso hoy vinimos a manifestarnos. Necesitamos que oigan la voz de quienes tienen dos años y medio de tomar agua contaminada”, añadió Arguedas.
Tras la breve manifestación, los afectados por la actividad piñera salieron en busca de la Comisión hacia la zona de Río Jiménez, en Guácimo; pero tampoco hallaron ahí a los inspectores.
El último día de la visita un grupo de pequeños ganaderos y representantes de organizaciones ambientalistas, ubicaron a la comisión europea en las oficinas del Servicio Fitosanitario en Barreal de Heredia.
Gabriela Cuadrado, abogada del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) e integrante de FRENASAPP, aseguró a UNIVERSIDAD que tuvieron que conversar con los europeos “sin permiso” de las autoridades de MAG.
Los representantes de DG-SANCO les indicaron que su labor en el país era determinar si había más presencia de agroquímicos en las frutas y verduras que se exportan a Europa, pero que remitirían los documentos entregados a las organizaciones correspondientes.
“Nosotros les indicamos que podíamos entender su trabajo acá, pero que es necesario que la Unión Europea realice una investigación más integral. Ellos no están preocupados por la presencia de los químicos en el suelo o el agua que toma la gente; pero creemos que sí debería importarles lo que sucede”, afirmó Cuadrado.
Según la activista, la directora del SEFITO, Ana Gabriela Zúñiga, trató de impedir que los europeos escucharan las denuncias; pero los visitantes mantuvieron el interés por la problemática que se les estaban exponiendo.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de Ana Gabriela Zúñiga, pero al cierre de esta edición no fue posible ubicarla en su oficina, ni por medio del departamento de prensa.
Entre los documentos citados, estaban varios análisis de aguas y suelos realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) en zonas cercanas a las piñeras; denuncias penales de organizaciones contra algunas fincas productoras, fotografías de los incumplimientos y la deforestación en algunas zonas y testimonios de las comunidades afectadas.
Cuadrado reclamó el hecho de que el MAG solo permitiera que los productores entregaran su versión a los inspectores, mientras comunidades que no pueden tomar agua potable desde hace dos años y medio, debieron “perseguirlos” para exponer sus problemas.

TODO SIGUE IGUAL

UNIVERSIDAD conversó con los representantes de algunas poblaciones para consultarles sobre sus conflictos con las piñeras, los cuales hemos difundido en ediciones anteriores.
Álvaro Álvarez, ganadero de San Carlos, afirmó que el problema con la producción mosca paletera en las fincas piñeras sigue igual, sin que logren que el MAG o el Servicio Nacional de Seguridad Animal (SENASA) hagan cumplir la normativa en este punto.
De acuerdo con Álvarez, aún se trabaja en la redacción de la demanda que presentará la Cámara de Ganaderos de San Carlos contra el Estado, por no mantener a raya a las piñeras en el daño que causa la mosca.
Víctor Guzmán, ganadero de Cartagena de Guácimo, aseguró que ya ha perdido siete vacas y tres terneros que murieron acosados por las moscas salidas de una piñera colindante con su propiedad.
“No se puede ni ordeñar a las pobres vacas, porque no aguantan las moscas. Tengo un perro que ya tiene pelada media oreja y las moscas no lo dejan en paz, voy a tener que regalarlo. Es una situación lamentable, porque cada día me empobrezco más, mientras la empresa aumenta sus ganancias”, afirmó Guzmán.
Aunque padece de cáncer en los huesos, Guzmán ha tenido que ir a pedirle a la compañía piñera que le dé los plásticos y la sustancia para hacer las trampas que atrapan moscas; y colocarlas él en su propiedad para dar alivio a sus animales.
Xinia Briceño, quien preside el acueducto de Milano de Siquirres, donde la comunidad aún debe beber agua transportada por cisternas, aseguró que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) ya les presentó los planos para el proyecto del nuevo acueducto.
“Tiene un costo de ¢182 millones; y en el AYA dicen que la plata está, pero que nosotros tenemos que tramitar los permisos y para eso se requiere una plata que no tenemos. El IMAS nos ha ofrecido comprar el terreno de la naciente; pero igual, sin dinero para los permisos, nada podemos hacer”, afirmó Briceño.
Martín Chavarría, ganadero de Villafranca de Guácimo, fue quien denunció a la finca Sebastopol, la cual fue cerrada por el SENASA durante tres días. Pero tras el breve castigo, Chavarría afirma que la empresa cumple “a medias” con las indicaciones de las autoridades, y sigue generando mosca.
“Han corregido a medias lo que se les ordenó. Colocan las trampas con un nuevo producto que casi no atrapa las moscas; y la forma en que tratan el restrojo de la piña, aún produce insectos”, denunció Chavarría.

 

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