Concesión de puertos y otras decisiones: Piden participación de sociedad civil de Limón

La Asociación Cívica Pococí, de reciente creación, manifestó preocupación por el “sesgo” en la discusión que se ha dado en torno al proyecto de

Asociación Cívica creada en Pococí busca atraer apoyo de los otros cantones de la provincia para dar lucha conjunta.

La Asociación Cívica Pococí, de reciente creación, manifestó preocupación por el “sesgo” en la discusión que se ha dado en torno al proyecto de concesión de los muelles de Limón y otros proyectos de interés para la provincia, y sobre los cuales no ha sido tomada en cuenta la opinión de los habitantes.

 “Como ciudadanos responsables nos preocupa de sobremanera la discusión sesgada que se mantiene en nuestra región en lo referente al proyecto Limón Ciudad Puerto y una eventual concesión de los muelles de Limón. Consideramos que el tema no es un asunto de patrono y obreros, de sindicato y Gobierno. El tema es, nada más y nada menos, que el futuro de toda nuestra región…”, señaló la Asociación con sede en Guápiles, cabecera del cantón de Pococí, en un comunicado dirigido al Gobierno y al pueblo limonense.

Entre otros puntos advierte que “Limón Ciudad Puerto es un proyecto del cual mucho se ha hablado y es insuficiente para las necesidades de hoy. Pero lo más grave es que el Gobierno pretenda canjear esa propuesta de desarrollo por la concesión de los muelles de nuestra región, sin tomar en cuenta a la sociedad civil. Los dos actores responsables directos que tienen los puertos en las condiciones que están son los que están negociando, y nos preguntamos ¿y el pueblo qué? ¿Y los ciudadanos de esta provincia qué?”.

Concluye que, en aras de encontrar mejores rumbos que conduzcan a todos a un destino mejor, le ruegan al Gobierno tomar en cuenta a la sociedad civil para atender los problemas en forma conjunta.  Este llamado se suma al realizado en el mismo sentido por un encuentro de organizaciones sociales el pasado 30 de mayo en la ciudad de Limón, a fin de analizar la problemática social, económica, laboral, ambiental y de salud  de la provincia.

 “Los gobiernos y el Estado costarricense vienen ejecutando políticas que favorecen inversiones privadas cuyo único objetivo es la explotación de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y los conocimientos de los pueblos indígenas, afrocostarricenses y otros grupos.  Esto se hace sin consulta previa ni su consentimiento, especialmente en lo que concierne a la integridad de sus territorios, sus derechos, su patrimonio y sus valores culturales”, dijeron los participantes en un pronunciamiento titulado “Otro Limón es posible y necesario”.

Según Liroy Pérez, secretario de prensa de Sintrajap (Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Japdeva), ellos siempre han reconocido que las organizaciones sociales y civiles de Limón deberían tener la posibilidad de pronunciarse. Sin embargo, también hay que tener en cuenta –añadió- que el Gobierno tiene los recursos para hacer toda una campaña mediática a favor de la concesión de los puertos que promueve, “y es muy difícil para nosotros poderle aclarar a todo el mundo las cosas, porque no hay igualdad de condiciones. Eso seria burro amarrado contra tigre suelto.”

El sindicato mantiene su oposición a la concesión de los puertos de JAPDEVA y resiste a la presión del Gobierno para que el personal acepte una oferta económica a cambio de aprobar la privatización, aseguró. A la vez, el sindicato presentó 14 objeciones al cartel de licitación para la construcción de un nuevo puerto en Moín, que fueron aceptadas parcialmente por la Contraloría General de la República (CGR), la cual planteó a su vez 52 objeciones al cartel (ver recuadro: “Traspié en la licitación”).

 “En este momento que se habla de la concesión de los puertos nosotros no estamos ni a favor ni en contra de los sindicatos, ni a favor ni en contra del Gobierno, pero sí creemos que es injusto que solo esos dos actores, responsables directos de lo que se ha dado, sean los que estén hablando de la situación portuaria y que la sociedad civil no haya sido tomada en cuenta”, expresó el abogado Wilberth Picado, miembro de la Asociación Cívica Pococí.

La Asociación está integrada por líderes que en el pasado mantuvieron luchas por la comunidad, y ahora se han reagrupado para promover soluciones no solo para el cantón sino para toda la provincia, explicó Picado.

La Asociación está ofreciendo asesoría a las comunidades de la provincia para integrar asociaciones cívicas.  Una vez constituidas, empezarían a trabajar en los proyectos de cada cantón, y a ver entre todos cuales son prioritarios para incorporarlos en un plan regional, dijo Edén Gamboa, secretario.

“No queremos establecer ninguna pugna política, lo que queremos es colaborar.  Para eso fuimos a conversar con las municipalidades y llevar proyectos que ayuden a desarrollar la provincia y los cantones.”

 “Les decimos a los alcaldes y los concejos municipales que se dejen de tanta politiquería y se pongan a trabajar en serio, que nosotros les vamos a ayudar mediante la organización para ver la forma de atraer recursos que son generados por nuestros mismos cantones. Queremos que todos esos recursos sean manejados por las municipalidades, pero nosotros vamos a estar encima de ellos vigilando para ayudarles a formular los proyectos y sacarlos adelante”, explicó Gamboa.

Pese a una intensa actividad económica y a que por los puertos de Limón pasa el 80% de las exportaciones y las importaciones del país, esta provincia, junto a la de Guanacaste, tiene los peores  niveles de desempleo y pobreza del país.  Sus cantones figuran entre los últimos lugares en los índices de desarrollo humano, económico y social.

Eliécer Blanco, otro integrante de la Asociación, consideró que en estos momentos lo más importante es participar en la discusión de la privatización de los puertos. “Es el momento oportuno para presentarnos y decir que esa negociación debe ser entre el Gobierno y la población civil”, dijo. Otro punto importante a su criterio es la creación de un impuesto a la piña exportada, uno de los proyectos que está planteando la Asociación. Dicho impuesto iría a un fondo de las municipalidades, y serviría para que las transnacionales de la piña contribuyan a remediar, por lo menos en parte, el daño ambiental causado con las plantaciones de la fruta en la región, puntualizó.

Picado advierte que los problemas de Limón no se centran solo en los puertos, sino también en otros proyectos de mucho dinero que están botados como el ferrocarril, el aeropuerto de Limón Centro, el aeropuerto de Colorado (en el norte cerca de la frontera con Nicaragua) que fue construido pero no se está utilizando. Lamentó que el Gobierno dirija toda la promoción turística al Pacífico, mientras que la promoción turística de la región atlántica es deficiente y la inversión para desarrollar el turismo muy baja. Por ejemplo, en este momento no se puede llegar a Colorado, aunque es una zona de gran belleza y potencial turístico, indicó.

 “Tenemos ríos, montañas, playas, puertos, escenarios de lo mejor, lo que nos falta son oportunidades.  Si nos permitieran ser partícipes del desarrollo de la región, creemos que eso lo podemos lograr. Hay que hacer conciencia en la provincia de que este es un momento coyuntural importante para luchar por lo que es nuestro”, insistió.

PROGRAMA

Entre los objetivos regionales planteados por la Asociación está el exigir al Gobierno el mejoramiento de la carretera San José Limón (Ruta 32), que ha venido siendo pagada por los usuarios desde hace muchos años, pero no se le da el mantenimiento debido. Otras propuestas son la creación del impuesto a la piña exportada y que un quebrador y un tajo que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) tiene abandonados desde hace años en Siquirres, pase a manos de las municipalidades. Serviría para producir agregados destinados a la construcción de caminos en toda la provincia.

Pero el tema más importante, según Picado, es la discusión en torno a la privatización de los puertos, así como los $80 millones que se acaban de aprobar para el Proyecto Limón Ciudad-Puerto. Los anuncios del Gobierno por televisión dicen que ese proyecto fortalece a Limón pero “no es cierto”, porque Limón no es solo el puerto, sino los seis cantones que componen la provincia. “No nos oponemos a que le hayan dado a Limón $80 millones, en buena hora porque Limón los necesita. Pero es que aquí hay un asunto de equidad, y esta es una provincia que por igual tiene problemas”, aclaró.

En cuanto a si los puertos actuales deben seguir en manos de JAPDEVA o si se deben dar en concesión, dijo que como asociación no se meten a opinar en eso, pero sí creen importante que se puedan crear nuevos puertos y que haya competencia. “Debe haber apertura y competencia, por eso creemos que si los sindicalistas creen que ellos pueden competir (modernizando los puertos de JAPDEVA) sin las prebendas que le cuestan millones al Estado, pues que lo hagan en igualdad de condiciones y demuestren que tienen la capacidad y la experiencia”, comentó Picado.


Traspié en la licitación

Guillermo Matamoros, viceministro de Concesiones, dijo que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) está valorando las objeciones hechas por la CGR y pedirá algunas aclaraciones a esa entidad para ver los alcances y si hay que hacer correcciones al cartel.

La CGR emitió dos resoluciones, una sobre objeciones hechas por SINTRAJAP y por ATM Terminals (empresa holandesa interesada en el puerto), y otra sobre el contenido del cartel. Esta es la primera vez que se objeta un cartel de licitación de obra pública, y de acuerdo con el análisis que se haga se podría estar introduciendo modificaciones, lo que redundará en que se logre un cartel mejor acabado, comentó el funcionario.

El Gobierno, a través del CNC, sacó a licitación pública la construcción de un nuevo puerto para contenedores en Moín, de 1.500 metros de longitud, cuyo costo estimado es de $812 millones

Esta es la llamada etapa 2 y 3 del plan maestro portuario, y quedó pendiente la etapa 1, que es la concesión de los actuales muelles de JAPDEVA. El Gobierno espera lograr un acuerdo con el sindicato para que acepte la concesión y en mayo elevó a $137 millones la indemnización de $80 millones que había ofrecido a los trabajadores para que acepten la concesión, y fijó un nuevo plazo al 21 de agosto para negociar. Los líderes del sindicato rechazan la oferta, y exigen que se autorice a JAPDEVA a invertir $80 millones en la modernización de los puertos.

Liroy Pérez aseguró que SINTRAJAP mantiene su resistencia a la oferta y a los intentos del Gobierno de minar las bases del sindicato para que la acepten. Recordó que el Poder Ejecutivo ha venido corriendo los plazos dados al sindicato para negociar. Primero dijo que era en octubre, luego que en noviembre, febrero y mayo. Ahora habla del 21 de agosto, pero ante las objeciones que obligan a corregir el cartel de licitación probablemente se alargue, consideró.

El sindicato adquirió el cartel para participar en el proceso y darle seguimiento. Entre las objeciones que presentó ante la CGR había aspectos básicos como que el cartel dice que el concesionario va a tener que aportar el 15% de los ingresos al desarrollo social de Limón. Pero eso lo hace JAPDEVA por su propia ley y por una resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), mientras que un concesionario privado no estaría obligado por esa resolución y no hay garantía de que lo haga, comentó Pérez.

Lo relacionado con el pago de ese canon de desarrollo también fue cuestionado por la empresa APM Terminals. La firma alegó que dicho canon violenta la Ley de Concesión de Obra Pública que solo autoriza el cobro de un 5% como máximo por la explotación de la concesión. Y en efecto, la CGR resolvió que la Administración no podría requerir de manera obligatoria a los oferentes un porcentaje mayor al dispuesto en la Ley.

Para que la licitación pueda seguir adelante tendría que haber por lo menos un oferente, y que no se ve a nadie realmente interesado, afirmó Pérez. “Pienso que se va a derrumbar el castillo de naipes que ha levantado el Gobierno con respecto a esta concesión”, porque a los empresarios no les interesa invertir en un nuevo puerto, sino que lo que andan es detrás de la concesión de los actuales puertos de JAPDEVA, que es donde está el negocio de la carga.

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