Nueve expedientes de concesiones de minería a “cielo abierto” en el país siguen con vida en la Dirección de Geología y Minas, los cuales podrían volver a solicitar permisos de explotación y exploración para continuar con sus trabajos.

La posibilidad de que alguna de las empresas concesionarias reinicie dichas labores, se debe a que el decreto de moratoria firmado por la presidenta Laura Chinchilla el 8 de mayo del 2010 y las reformas al Código de Minería no aplican para estos proyectos, ya que los permisos se otorgaron años atrás, y las leyes en el país no son retroactivas.

Dentro de estos expedientes, se encuentra el 2594 de Industrias Infinito, compañía que pretende explotar la mina en Crucitas, San Carlos, y que interpuso un recurso de casación debido al  pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo que ordenaba anular la concesión. De acuerdo con la Dirección de Geología y Minas, este expediente se encuentra “en conflicto judicial”.

Igualmente, dentro de las concesiones de oro está la de Ríos Minerales, que a finales del año pasado presentó un plan conceptual a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para volver a extraer oro en la Mina Bellavista (ver en edición del 23 de febrero  “Empresa canadiense pretende reactivar la fallida mina Bellavista” – http://163.178.170.36/index.php/noticias/pais/3404-2011-02-23-12-20-34.html-)

VIEJA MINERÍA ¿LA NUEVA MINERÍA?

Francisco Castro, director general de Geología y Minas, explicó que esas concesiones antes del decreto del 8 de mayo y la reforma a la ley 8904 en febrero, estaban ya otorgadas, pero que eso no significa que no se puedan cancelar, puesto que puede incumplir algunas obligaciones.

“La misma ley lo dice: quedan a salvo los proyectos con concesiones adquiridas y con anterioridad a su entrada en vigencia. Antojadizamente no podemos decir que los vamos a archivar, porque tienen derechos adquiridos”.

Recordó que ya se ha archivado gran cantidad de expedientes, como el de la mina Beta Vargas (una de las mencionadas en la lucha contra Crucitas, ya que también era de cielo abierto).

Sobre el caso de la polémica mina en el cantón sancarleño, comentó que es una concesión que legalmente está otorgada y vigente. Agregó que en general, aunque no se esté trabajando en el terreno concesionado, el permiso perdura.

Señaló que las mismas leyes facultan a las personas concesionarias en casos muy calificados, a solicitar la suspensión de labores.

No obstante, aclaró que la SETENA es la que otorga la viabilidad ambiental, y una vez que se hace, se formaliza la solicitud de explotación.

“En la actividad minera se tiene que ir evaluando el área, se tiene que ir muestreando eso todo el tiempo por los costos de operación. Exploro mi yacimiento; en una concesión minera la exploración es algo de todos los días, y teniendo la concesión sí se puede hacer”, indicó.

Acotó que ante esa Dirección son concesiones otorgadas, pero suspendidas por razones de índole técnica. En caso de pretender reiniciar los trabajos de explotación como en Bellavista, deben efectuar procesos de permisos en diferentes instancias además de la SETENA, como los ministerios de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y el de Agricultura y Ganadería, así como la municipalidad, si hay cauces en vía pública. “Esas mismas instituciones le pueden poner una serie de limitantes al proyecto”, agregó.

Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, del grupo Llamado Urgente por el País, aseguró que sí puede haber explotación de metales, porque el decreto de moratoria se refiere a proyectos futuros, y los anteriores se siguen respetando.

Ante la consulta de cuál sería una forma de detener a estas empresas en caso de que deseen continuar con la extracción de oro y que se les den los permisos respectivos, aseveró que sería presentando recursos contenciosos administrativos para que se anulen.

“Nuestra misma Constitución dice que las leyes no tendrán efecto retroactivo; es un principio del derecho. Se tendría que interponer un recurso contencioso por cada concesión. Se puede buscar la nulidad si se alegan daños ambientales o contaminación, y se podrían decretar medidas cautelares de protección, tal y como sucede con Crucitas”, afirmó.

Enfatizó que durante el debate legislativo para cambiar el Código de Minería no hubo ningún error, debido a que las concesiones ya dadas no se podían eliminar.

PELIGROS

La ingeniera forestal Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar, comentó que decir que Crucitas sería la última mina, es una utopía.

Hizo ver que si al actual gobierno le interesara cerrar los espacios para la minería metálica a cielo abierto, harían un diagnóstico sobre las concesiones y permisos de exploración vigentes y aplicarían los procedimientos adecuados para la cancelación de los que tuvieran  procedimientos irregulares o incumplimiento de compromisos.

Aseguró que las reformas hechas meses atrás, se impulsaron sin tener un diagnóstico sobre la situación de la minería en el país, lo cual habría cerrado algunas posibilidades definitivamente.

“La reforma se concentró en el supuesto beneficio para los mineros artesanales y en la protección de Crucitas si se lograba la cancelación de la concesión, como en efecto ocurrió. La minería artesanal está rodeada de peligros, fraudes, abusos, explotación y deterioro ambiental, y las reformas no se refieren a estos puntos”.

A su parecer, para el país es peligroso seguir apostando por la minería y en el ámbito internacional seguirá perdiendo credibilidad ambiental y poniendo en evidencia los dobles discursos que ha venido sosteniendo de “paz con la naturaleza”.

Otro peligro que ve es el enfrentamiento del Estado con empresas de origen canadiense, debido al tratado de libre comercio firmado con la nación norteamericana, y que podría resultar en el pago de indemnizaciones millonarias.

Igualmente, la ambientalista Astrid Sánchez expuso que algunas de las últimas acciones gubernamentales relacionadas con la actividad minera en el país -como la declaratoria de moratoria-, trataron de enmendar una serie de irregularidades, como el decreto de conveniencia nacional firmado por el exmandatario Óscar Arias.

“Tomando en cuenta que los diputados tienen la obligación de crear o reformar leyes según las necesidades actuales y que no pueden tener un carácter retroactivo, la reciente reforma al Código de Minería es un logro para el país, que cierra las puertas a concesiones mineras que están en trámite, así como a proyectos que se encuentren gestionando sus permisos de exploración en la actualidad”.

La bióloga marina detalló que si bien puede ser que Crucitas no sea la última mina, la articulación de fuerzas acumuladas en ese proceso y las modificaciones a la legislación dejan a esos grupos un escalón arriba en la lucha.

Expedientes mineros*

Estos son los nueve expedientes de concesiones de oro que se encuentran vigentes, y que podrían realizar un proceso para retomar labores de explotación y extracción de este metal:

Mina Bellavista

Expediente: 21A.

Ubicación: Miramar, Puntarenas.

Empresa concesionaria: Ríos Minerales S.A.

Mina Crucitas

Expediente: 2594 (en conflicto judicial).

Ubicación: San Carlos, Alajuela.

Empresa concesionaria: Industrias Infinito S.A.

Mina La Unión

Expediente: 371.

Ubicación: La Unión, Puntarenas.

Empresa concesionaria: Minera Mimosa S.A.

Mina Auro Marga

Expediente: 2671

Ubicación: La Unión-Las Micas, Alajuela

Empresa concesionaria: Auro Marga S.A.

Mina Chassoul

Expediente: 2141.

Ubicación: San Ramón, Alajuela.

Empresa concesionaria: Los Maizoles S.A.

Mina Moncada

Expediente: 770.

Ubicación: San Ramón, Alajuela.

Empresa concesionaria: Minas Moncada S.A.

Mina Tres Hermanos

Expediente: 96.

Ubicación: Abangares, Guanacaste.

Empresa concesionaria: Compañía Minera de Guanacaste S.A.

Mina El Recio

Expediente: 878.

Ubicación: Abangares, Guanacaste.

Empresa concesionaria: El Recio S.A.

Mina de la Asociación Nacional de Mineros

Expediente: 2094.

Ubicación: Abangares, Guanacaste.

Empresa concesionaria: Asociación Nacional de Mineros S.A.

*Fuente: Dirección de Geología y Minas.