Constituyente de los Arias sería para tener un control absoluto del Estado

La convocatoria a una asamblea nacional constituyente que en días pasados planteó el gobierno del mandatario Óscar Arias Sánchez –por medio de su hermano

José Miguel Corrales

José Miguel Corrales (Foto: Katya Alvarado).

Una constituyente serviría para que el país defina el modelo de Estado que desea, asegura el exdiputado José Miguel Corrales.

La convocatoria a una asamblea nacional constituyente que en días pasados planteó el gobierno del mandatario Óscar Arias Sánchez –por medio de su hermano y Ministro de la Presidencia, Rodrigo-, lo que buscaría es eliminar los controles del Estado a las actividades empresariales y de paso desviar la atención por la mala imagen de que goza el gobernante en la actualidad, afirmó el tres veces exdiputado José Miguel Corrales Bolaños.

Para el abogado constitucionalista y exmilitante del Partido Liberación Nacional, la razón de ingobernabilidad dada por Rodrigo Arias para justificar la propuesta de una constituyente (véase diario La Nación del 01-12-08) no tiene validez y más bien la intención es consolidar la concepción que tienen del Estado como sociedad anónima, en donde los órganos estatales de control les estorban a los grupos de poder económico.

A continuación se ofrece un resumen de la entrevista hecha a Corrales el pasado 8 de enero en su bufete.

Usted desde hace mucho tiempo ha planteado sin éxito proyectos de ley para convocar a una asamblea nacional constituyente. ¿Comparte la idea planteada recientemente por el Gobierno para convocarla?
Por supuesto que no, porque para hablar en los términos que al régimen de los Arias les gusta –es decir, los financieros, pues ven el gobierno como una sociedad anónima  para hacer negocios-, lo que quieren hacer es controlar  la mayoría de las acciones de esa sociedad anónima y así controlarla. ¿Y por qué hago una afirmación que podría resultar en su momento exagerada? Por una razón muy sencilla y aquí hay que ver lo que dice don Rodrigo Arias: con las reformas que se dieron con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se necesita un Estado que ejecute, un Estado cuya ingobernabilidad termine.

Ellos entienden que ingobernabilidad es tener una Contraloría General de la República que les dice: miren, tienen que dar informes. Ingobernabilidad para ellos es lo que pasa en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ellos quieren el control absoluto por parte del gobierno y por supuesto que en eso no estoy de acuerdo, porque la constituyente es otra cosa. Lo primero que debemos hacer es definir el modelo social que queremos, porque dependiendo del modelo de sociedad que queremos, la parte filosófica o ideológica de la constitución así lo va a definir. Si se quiere una sociedad opulenta y egoísta, esta parte de la constitución le va a definir esas cosas. Si por el contrario se quiere una sociedad solidaria, justa, y donde el ser humano sea el eje de toda actividad, esta parte de la constitución tiene que ser distinta. Esta es la primera parte de la constitución.

La segunda parte es lo que podríamos llamar lo orgánico. ¿Conviene que sigamos teniendo una democracia imperial, con una presidencia muy fuerte, de donde todo sale y entra? Creo que el país en el siglo XXI debe discutir seriamente el modelo de sociedad con que quiere vivir y así consignarlo en la constitución. ¿Parlamentarismo? Siento que llegó el momento de discutirlo y el país tiene una gran cultura cívica: la madurez de la población costarricense en el campo cívico-electoral es verdaderamente sorprendente. Entonces, creo que esto es condición sine qua non, para que se viva un sistema parlamentario. Dejamos entonces el presidencialismo por el parlamentarismo, en donde evidentemente un buen gobierno dura tanto como se desempeñe bien, y uno malo se quita cuando sea malo.

Un poder judicial participativo: llegó el momento de pensar más en la justicia que en el derecho. Los jueces actuales son jueces de derecho; ellos dicen: tengo que resolver de acuerdo con las pruebas, aunque la realidad diga otra cosa. Un sistema de jurados puede resolver temas que hoy resultarían inconcebibles, porque resuelven más basados en la justicia que en el derecho, aunque siempre orientados por los principios del derecho.

¿Cree usted que esta propuesta del Gobierno la hizo en un momento oportuno?
Es totalmente inoportuna. Como lo dije antes, ellos ven el gobierno como una sociedad anónima que quieren controlar y quieren con ello a su grupo con pensamiento neoliberal, tendencia que -por la crisis actual- hemos visto que falló y por lo tanto ese sistema se acabó. Sin embargo, en Costa Rica todo nos llega siempre tarde, y vemos que mientras en otros países el péndulo ya viene hacia el Estado social de derecho, aquí apenas emerge un Estado neoliberal. Quieren un Estado que esté acorde con los intereses del neoliberalismo centroamericano y por eso Costa Rica es hoy la capital de esta tendencia. Los grupos de poder económico extraordinariamente fuerte buscan el poder político para ajustarlo a sus intereses. Por otro lado, quieren desviar la atención del pueblo costarricense, donde el criterio sobre el Gobierno es tan negativo, que quieren quitar los ojos que tienen sobre el gobernante, para ponerlos en la constituyente, y así desviar la atención de los desaciertos cometidos.

A partir de la supuesta ingobernalidad del país que usted menciona, entonces ¿esto no sería una razón de peso para convocar a constituyente?
No. Jamás. Por es que digo: ¿cuál es la ingobernabilidad, que la Contraloría les dice que son dineros públicos y tienen que rendir informes, que tienen que decir qué pasa con las platas del BCIE, de los bonos chinos, de lo que está pasando en Las Crucitas? Esto no es ingobernabilidad, sino el Estado de derecho que debemos respetar. ¿Por qué no definieron qué es la ingobernabilidad? Si por ésta entendieran que en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley duran siglos, entonces muchísimo más eficientes son las dictaduras…, que es a lo que ha aspirado el presidente Arias. Él dice: yo quiero una dictadura en democracia, lo cual es una definición totalmente antitética. Es lo que ellos quieren. El Parlamento no es una fábrica de hacer leyes; allí se discuten las cosas, y se hace para que el electorado sepa qué está pasando.

El Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias expresó a La Nación su deseo de gestionar esta asamblea constituyente, pero después su hermano y mandatario –Óscar Arias- dijo que él prefería reformas parciales. ¿Le parece que hubo descoordinación entre ellos a la hora de referirse al tema?
No, eso está perfectamente coordinado. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta de la reacción negativa del pueblo, el Presidente quedó como el policía bueno, no así su hermano. Por cierto, cuando yo presenté el tercer proyecto de convocatoria a una asamblea nacional constituyente, don Rodrigo Arias dijo: “Corrales está totalmente pasado de moda, ¿para qué convocar a una constituyente?“ Días después él plantea esta convocatoria; esto muestra que todo es del color del cristal con que se mira. Evidentemente el ministro Arias no va a decir cosas como estas, sin que esté de acuerdo el Presidente, y tan de acuerdo está, que esperan a que esté fuera del país, para que los periodistas no lo asedien el mismo día cuando se publicó la noticia. Esto les da tiempo para ver qué reacción hay y así saber si continuar o no con la idea.

¿Tiene el Gobierno poder de convocatoria para una constituyente?
¡Cero! Me parece que solo cuenta con el apoyo del gran capital centroamericano. Con el apoyo del pueblo jamás va a contar.

¿Cuándo estima usted que sería oportuno gestionar una nueva convocatoria?
Quiero confesar que tenía un proyecto de ley listo para ser convocado por medio de un referendo y que dependía de quién triunfara en el referendo del TLC. Lo iba a presentar si ganaba el no, pues el pueblo habría definido con toda claridad qué era lo que quería en las urnas electorales: una sociedad justa, solidaria, en donde el eje de toda actividad del Estado fuera el ser humano y no solo la actividad económica.

Esto no fue posible y ahora tengo listas unas reformas electorales –que serán presentadas oportunamente-, las cuales incluyen la revocatoria del poder del presidente, los diputados, los regidores y los alcaldes. ¿Por qué razón si el pueblo elige a alguien, no va a tener también el de revocarle el nombramiento? Esto se haría por medio de un referendo. Alguien preguntará: ¿y por qué no se había hecho antes? Bueno, porque no existía la figura del referendo. Otra reforma sería crear un consejo para cuidar la pureza del voto. Nosotros no podemos seguir con una profunda desconfianza en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para las elecciones. En 1998, el presidente del TSE –Rafael Villegas – dijo que en las elecciones de ese año hubo fraude. En el 2006 hubo más de 700 mesas sindicadas como con presunto fraude. Durante el referendo del TLC el TSE autorizó al Presidente y a sus ministros a participar activamente, e incluso lo hizo el embajador de Estados Unidos; con todo esto ¿quién puede tener confianza en el TSE?

Tomando en cuenta la coyuntura actual, ¿qué sería más viable, continuar con reformas parciales a la Constitución, o convocar a una asamblea nacional?
Los que hemos estado en la Asamblea Legislativa, sabemos que las reformas parciales son difíciles de aprobar y que tengan además el contenido requerido, pues son muy pocos los diputados que estudian los proyectos y saben lo que votan. Es muy diferente si un grupo de personas se dedica exclusivamente a estudiar la constitución y no se distrae en otras cosas, ni está sujeto a presiones o eventuales prebendas. Me parece totalmente inoportuno que al régimen de los Arias se le ocurra  convocar a una constituyente, para dejarle la responsabilidad al gobierno entrante de su trámite.

Cuál sería la forma más conveniente de convocar a la constituyente: mediante acuerdo con los partidos políticos; por medio de una  convocatoria de la Asamblea Legislativa; o realizar un referendo nacional?
Teniendo hoy nosotros el instrumento del referendo y si se hace con poder originario con capacidad para resolver, no me cabe la menor duda de que debería hacerse por referendo. En cuanto a una convocatoria a cargo de los partidos políticos, estos tienen dueño y entonces los constituyentes harían lo que estas personas quieren. Esto no quiere decir que no vayan a participar, sino que no tendrían el monopolio de escogencia.

Se puede garantizar en una asamblea constituyente que los derechos fundamentales no serán afectados?
No me imagino una reforma en la que personas vayan a afectar derechos fundamentales adquiridos. Curiosamente en el tema de la convocatoria a una constituyente los extremos se unen. La ultraderecha no quiere que se convoque a esta asamblea y tampoco la ultraizquierda. Entonces ¿qué va a pasar? Si no hacemos la convocatoria a una constituyente en paz y sin divisiones, al tiempo va a venir, y ojalá no sea por la violencia.

¿Deben ser las reformas al Poder Legislativo la idea central en una constituyente, como pareciera interesarle al Gobierno?
Ellos lo centran en el Legislativo porque quieren que esos controles se les eliminen. Quieren que los proyectos de ley tengan un plazo determinado para ser aprobados; es decir, que los plazos de tramitación sean reglados.

¿Cuál plazo sería el adecuado para que sea redactada la nueva constitución?
Me parece que con la experiencia en otras, un lapso de un año sería razonable, máxime si la convocatoria viene de un referendo.

¿Cuáles temas deberían servir como ejes a una eventual asamblea constituyente?
Los deberes y derechos individuales y sociales; debería enriquecerse esta parte ideológica con el tema de las garantías ambientales, pues si no hay leyes que regulen esta materia, se nos a ir de las manos. En la parte orgánica, me parece que se debe revisar. En el Poder Ejecutivo deberíamos tener parlamentarismo y dejar de lado el presidencialismo.
En el poder judicial deberíamos buscar la participación popular por medio de jurados o por lo menos de jurados mixtos. El TSE hay que revisarlo enormemente. Yo acusé al Estado por violación de los derechos políticos a propósito del TLC y por la violaciones que cometió el TSE. La acusación también era porque el Estado costarricense no tiene doble instancia en materia electoral; al TSE hay que buscarle funciones, porque no es justo que trabajen una vez cada cuatro años cuando hay elecciones,

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