Pese a que el argumento mayor de la administración de Laura Chinchilla Miranda para la construcción de la denominada trocha fronteriza ha sido el tema de la soberanía y seguridad nacional, sectores ambientalistas y diputados de oposición difieren de este, al considerar que la construcción de una carretera en la zona colindante con Nicaragua podría favorecer a grandes empresas, entre las que se destaca la transnacional Mallon Oil, que fue adjudicada en el año 2000 con 9497.15 kilómetros cuadrados para la exploración y posible explotación de gas natural y petróleo en cantones fronterizos con Nicaragua.

Mallon Oil espera la resolución de diferentes procesos judiciales, así como recursos interpuestos ante la Sala Constitucional, que vislumbrarían en el futuro un posible contrato entre el Estado y la hasta ahora concesionaria.

Sin embargo, el diputado del Partido Acción Ciudadana Juan Carlos Mendoza expresó que existen argumentos de peso para determinar -mediante una investigación- la creciente especulación de la tierra en estas comunidades.

Para el legislador, “llama la atención que en las zonas donde se planificó la concesión para la exploración y explotación de petróleo, en la zona norte, exista una creciente concentración de la tierra y que se dé al mismo tiempo la construcción de la trocha, que podría eventualmente funcionar como una salida para un oleoducto en caso de darse el proyecto”.

A su parecer, “cercano a una ruta nacional es más sencillo desarrollar la infraestructura necesaria, en caso de que se dé algún nivel de explotación petrolera; es un elemento de infraestructura que permite otros desarrollos y por eso vale la pena investigar si existe alguna intencionalidad de que esta ruta pueda tener de forma agregada infraestructura para la explotación petrolera”.

Mientras tanto, el legislador del partido Frente Amplio, José María Villalta, concuerda con Mendoza en cuanto a la reciente acumulación de tierras por parte de grandes empresarios, que han visto cómo el valor de sus terrenos se incrementa al estar cerca de la ruta nacional 1856.

Villalta aseguró que es muy difícil ligar la concesión de la empresa Mallon Oil con el desarrollo de esta obra de infraestructura. “Como la concesión de Mallon Oil estaba desde mucho antes, no podría decir que hay un vínculo entre la concesión petrolera y la trocha; lo que  sí está claro es que esos terrenos de esa franja fronteriza -donde se construye la ruta- están siendo adquiridos por empresas poderosas, vinculadas a los políticos tradicionales”.

Dijo que al no conocerse en este momento los puntos donde Mallon Oil podría explorar, es difícil determinar si será beneficiada con la ruta construida por la administración Chinchilla cerca de la frontera norte.

Por su parte, el integrante del programa de Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Álvarez, afirmó que la apertura de una ruta en la zona no es un condicionamiento clave para el desarrollo del proyecto de explotación de gas en la zona norte.

A su parecer, en esta carretera existe un interés de  grupos específicos por el desarrollo de la región. “Estos, aunque no ganaron económicamente con las licitaciones que se pagaron para la construcción de la trocha, ahora ganan por la acumulación de tierras y con el hecho de que con la calle sus terrenos subieron de precio”.

Por otro lado, para el presidente de la Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar, la administración Chinchilla debe ser clara en no permitir que se piense que esta obra está  en función de otros intereses. “No voy a decir que la Mallon y el Gobierno están en contubernio para efectos de utilizar la trocha para la extracción de gas, pero desgraciadamente la claridad de lo que va a suceder a futuro no existe y las áreas concuerdan; entonces, la posibilidad está abierta para que esa infraestructura sea aprovechada para efectos de promover la exploración de gas natural”.

Claudio Monge, diputado:

“La trocha es para sacar petróleo”

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, relaciona la construcción de la trocha fronteriza con el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en la zona norte.

Según el legislador, la vinculación de figuras políticas presentes en la administración de José María Figueres Olsen (1994-1998) y el momento en que se reforma el reglamento a la Ley de Hidrocarburos que permitió dar en concesión 26 bloques en todo el país,  genera sospechas; a esto le suma la manera en que el gobierno de Laura Chinchilla Miranda manejó  la situación durante el conflicto con Nicaragua, y la ahora construcción de un canal seco fronterizo. A continuación un extracto de la entrevista que Monge Pereira brindó a UNIVERSIDAD.

¿Cuál es el objetivo de la construcción de la trocha fronteriza?

-Es para sacar petróleo, no para sacar ñame.

¿Por qué?

-El gobierno de Nicaragua tiene acuerdos con el ALBA, y además de simpatía con el gobierno iraní; de ahí viene el capital para el canal en el río San Juan, y todos sabemos del distanciamiento entre el gobierno de Ortega y Estados Unidos, pues obviamente que no trabajaría con la Mallon Oil; así que el posible petróleo o hidrocarburos no lo van a mover por el río San Juan, sino que necesitan una vía alterna, y esa sería la trocha. Costa Rica es un país muy pequeño, y la trocha lo que tiene son 167 kilómetros; con un poco que se empate arriba la llevamos al Pacífico, a Bahía Bolaños; de hecho existe un borrador de este trazado, entonces ahí es donde la trocha es un meganegocio. La trocha en cuanto al trazado y distancia, apunta a que está ligada a estos negocios grandes que tienen que ver con hidrocarburos.

¿Cómo justificar esto?

-Todo tiende a justificar la presencia de la empresa: la concesión por SETENA, la presión que ha recibido esta institución para aceptar el estudio de impacto ambiental presentado en su momento, la declaratoria de moratoria por un tiempo matemáticamente calculado, que luego de eso no sabemos qué va a suceder. Todo nos hace suponer que es parte de un tinglado en el que podría hablarse de intereses poderosos, y que no son los intereses de campesinos que más bien fueron desalojados para el trazo de la trocha y ahora viven en medio de plásticos. Además aparecen los mismos actores, y la misma Mallon Oil asegurando que denuncia al país si no firma el contrato.

¿A qué apunta todo?

-A negocios. El tema del dragado, la invasión a Calero, induce a pensar que tiene que ver con el canal del San Juan y el canal seco costarricense, que empataría allá en La Cruz.

¿El argumento de soberanía y seguridad que por muchos meses defendió el Gobierno para usted pierde sentido?

-Eso es mentira; nada de eso sirve. Costa Rica no tiene ejército y anda mal en seguridad. Una carretera de esas es una infraestructura para que la utilice un ejército bien conformado;  entonces, en un conflicto bélico esa carretera a los que les va a servir es a los nicaragüenses, que tienen toda la maquinaria bélica para utilizarla.

Sin embargo, si este proyecto era para favorecer grandes capitales, al final terminó  en un desastre, por la forma en que se administró.

-Salió muy mal porque fue amparado bajo el secreto de Estado; entonces los órganos técnicos no tienen injerencia y nada que ver, y por eso les salió una chambonada, porque los que estaban metidos eran banqueros, políticos y empresarios, eran notables, notables comerciantes y empresarios, y se manejó como un MOPT paralelo, y se hizo una fiesta incontrolable, donde se contrataban empresas que surgieron de la noche a la mañana, empresas fantasmas. Eso pasó por la ausencia de órganos técnicos; ese concepto de seguridad nacional y secreto de Estado, permite actuar sin ningún control. Puede que en el Gobierno haya gente que actuó de buena fe, pero al final se manejó  desde una visión más empresarial y política, y no técnica.