Contadora del INVU que alega persecución es destituida y luego reinstalada

El INVU contrató una empresa de contabilidad para analizar las cuentas de la entidad en las que hay un faltante de ¢8.745 millones, según

El INVU contrató una empresa de contabilidad para analizar las cuentas de la entidad en las que hay un faltante de ¢8.745 millones, según informó la contadora general. (Foto: Katya Alvarado)

La contadora general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Xinia Brenes, fue despedida la semana pasada y luego reinstalada provisoriamente por orden de un juez, mientras se resuelve el juicio contencioso administrativo que presentó por su destitución.

Ella sostiene que enfrenta persecución luego que reportó un faltante de más de ¢8.700 millones en la conciliación en las cuentas del Sistema de Ahorro y Préstamo (AyP) del INVU.

La funcionaria, que presentó también una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial por peculado en perjuicio del INVU, dice que se le achacó la culpa por la falta de conciliación de las cuentas, en lugar de sentarse junto con las partes correspondientes para determinar dónde está el faltante, siendo que hay debilidades del control interno que tienen en gran vulnerabilidad los recursos.

Lo que se sabe es que el faltante detectado resulta de la diferencia entre el efectivo y el superávit específico de AyP,  según consignó la funcionaria en un cuadro dentro de una información que pidió la Contraloría General de la República (CGR) a la gerente general del INVU, María del Carmen Redondo, en el marco de una auditoría que realiza el órgano contralor.

Con este motivo, el sindicato UNEINVU presentó también una denuncia penal y una denuncia por supuesta persecución sindical, en apoyo a la funcionaria.

Este caso se suma a otros que han trascendido en la prensa en meses recientes, cuando se ha sancionado o pretendido sancionar a funcionarios por oponerse o denunciar irregularidades en instituciones públicas (ver recuadro).

La gerente general del INVU negó que en el caso de Brenes se trate de una represalia o de persecución sindical. “Jamás, para eso se dio el debido proceso que ella tenía para dar todas sus descargas ante el órgano director  y las dará en los procesos que tenga”, afirmó Redondo en relación con la investigación administrativa que se le inició a la funcionaria y que culminó con su despido sin responsabilidad patronal, el cual se le notificó a esta el pasado lunes 4.

Valga señalar que la propia gerente enfrenta un proceso para anularle su nombramiento, acordado hace 11 años por la junta directiva y que fue renovado posteriormente. Tras una denuncia del sindicato, la Procuraduría de la Ética requirió a la directiva anular el nombramiento por haber sido este aprobado en contra de una disposición del Estatuto Orgánico del INVU.

Esta normativa prohíbe nombrar en el puesto de gerente a un funcionario administrativo de la institución, como es el caso de Redondo quien tiene plaza como directora administrativa.

Aunque la Procuraduría y  el órgano director nombrado para el caso dictaminaron que hay vicio de nulidad en el nombramiento de la gerente, la junta directiva concluyó que no hay dolo ni culpa grave de parte de los directivos que tomaron los acuerdos, y por tanto no procede abrirles procedimientos.

Además, basándose en el criterio de la asesoría legal interna de la institución, decidió que no hay nulidad absoluta de los acuerdos, como para proceder a la destitución, pero como el criterio de la Procuraduría es vinculante, decidió que el departamento legal presente un juicio de lesividad, para que sean los tribunales los que anulen el nombramiento.

Estos acuerdos fueron comunicados el pasado 3 de octubre por el presidente ejecutivo del INVU, Álvaro González, a la procuradora de la ética Lissy Dorado, según copia que el propio jerarca facilitó a UNIVERSIDAD.

En la práctica, el nombramiento de Redondo no se verá afectado porque el tribunal tardará en resolver y cuando lo haga probablemente ya la funcionaria habrá concluido el periodo para el que fue nombrada,  al 2014.

ASUNTO CONTABLE

Respecto a la denuncia de no conciliación de cuentas, el presidente del INVU, Alvaro González, dijo a UNIVERSIDAD que el asunto se ha querido ver como un faltante de plata cuando en realidad es un problema contable y los dineros están seguros. En su criterio el asunto se origina en diferencias entre la parte contable y la financiera por problemas de comunicación.

De toda maneras “no vamos a encubrir nada, si hay un error contable o alguien involucrado en una cosa irregular, nosotros vamos al procedimiento como lo estamos haciendo en cualquier caso que se denuncie”, aseguró.

Preguntado acerca de por qué se despidió a la contadora, dijo que es un asunto administrativo y la gerente general es la que maneja la información, pero entendía que fue por incumplimiento de labores y otros aspectos.

Redondo dijo que el mencionado faltante no es un tema de efectivo, sino un asunto de registro contable que lleva la contabilidad y la parte presupuestaria, y la contadora es la responsable de conciliar las cuentas.

“De acuerdo con las normas contables quien tiene que cerrar los registros contables es la contabilidad, y en este caso la contabilidad no reporta la diferencia si no es hasta que la Contraloría General de la República pide una información, que la solicito en una nota y me la hacen llegar, en la que se adjuntan unos cuadros donde se echa de ver la diferencia. Ahí es cuando se le pide a la contadora que por qué existe esta diferencia y entonces empiezan cartas van y vienen, pero nunca puntualiza cuál es la diferencia”, argumentó Redondo.

Añadió que por ¢12 millones se contrató una empresa para depurar la contabilidad y entregar el informe solicitado por la CGR, pero ni el personal de planta ni la jefa de la contabilidad querían entregar la información, y se suspendió a la contadora para poder avanzar en el  proceso porque la institución tiene un plazo determinado para entregar la información a la CGR.

El Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU fue creado en agosto de 1954 mediante la ley 1788, como una política institucional para promover y fortalecer el desarrollo de soluciones de vivienda para todas las clases sociales. Actualmente tiene unos 99.000 clientes y maneja un capital de ¢72.000 millones, según datos de la entidad.

DEMANDA

La contadora Brenes puso una demanda ante el tribunal contencioso administrativo para defender los derechos que considera lesionados, y el jueves pasado el juez le dio trámite y ordenó su restitución provisoria mientras el proceso se resuelve en esa sede.

Brenes relató que a pedido de la gerencia y tras una solicitud de información que hizo la CGR, ella preparó un informe en el que incluyó el cuadro donde aparece la no conciliación por el faltante entre el efectivo y el superávit específico de Ahorro y Préstamo.

Se sabe que el faltante es del sistema de Ahorro y Préstamo, lo que correspondía en ese momento era sentarse con las partes correspondientes para poder determinar las razones de por qué estaba dando el faltante en efectivo. “Sin embargo, nunca me llamaron para preguntarme, sino que lo que hicieron fue abrirme un procedimiento”, afirmó.

Dijo que le llama la atención que digan que ella no informó, pues si lo hizo, e incluso habló con el presidente ejecutivo que estuvo tres horas en su oficina, y le advirtió a la dirección administrativa que en caso de que la CGR preguntara por la diferencia, le correspondía a la jefatura de Ahorro y Préstamo brindar las justificaciones. Pero para su sorpresa cinco días después de esa comunicación la directora administrativa solicitó a la gerencia que le abriera un  procedimiento administrativo por situaciones anómalas presentadas en la contabilidad.

Entre otros cargos la acusaron de la no presentación de libros legales, a pesar de que durante 27 años no se presentaron dichos libros, cuando aun ella no era la contadora, y estos ya se estaban presentando de forma automatizada cuando le iniciaron el procedimiento disciplinario.

“Se agarraron de eso cuando hay un problema mayor, y es que los recursos del sistema (de ahorro y préstamo) siguen en el aire y totalmente vulnerables. Es lo que yo he denunciado”, dijo Brenes, al mencionar que los registros contables se llevan manualmente de manera arcaica y eso genera inconsistencias en la contabilidad pero no es culpa de la contadora.

“Si bien es cierto que nosotros debemos conciliar también es cierto que no contamos con las herramientas para poderlo hacer”.  La contabilidad es tan manual, dijo ella, que no hay mucho tiempo para analizar cuentas que vienen arrastrando saldos desde hace más de 30 años. Al ser tan obsoleto el sistema no garantiza que toda la operativa llegue a la contabilidad.

“No estoy diciendo que alguien se echó plata a la bolsa. He dicho que me preocupa que no hay un adecuado control interno que pueda demostrar que todo lo que llegue al banco es lo que nos están depositando y pasándonos a la contabilidad”, afirmó Brenes.

Mencionó como ejemplo del desorden, que “muchas veces nos damos cuenta que hay una casa que nunca ha sido cobrada porque la persona llega a pedir la escritura”. La encargada de administración de bienes ha hecho esfuerzos por poner al día la información pero ella misma ha tenido problemas por ese empeño, aseguró Brenes.


Castigo por cumplir deberes

Algunos de los casos divulgados recientemente de funcionarios a los que se ha querido sancionar por oponerse a aprobar irregularidades en negocios públicos son los siguientes:

* En octubre, Guadalupe Monge, abogada de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública, aseguró que un proceso disciplinario en su contra era resultado de una denuncia realizada por ella ante la auditoría interna por aparentes irregularidades en la compra de 1.200 conos para la Fuerza Pública por ¢37,2 millones.

Los jerarcas de la Fuerza Pública definieron como ganadora a la empresa con menos experiencia y con el producto más caro, sin contar con un análisis de la razonabilidad de precio y sin que el análisis de ofertas hubiera concluido, según la denuncia. Al trascender el reporte públicamente, la funcionaria fue exonerada y la compra declarada desierta.

• En julio del 2012, el diputado José María Villalta denunció a la prensa que el director del Departamento de Revisión Técnica Vehicular fue destituido por el entonces viceministro de Obras Públicas y Transportes Rodrigo Rivera (actual embajador en Panamá), luego que el funcionario se negó a modificar un informe técnico que era necesario para que la CGR aprobara la renovación por diez años del contrato de la empresa Riteve, para la revisión técnica vehicular. El informe había consignado una serie de incumplimientos de la empresa, y el funcionario fue presionado en las oficinas del MOPT, en presencia de representantes de Riteve,  para que modificara el informe, el cual finalmente fue archivado y en su lugar fue enviado a la Contraloría otro que omitía los incumplimientos, según la denuncia.

•La directora legal del INVU, Lidia González, fue suspendida como asesora de la junta directiva, y le abrieron procedimiento disciplinario luego que advirtió a los directivos sobre irregularidades en una compra que estaban haciendo de un terreno en Alajuelita,  para viviendas de interés social, el cual no reunía condiciones y por el que se pagó supuestamente un sobreprecio de más de ¢500 millones.

La funcionaria fue reinstalada tras ganar los procedimientos, pero no puede ejercer como directora legal, pues está nombrada otra persona.

En medio de una investigación que inició el Ministerio Público por esa compra, la presidenta ejecutiva del INVU, Eugenia Vargas, renunció en julio del 2012 diciendo que se iba para enfrentar la investigación.

La gerente general María del Carmen Redondo dijo que en el caso de la directora legal la junta directiva pidió que se abriera procedimiento por un asesoramiento extemporáneo a la junta directiva.

En el INVU también la encargada de informática fue despedida en diciembre pasado pero tuvieron que reinstalarla. El despido ocurrió luego que ella hubiera dado a la auditoría interna un informe sobre la morosidad real de Ahorro y Préstamo, lo que al parecer no fue bien visto por algunos superiores.

Redondo dijo que el de la jefa de informática es un caso totalmente diferente que está con una medida cautelar y en un proceso contencioso.


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