- Dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes cuestiona la falta de seguimiento del órgano contralor a las disposiciones ordenadas a Conavi.
- Contraloría detectó sobrepagos de Conavi a contratistas por ¢461 millones, pero no sentó responsabilidades.
- En 2009 CGR descubrió fallas contables por más de ¢495 millones, pero reconoce que no sancionó a ningún funcionario y no sabe si la situación se corrigió.
- En 2008 Conavi implementó un sistema de contratación directa para la inspección de obras de conservación, que resultó cuatro veces más caro que el método tradicional
La Contraloría General de la República (CGR) dejó sin sanción errores del Conavi que implicaron sobrepagos de contratistas por un monto de ¢461 millones; fallas contables por ¢495 millones y la implementación de un sistema que cuadriplicó sin razón los costos de inspección de obras.
Así lo revela el informe 08505-2013-DHR de la Dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, entregado el 24 de junio anterior.
La Defensoría solicitó en este estudio a la CGR un reporte sobre el seguimiento dado a una serie de faltas señaladas al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en ocho informes elaborados por el ente contralor entre el 2006 y el 2010.
El documento señala que la CGR no dio seguimiento a las disposiciones ordenadas al Conavi en estos casos, ni procedió a sentar las responsabilidades de funcionarios por estos errores que costaron millones de colones al país.
Consultada sobre los señalamientos de la Defensoría, la Contraloría aseguró que el informe aún está bajo análisis de la contralora general, Marta Acosta, por lo que todavía no pueden referirse al respecto.
SIN RESPONSABLES
En el análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes de los informes de la CGR relacionados con Conavi en el periodo 2006-2010, quedan en evidencia los serios problemas de gestión de esta entidad; pero también la falta de seguimiento efectivo y el señalamiento de responsables en muchos de los casos.
Estos incluyen sobrepagos a empresas, como se señaló en el informe DFOE-OP-IF-9-2010, en el que la Contraloría detectó una modificación en la forma de valorar las ofertas y el mecanismo de pago en relación con un cartel de licitación.
Este cambio llevó a pagar ¢461 millones de más, de los cuales al momento del informe (31 de mayo del 2010) solo se había recuperado un 20,1%, pero al día de hoy no se sabe si se recuperó todo el monto, no hay personas señaladas como responsables en este caso, y según la Defensoría, la CGR omitió referirse a este tema.
Otro informe del 2007 menciona una compra de vehículos que debían destinarse a la Dirección de Obras de Conavi pero terminaron en otras entidades y la CGR pidió que las unidades fueran devueltas a esa dirección según sus necesidades.
La Contraloría consideró que el director ejecutivo de Conavi cumplió con lo ordenado, pese a que según la Defensoría, lo que en realidad hizo fue ordenar la reparación de unidades viejas en mal estado.
En 2009, la CGR realizó un estudio relacionado con la adquisición de puentes modulares lanzables por medio de dos licitaciones públicas, en las que se establecía que el pago correspondiente se realizaba en dos tractos: uno por 80% contra la presentación de documentos de embarque, y el restante 20% contra recibo conforme.
“Al respecto, el 27 de marzo del 2007, fecha en la que se solicita emitir el pago final, existía un faltante de piezas entre las que tenía que suministrar la empresa adjudicada y las realmente entregadas y aún habiéndose puesto en conocimiento de las autoridades de Conavi la existencia del faltante de piezas, se procedió a ordenar el pago del contrato”, cita la Defensoría del informe de la CGR.
En aquel momento la Dirección Ejecutiva de Conavi respondió al ente contralor que no encontró en sus archivos la documentación que evidenciara el recibido conforme de las piezas entregadas, además de que no aplicó sanciones a la empresa y amplió en un 50% uno de los contratos.
Nuevamente la CGR anunció entre sus disposiciones que valoraría la posibilidad de establecer eventuales responsabilidades por estos hechos, pero en su informe a la Defensoría tampoco hizo referencia a este punto.
ERRORES MILLONARIOS
Los problemas de Conavi también están en su sistema contable, que según el informe DFOE-OP-IF-2-2010 tiene “importantes debilidades de orden normativo y técnico” que dieron lugar a errores en los saldos reflejados en el balance general y el estado de resultados de la entidad a junio del 2009.
Uno de estos errores hizo que el saldo de la cuenta de gastos acumulados por pagar reflejara una diferencia de menos en los estados financieros por un monto de ¢495,1 millones, sobre lo cual la Contraloría indicó que estaba valorando la posibilidad de establecer “eventuales responsabilidades”.
En la consulta hecha por la Defensoría, la CGR reconoce que no se ha realizado ningún nuevo estudio de la situación contable de Conavi, por lo que no se sabe si la institución corrigió los problemas de su sistema contable.
Otro millonario error quedó registrado en el informe DFOE-OP-IF-15/2010, donde se encontró que Conavi había implementado una nueva modalidad para la contratación de 22 ingenieros o empresas que se encargaran de las inspecciones en los proyectos de conservación vial.
Estos llamados “Organismos de Inspección” terminaron costando más de ¢3.388 millones en el 2009 (considerando solo el personal base), mientras que con el sistema anterior de licitación pública su costo habría sido de ¢835 millones.
El nuevo esquema de contratación, cuatro veces más costoso que el anterior, se aplicó sin que se pudieran encontrar estudios económicos y técnicos que sustentaran el cambio, y sin que significara cambios en la cantidad y calidad de las inspecciones.
En uno de los ejemplos, la CGR encontró que a un ingeniero en el 2008 se le pagó un monto que era dos veces mayor al salario que tendría en el mercado, y tres veces el pago que recibiría un ingeniero civil contratado por medio del Servicio Civil para hacer esta misma función.
A estas inspecciones tampoco se les acompañó con los controles adecuados, y la CGR determinó que Conavi pagó días de inspección en obras que no se estaban ejecutando en ese momento.
Sobre este caso, la CGR dispuso que Conavi debía evaluar el sistema de contratación para determinar la conveniencia de seguir aplicándolo, y en su respuesta a la Defensoría dijo que el mecanismo se dejó de lado, pero nuevamente no se aplicó ninguna sanción a ningún funcionario.
“SE PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE DENUNCIAR”
Ana Karina Zeledón, directora de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, comentó que si bien la idea es mostrar los problemas de Conavi con este informe, también quedan en evidencia las faltas de seguimiento e información de la Contraloría.
“Lamentablemente en muchos casos es muy probable que la propia Contraloría perdiera la oportunidad de presentar las denuncias, por el tiempo. Yo no puedo presentar una relación de hechos al Ministerio porque no tengo la información específica que tienen ellos”, afirmó Zeledón.
“Hemos visto muchas disposiciones de la Contraloría donde dicen “la institución tal me dijo que cumplió” y se acabó. Ese es el nivel de seguimiento que están haciendo en algunos casos. De nada nos sirve que se señalen anomalías si después no pasa nada”, criticó.
