Contraloría detectó faltante de caja de ¢8750 millones en 2012

Entidad no pudo determinar origen de las diferenciasEl Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) presentó incongruencias entre los datos que muestra

                            

Entidad no pudo determinar origen de las diferencias

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) presentó incongruencias entre los datos que muestra la contabilidad y los que presentó como presupuesto, lo que significó un déficit de caja de ¢8750 millones en el superávit del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del 2012.

Estos datos se desprenden de una revisión que hizo la Contraloría General de la República (CGR) de la liquidación presupuestaria que hizo el INVU en el 2012.

De acuerdo con información que el propio Instituto facilitó a la CGR, el SAP presentó datos contables por ¢72.287 millones, mientras que los datos presupuestarios y el ajuste sumaron ¢81.031 millones.

A la fecha, el Instituto desconoce con precisión cuál fue el origen de esta diferencia entre la contabilidad y el presupuesto.

Para identificar estas incongruencias, el INVU contrató una auditoría externa que examinará los superávits de la institución, cumpliendo así la disposición del entre contralor en el informe DFOE-AE-IF-13-2013, del 13 de diciembre de 2013.

“El problema es que cuando usted no cuenta con sistemas automatizados, cuando lleva de manera manual los registros, está dentro de lo posible que se presenten diferencias. Con todo y los controles que usted puede tener internos, puede que haya problemas. Los humanos cometemos errores entonces por esa razón fue que se dio esa inconsistencia entre el registro contable y el presupuestario”, explica el gerente general interino, Luis Taylor.

En un informe entregado el pasado 18 de agosto (DFOE-AE-IF-08-2014 ), la Contraloría señaló serios problemas en el archivo del Instituto, donde los trámites eran manuales y se hacían en sobres de manila.

La Contraloría ha sido detallada en sus críticas al sistema financiero y presupuestario del INVU, según constató UNIVERSIDAD tras consultar informes emitidos por la Contraloría en los últimos 15 años y actas de Junta Directiva del Instituto de los últimos cuatro años.

En una reunión celebrada con la Junta Directiva el pasado 10 de julio, representates de la Contraloría resumieron sus hallazgos: faltan manuales de procedimiento, no hay designación específica de funcionarios a programas presupuestarios, faltan actividades de control, hay asignaciones incorrectas de cobros y no hay registros uniformes de la contabilización de la ejecución presupuestaria.

Algunos de estos están en proceso de remediarse, como la elaboración de manuales y la designacón de personal a cada programa, según las actas de la Junta Directiva del 2014.

Para muestras, un enredo: en agosto de 2012, la Unidad de Planificación Urbana de la institución gestionó una orden de compra por ¢16,4 millones. Como esa dependencia no tenía contenido presupuestario, el INVU la cargó a la Unidad de Informática.

“La palabra control aquí no existe, es como que hablara en ruso. ¿Cómo va a usted a manejar, administrar y manejar políticas en una institución donde no hay controles? Ahora, ¿cómo establecer controles en el siglo XXI cuando no hay sistemas automatizados?”, apuntó Sonia Montero, presidenta Ejecutiva del INVU, que señaló al instituto como una casa desordenada.

SISTEMAS OBSOLETOS

En varios informes en los últimos quince años, la Contraloría ha estado señalando problemas en los sistemas informáticos de la institución, que no permiten tener información confiable.

“El común denominador de los tres informes, son tecnología no adecuada y problemas de control interno”, explicó el gerente general interino, Luis Taylor.

A inicios del 2014, siguiendo las recomendaciones de dos informes de la Contraloría del 2013 (el 05-2013 y el 13-2013), la Junta Directiva encargó a una empresa externa que solucionara los problemas de tecnología de la información de la entidad.

Para esto, la empresa inició operaciones en enero para habilitar interfaces entre las diferentes tecnologías que usa la entidad y desarrollar y adecuar la tecnología existente. El plazo que le asignó la Junta Directiva es diciembre de 2013.

“Encontramos sistemas financieros no auditados y eso significa que no son confiables, pareciera que desde siempre. Como aquí no existen sistemas automatizados, no se puede precisar. Lo que sí podemos decir con certeza es que no son confiables”, explica la presidenta Montero.

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