La Contraloría General de la República (CGR) se sacude de las críticas que le realizó la Defensoría de los Habitantes en un reciente informe publicado por UNIVERSIDAD, en el que se le señala falta de seguimiento y el no sentar responsabilidades en varios casos relacionado con problemas en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

El informe 08505-2013-DHR de la Dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, entregado el 24 de junio anterior, resume varios problemas en el CONAVI señalados en informes de la propia Contraloría, en los que no se habría dado un seguimiento adecuado a las disposiciones ordenadas.

Sin embargo, la contralora general, Marta Acosta, niega que los casos hayan quedado sin seguimiento y asegura que al informe de la Defensoría le faltó la rigurosidad técnica y la información necesaria para llegar a las conclusiones correctas.

Acosta afirma que la Contraloría ha realizado 16 informes sobre la situación de CONAVI en tiempos recientes, y se han generado cuatro acciones de carácter penal que están en el Ministerio Público, de las cuales aún no puede brindar detalle.

Esto motivó que el ente contralor presentara a la Defensoría un recurso de reconsideración, con el fin de que se revisen varias de las aseveraciones contenidas en el informe consideradas por la contralora como “temerarias”.

UNIVERSIDAD solicitó la reacción de la Defensoría de los Habitantes sobre lo expresado por la Contraloría General de la República, pero se nos indicó que al estar pendiente la respuesta al recurso de reconsideración planteado, existe impedimento legal para obtener una declaración al respecto.

“SÍ HAY SEGUIMIENTO”

En el informe de la Defensoría de los Habitantes se cita, entre otros casos, un sobrepago a empresas de parte de CONAVI por ¢ 461 millones de los que según la propia Contraloría, se habían recuperado solo el 20 % y no había personas señaladas como responsables; tema sobre el cual el órgano contralor no respondió en su momento.

Sin embargo, la CGR señaló a UNIVERSIDAD que tras el seguimiento dado al caso, CONAVI reportó el año anterior haber recuperado ¢ 435 millones, mientras que el monto restante pasó en abril de este año a la Procuraduría General de la República para el respectivo proceso judicial.

Además, se desarrolló un trabajo coordinado con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, de Corrupción y Tributarios, para trasladarle la documentación correspondiente y valorar acciones legales.

Sobre los vehículos comprados para la Dirección de Obras que terminaron en otros departamentos del CONAVI, la Contraloría aclaró que se buscaba solucionar el faltante de estas unidades en esa dirección, por lo que la respuesta dada por CONAVI en ese momento, de reparar unidades en mal estado, solventó esa debilidad.

La Defensoría también rescató el caso de sobrepagos a la empresa constructora Raasa S.A por ajustes de precios, sobre el que asegura que la Contraloría no respondió a su requerimiento de información.

Por su parte, la CGR indicó a este Semanario que en el oficio No. 13817 de 18 de diciembre de 2012 se informó a la Defensoría de los Habitantes que las disposiciones contenidas en el informe del caso referido, fueron “razonablemente cumplidas” y el dinero fue recuperado.

Otro de los casos señalados tiene que ver con la orden de pago por la compra de unos puentes modulares a los que les faltaban piezas, y sobre los cuales en su momento CONAVI dijo no tener la documentación sobre el ingreso de las piezas faltantes; pero según la Defensoría, la CGR no hizo referencia sobre si se sentaron responsabilidades.

Al respecto, la Contraloría asegura que se dio seguimiento al asunto y las piezas fueron encontradas en el plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en Sandoval del Limón, al tiempo que se envió la documentación respectiva al Ministerio Público para sentar responsabilidades.

En la contabilidad de CONAVI, la CGR detectó en sus informes problemas que incluían errores contables por ¢ 495 millones y, según la Defensoría, luego no se dio seguimiento para ver si la situación fue corregida.

“En cuanto a la no realización de nuevos estudios por parte de la CGR sobre esta temática, procede aclarar que es responsabilidad del CONAVI ejecutar las acciones y medidas necesarias para contar con un sistema contable razonable, así como la contratación anual de una auditoría externa como una obligación periódica, extremo que este órgano contralor verifica anualmente”, respondió la GCR al respecto.

Acerca del cambio en el sistema de supervisión de CONAVI, que resultaba mucho más costoso que el sistema anterior, la Defensoría señaló que si bien el sistema fue dejado de lado por el CONAVI, no se sentaron responsabilidades por este caso.

La Contraloría asegura que producto del seguimiento que dio al tema, el CONAVI cambió su sistema de inspección y aclara que en la actualidad se encuentra en trámite en la División Jurídica una investigación preliminar sobre el caso.

“RESPONDIMOS LO QUE SE NOS PREGUNTÓ”

Uno de los señalamientos recurrentes de la Defensoría de los Habitantes en su informe tiene que ver con la “omisión” de datos cuando se le consultó sobre el seguimiento a los casos en cuestión.

Al respecto, la contralora general, Marta Acosta, considera que sí respondieron a toda la información que se les solicitó, pues la Defensoría solicitó información sobre el cumplimiento de las disposiciones en los informes y eso fue lo que se le entregó.

“Quisiera decir que el informe de la Defensoría contiene aseveraciones temerarias, porque está basado en un informe que desde mi punto de vista es totalmente insuficiente. Es un documento del que no he terminado de comprender la metodología que utiliza”, criticó Acosta.

Acosta afirma que la “sana práctica” dicta que la Defensoría debió acercarse a la Contraloría para aclarar los puntos sobre los que tenía dudas, antes de dar a conocer los resultados de su informe a la opinión pública.

“No entiendo cómo, siendo un informe sobre la gestión del CONAVI, se termina evaluando prácticamente la gestión de la Contraloría como órgano de fiscalización y control que es. En ese sentido, la Defensoría se está atribuyendo competencias que desde mi punto de vista no tiene”, argumentó.

La contralora se manifestó “preocupada” por la percepción que puede tener la población acerca del trabajo de la Contraloría tras este informe, pues considera que no se le hace un favor a nadie creando desconfianza sobre la institucionalidad.

“Somos una institución escrutada por todo el mundo. Aunque aquí se pregunte que quién controla a la Contraloría, a nosotros todo mundo nos controla, estamos sujetos al escrutinio público y en buena hora, porque eso nos hace ser mejores”, añadió.

Acosta insistió en la independencia de la CGR en sus líneas de auditoría e investigación, y abogó por una mayor coordinación en el futuro con la Defensoría para evitar este tipo de conflictos y confusiones.

Marta Acosta: “CONAVI tiene severos problemas de corrupción”

La contralora general, Marta Acosta, asegura que se han invertido muchos recursos de la Contraloría para supervisar los múltiples problemas del CONAVI. (Foto: archivo)

En entrevista con UNIVERSIDAD, la contralora comentó con preocupación el estado de la gestión en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la sensación de “impunidad” que existe alrededor del problema de las carreteras y sus constantes casos de corrupción.

“Para nosotros, CONAVI tiene una luz roja. Es una institución con severos problemas de corrupción”. Así describe la contralora general, Marta Acosta, la situación en el CONAVI, sobre la que asegura, la Contraloría General de la República (CGR) invierte gran cantidad de recursos en su fiscalización. El siguiente es un extracto de la entrevista realizada en su despacho el 18 de julio.

A pesar del informe de la Defensoría, que con frecuencia señala problemas con las empresas constructoras, estas continúan recibiendo contratos una y otra vez. ¿Cómo se explica que sigan ocurriendo las mismas cosas?

—Mientas no se tenga una prueba, mientras no se haya responsabilizado a alguien en sede judicial, no se puede dejar de darle los contratos si participa y cumple con los requisitos.

Los jerarcas tienen una responsabilidad primaria en esto. CONAVI se ha caracterizado por tener problemas con esto de la fiscalización. Aquí lo vemos por la cantidad de denuncias que nos llegan, esa es una alerta que se nos enciende. En materia de contratación, siempre hay que pedir información adicional, porque no viene completa.

Vea la carretera a San Carlos, viene aquí una solicitud para una adenda y los planos ni siquiera tienen la firma. Es lo mínimo.

¿Cómo resumiría usted el impacto del trabajo de la CGR en los últimos años en el tema de fiscalización de carreteras?

—Rudo. Es un trabajo arduo porque requiere de la CGR no solo estándares de fiscalización rigurosos, sino también personal con las competencias necesarias. No es lo mismo fiscalizar el sector social, por ejemplo, que el sector infraestructura, donde hay proyectos grandes basados en ingeniería financiera. La Contraloría ha hecho un esfuerzo tremendo por fiscalizar estos grandes proyectos.

En la práctica, en resultados concretos, ¿cuál siente que ha sido el trabajo de la Contraloría sobre esa realidad?

—Ha sido difícil ver impactos de mejora porque a la Administración le cuesta, no tiene los recursos, no tiene la competencia profesional. Vea el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Hemos estado ahí en múltiples ocasiones y ya la Contraloría dijo: “las capacidades de CNC no son las que requiere el país”, pero usted no ve un CNC remozado. Apuntamos muchas deficiencias. A veces cuesta ver los impactos positivos.

Para ver un impacto real del trabajo de la CGR, se requiere no solo el trabajo nuestro, se requiere una administración dispuesta a hacer las cosas mejor y un control político responsable y serio. Estos tres elementos no siempre los tenemos. Muchas veces tenemos nuestros informes y son aceptados a regañadientes. Tenemos que andar de tras de la administración para que cumpla las disposiciones.

¿Qué pueden hacer los órganos de control para obligar a cumplir los informes?

—La CGR tiene dientes para sancionar por esos temas. Muchas son acciones de mediano o largo plazo, en ese pasar del tiempo nosotros le damos seguimiento hasta el final, hasta que se cumpla. Hoy por ejemplo tenemos 95 procedimientos administrativos que están paralizados en la Sala IV. Al final van a buscar cualquier recurso para eludir el cumplimiento.

¿Le falta fuerza a la contraloría en sus potestades?

—La Contraloría tiene la fuerza, lo que pasa es que fuera hay otros recursos que se interponen ante la Sala. Hay cinco acciones de inconstitucionalidad que nos tienen paralizados. El sistema es bastante garantista.

¿Se siente amarrada como contralora por esa situación?

—Claro. Tengo una lista de 95 proyectos con 245 personas investigadas y no podemos dictar el acto final, ¿y eso que está generando? Percepción de impunidad que es muy delicado.

A mucha gente de la administración le estorba el control, porque les viene a apuntar temas que no están haciendo bien. A mucha gente no le gusta que le digan lo que no está haciendo bien.