Contraloría demanda a Autopistas del Sol por ¢2.528 millones

La Contraloría General de la República (CGR) demandó por ¢2.528 millones a la concesionaria de la ruta 27 -Autopistas del Sol S. A.- por los errores que obligaron a cerrar y reparar la ruta Alterna Escazú-La Sabana en agosto de 2010, a menos de un año de haber sido construida por la empresa.

Esta ruta buscaba descongestionar el tráfico durante la construcción de la ruta 27 y se incluyó en un convenio complementario a la concesión. La radial, de 1,7 kilómetros de largo, fue puesta en funcionamiento el 28 de agosto del 2009 y menos de un año después colapsó ante varios derrumbes por fallas de los taludes.

Ante la emergencia, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debió contratar otra empresa para reparar la ruta y desembolsar ₡2.528 millones por el arreglo, monto que equivale al 54,7% de lo que originalmente recibió Autopistas del Sol por la construcción de la radial, valorada en $9,07 millones (aproximadamente ₡4.700 millones).

Ante esto, la Contraloría inició un proceso civil ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 19 de diciembre del año pasado alegando el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la firma Autopistas del Sol, ahora llamada Globalvía, que en su momento se comprometió al diseño y construcción de la radial bajo el concepto de suma alzada.

La Contraloría sostiene que la empresa “no tomó las previsiones necesarias y mínimas desde la perspectiva técnica para garantizar la estabilidad de los taludes, de modo que sus omisiones se traducen en la causa del colapso, y, por lo tanto, en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales al entregar una obra defectuosa”, según el texto de la demanda, en poder de UNIVERSIDAD.

La CGR declinó ofrecer comentarios sobre la demanda por tratarse de un proceso que se encuentra abierto en los tribunales, señalando que su posición queda clara en el documento de 74 páginas que presentó ante el Poder Judicial.

UNIVERSIDAD solicitó una entrevista a Globalvía el pasado miércoles 13 de mayo, sin embargo la firma señaló que solo respondería por correo electrónico. El viernes 15 por la tarde fueron enviadas las preguntas y el lunes por la noche anunciaron que no se referirían al tema.

«Por ahora, Globalvia Ruta 27 no se referirá, por respeto al proceso que se está llevando», declaró Monserrat Currau, jefe de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial.

La demanda se fundamenta en el Informe de Colaboración Técnica No. LM-PI-UGERVN-004-2013, que la Contraloría solicitó al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la UCR, en el 2013.

El contratista, dada la naturaleza misma del contrato, era responsable del cabal cumplimiento del objeto contractual en todos sus extremos, más allá de la sola entrega del objeto convenido, de manera que su responsabilidad no se limitaba a la entrega de la obra sino que implicaba su correcto funcionamientoTexto de la demanda de la CGR

Tras analizar la documentación presentada por Autopistas del Sol, el Laboratorio concluyó que no existe evidencia suficiente para afirmar que las obras contaron con los estudios previos necesarios.

“Bajo el supuesto de que la ausencia de estos documentos signifique que efectivamente no se realizaron los diseños de las obras mínimas requeridas, la falla que presentaron los taludes es consecuencia de la vulnerabilidad de los taludes ante la ausencia de las obras de mitigación”, cita el informe técnico elaborado por el Lanamme para la CGR, también en poder de este medio.

UNIVERSIDAD consultó al Lanamme sobre detalles del informe pero allí respondieron que no podían comentar sobre sus hallazgos, pues la solicitud que hizo la Contraloría fue confidencial.

“En relación con este informe no nos podemos referir, porque fue una investigación que se hizo para la CGR y ellos nos solicitaron confidencialidad, ya que es un tema bajo investigación”, señaló la encargada de comunicación del Laboratorio, Gabriela Contreras.

Según la oficina de comunicación del Poder Judicial, el proceso se encuentra en trámite -en su fase inicial- ante la instancia judicial y se encuentran pendiente de resolver algunas diligencias para definir la fecha de la audiencia preliminar.

Los derrumbes

En marzo de 2010, antes de que iniciara la temporada de lluvias y apenas seis meses después del inicio de las obras, ingenieros de la Unidad de Planeamiento y Control del Conavi encontraron los primeros deslizamientos en los taludes de la vía, con agrietamientos y erosión en los terrenos. Además, en la misma inspección advirtieron la falta de cunetas de drenaje.

Otras inspecciones efectuados por la empresa supervisora del proyecto, Cacisa, y de funcionarios del MOPT dieron alerta sobre los problemas y plantearon soluciones que debían ejecutarse en los meses siguientes, pero no se tomó ninguna acción hasta la primera semana de junio, cuando derrumbes más grandes interrumpieron el tráfico por la vía.

La advertencia de parte de técnicos de varias instituciones había llegado meses antes del colapso, como indica el informe que dieron el 25 de marzo del 2010 los dos ingenieros del Conavi.

“Se recomienda intervenir los taludes de la nueva Ruta Nacional Nro. 177, antes de que se intensifiquen las lluvias en el Valle Central; con el fin de evitar cierres parciales o inclusive totales de la vía”, apunta el informe PYC-08-10-365 firmado por Gustavo Alvarado y Rolando Arias.

Cinco meses y tres informes más tarde, el Conavi cerró el paso por la vía e invitó a varias empresas a competir en una preoferta para efectuar un análisis del problema. Finalmente, la empresa Geointer Costa Rica S. A. recibió la contratación para reparar la ruta, cuyos taludes tenían pendientes de hasta 60°, según indicó esta empresa, muy diferentes a los 45° que Autopistas del Sol había planificado.

«No se construyeron obras para resolver el problema de evitar que estos taludes se vinieran abajo. Ahora, yo no conozco el alcance de ese contrato», explicó Jorge Mora, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

Suma alzada

La obra se contrató bajo la modalidad de suma alzada, mediante la cual la empresa concesionaria se comprometió a diseñar y construir las obras requeridas por un monto fijado de previo. En este caso, Autopistas del Sol pactó entregar la Ruta Alterna Escazú-La Sabana por una paga de $9,07 millones.

“El monto de suma alzada aprobado constituye el costo definitivo de las obras, que correrá bajo el riesgo del Concesionario, por lo que la Administración no reconocerá reajustes por variaciones en el valor real de los costos finales de ningún componente (…) incluyendo (…) cualquier costo omitido o equivocado por el Concesionario al momento de realizar sus estimaciones”, señala un anexo del propio contrato.

Según el secretario técnico del CNC, Jorge Mora, el propio convenio complementario con Autopistas del Sol “estableció que tanto el mantenimiento como su operación y funcionamiento permanecería como corresponde en manos del Conavi, por ser el ente competente en materia de tutela o conservación de las rutas nacionales”.

Sin embargo, la Contraloría considera que la concesionaria sí tiene responsabilidad por los trabajos que necesitó la vía, pues al requerirse a menos de un año una inversión tan grande para que la obra fuera funcional, escapa del concepto de mantenimiento.

“El contratista, dada la naturaleza misma del contrato, era responsable del cabal cumplimiento del objeto contractual en todos sus extremos, más allá de la sola entrega del objeto convenido, de manera que su responsabilidad no se limitaba a la entrega de la obra sino que implicaba su correcto funcionamiento”, señala el texto de la demanda.

Al 4 de diciembre del 2014 no se habían recibido de forma definitiva las obras realizadas por Autopistas del Sol S.A en la Ruta Alterna Escazú – La Sabana, ni se había firmado finiquito por esta obra.