Marco Vargas, ministro de la Presidencia (de izquierda a derecha); Fernando Herrero, ministro de Hacienda; Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa; y Guillermo Zúñiga, presidente de la Comisión de Hacendarios, durante la presentación del proyecto de reforma fiscal el pasado 17 de enero en la Asamblea Legislativa. (Foto: archivo)

El gasto irresponsable, la evasión fiscal y la “regresividad” de los impuestos indirectos cargados sobre las mayorías de menores ingresos, sobresalen entre los argumentos de sectores políticos, sindicales y empresariales, para objetar el proyecto de “solidaridad tributaria” presentado por el Gobierno.

Hace casi tres meses la administración de la presidenta Laura Chinchilla envió el proyecto a la Asamblea Legislativa, con la idea de que recibiera un trámite expedito. Sin embargo, la iniciativa topó con un camino empedrado, pues ha recibido múltiples críticas de los sectores que han comparecido ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, y las bancadas de oposición exigen cambios, con propuestas alternativas.

Aunque coinciden en la necesidad de una reforma fiscal para elevar la recaudación del fisco y lograr mayor justicia distributiva, los grupos opositores insisten en que debe haber más compromiso del Gobierno en el cobro de los tributos y la eliminación del despilfarro de recursos, como requisito para aprobar nuevos impuestos.

Con el plan fiscal, el Gobierno pretende aumentar la recaudación en 2.5 porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), a fin de aliviar el creciente déficit fiscal (5%) que considera insostenible.

Entre lo que propone está pasar el impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado (IVA), con una tasa que se eleva de 13 a un 14%, y se extiende a bienes  y servicios que hoy están exonerados, como la salud y la educación. La canasta básica exenta se reduce de 300 a unos 60 productos.

Actualmente, el país tiene una carga tributaria cercana al 13.5% del PIB, sin incluir los pagos de la seguridad social, lo que está por debajo de la media latinoamericana, y se considera que es totalmente insuficiente para que el Estado pueda cumplir las demandas que la sociedad costarricense le exige.

PROPUESTAS

El Partido Acción Ciudadana (PAC), principal grupo de oposición, presentó un plan alternativo al oficial, con el título: “Diez llaves para una reforma fiscal justa y sostenible”.

Propone, entre otros puntos, que la reforma sea discutida entre el Gobierno y los sectores sociales, productivos y políticos, en un diálogo nacional. Para hacerla viable, plantea separar el proyecto en cinco iniciativas diferentes: reforma al código tributario, reforma para cerrar portillos legales a la evasión de impuestos, reforma a la ley de aduanas, reforma  a la ley de renta, e impuesto al valor agregado.

La agrupación, que ha insistido en la necesidad de aumentar la carga tributaria del país, reprocha que el  Ejecutivo haya guardado silencio ante las propuestas que le ha presentado en esta materia. El Gobierno presiona a los partidos para que aprueben un “parche fiscal”, sin asumir ningún compromiso serio sobre eficiencia en el gasto público y la recaudación, responsabilidad fiscal, penalización efectiva de la evasión, transparencia del gasto y eliminación de gastos superfluos, afirmó la bancada del PAC en un comunicado.

Por su parte, el Movimiento Libertario, que por el contrario ha mantenido una emblemática oposición a la creación de impuestos, dice reconocer que hay un desequilibrio preocupante en las finanzas públicas, por lo que desde una “posición responsable” ha propuesto una serie de proyectos tendientes a activar la economía y aumentar la recaudación, sin aumentar los tributos.

Al señalara el despilfarro y el uso irresponsable de los recursos públicos como una de las causas del déficit fiscal, en vez del “paquetazo de impuestos” del Gobierno, la agrupación presentó proyectos de reforma en los campos de “responsabilidad fiscal, reactivación económica, reducción del gasto público y generación de ingresos frescos”.

Ello incluye una reforma al código tributario, reforma a la administración financiera, venta de activos ociosos, titularización de obra pública, reforma constitucional sobre gasto corriente y endeudamiento, responsabilidad fiscal y reforma sobre el presupuesto de la república, entre otras.

A su vez, el Partido Unidad Social Cristiana también sostiene que no hacen falta más impuestos para enfrentar la crisis fiscal, pues lo que hay que hacer es un uso racional y eficiente de los ingresos y el gasto públicos, y tomar la decisión política de reorganizar el Estado.

Según el diputado Luis Fishman, en los superávit de las instituciones del Estado y otros entes públicos, existen excedentes millonarios, con recursos de sobra para reunir el 2.5% del PIB (aproximadamente ¢500.000 millones que pretende recaudar el Gobierno con la reforma).

El superávit consolidado del año pasado alcanzó ¢1.379.816.054.704.91 (un billón trescientos setenta y nueve mil ochocientos dieciséis millones de colones), señala el legislador socialcristiano con base en datos de la Contraloría General de la República.

La objeción que han hecho algunos economistas a este planteamiento, es que no sería una solución sostenible del problema fiscal, sino que se limitaría a un año.

Fishman propuso un proyecto de “Ley de saneamiento fiscal”, a fin de autorizar a las instituciones públicas, entes públicos no estatales y órganos públicos de cualquier naturaleza, para que cuando en su ejecución presupuestaria presenten superávit libres, transfieran dichos recursos al gobierno central, para lo cual deberán incluir la partida respectiva en presupuestos posteriores.

El Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) igualmente pide cambios al plan fiscal del Gobierno. El jefe de fracción, Víctor Emilio Granados, dijo que les parece aceptable que el IVA pase de 13 al 14%, en tanto que ese impuesto supone que podría mejorar la recaudación de ventas.

Sin embargo, defienden que se proteja alrededor de 200 artículos de consumo básico, que son de consumo común y corriente de la población en general. Estos artículos actualmente están exentos del impuesto de ventas a través de distintos decretos ejecutivos, que los han venido protegiendo para evitar que tengan un costo elevado, señaló.

“Sí tenemos serias dudas con lo que se pretende cobrar en el IVA en materia de educación y de salud. Sentimos que debían buscarse otras alternativas, si lo que se quiere es llenar ese 2.5% que se requiere del PIB, y no afectar el acceso de la clase media a esos servicios, lo que eventualmente podría provocar una saturación de los servicios de la Caja del Seguro Social, que ya de por si están bastante mal”.

“Luchamos –agregó- para excluir del IVA, por ejemplo, a colegios subvencionados por el Estado. Creemos también que el monto exonerado que se está destinando para universidades privadas debería elevarse, de modo que no se vean afectadas las carreras menos costosas. Y en materia de salud, hemos dicho que el impuesto debería ser al menos escalonado, y no mayor del 10%”.

Granados dijo que después de escuchar a diversos sectores, creen que hay un ambiente social y político favorable para dar el paso hacia la renta global (que grava todos los ingresos que se perciben durante el año).  Este es en definitiva el más progresivo de los impuestos que se podría generar en el campo de la renta, argumentó.

INACEPTABLE

Entretanto, el Frente Amplio (FA) calificó de “inaceptable” el plan oficial, por poner el mayor peso de la reforma en el IVA, lo cual afectaría a los sectores populares y medios del país.

Según la agrupación, es necesario desarrollar un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo nacional, que concluya en una reforma tributaria “justa y solidaria”. La reforma debe estar caracterizada por el principio de progresividad, de modo que sean los sectores de mayores ingresos, y en particular el financiero, los que contribuyan con una mayor carga tributaria, expresaron en una rueda de prensa el diputado José María Villalta, y el exdiputado José Merino.

En materia de impuesto sobre la renta, el FA propone que al menos el 70% de la recaudación provenga de impuestos a la riqueza. Además, incluir la renta global y mundial (para que todas las ganancias en el exterior de residentes en el país paguen impuestos). También que el sector financiero pague el 35% o el 40% de impuesto sobre la renta; gravar con 20% las remesas y los intereses generados por títulos valores que sean propiedad de los grupos financieros; y crear un impuesto del 0.05% sobre las transacciones interbancarias de carácter especulativo (tasa Tobin), entre otras propuestas.

Economista Leiner Vargas:

Salud y educación deben incluirse en canasta básica

El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, hizo una propuesta de reforma fiscal, que junto a coincidencias contiene señaladas diferencias con la propuesta de reforma tributaria del Gobierno.

Una de las coincidencias con el planteamiento oficial, es que es absolutamente necesario modernizar el sistema de administración tributaria. En ese sentido, parece un paso en la dirección correcta el traslado de un impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado (IVA), dijo Leiner Vargas, uno de los economistas del CINPE.

Una coincidencia más, es que es absolutamente necesaria una cultura tributaria, que elimine -hasta donde sea posible-  impuestos cuyo costo de recaudación es mayor que la recaudación misma.

Otro punto importante es que el hecho generador de la renta debe dejar de ser discriminatorio: las rentas deben tener una concepción global, no debería hacerse diferencia en el hecho generador de la renta y exonerar a unos de una forma o de otra. Es decir, que da lo mismo si la renta se genera a través de intereses, o a través de ganancias de capital, o de una actividad lucrativa, comercial o productiva.

Acerca de las diferencias con la propuesta oficial, Vargas señaló que “lo primero es que creemos que es necesario considerar con mucho más cuidado la canasta exonerada. Es insuficiente la propuesta de Hacienda de exonerar una canasta básica de consumo familiar. Habría que incluir otros bienes y servicios de primera necesidad, que si bien es cierto no los consumen solo las familias pobres, sí son actividades que merecen estar excluidas. Por ejemplo, temas de salud, y la canasta de educación, que hay que considerarla con mucho cuidado. Además, los consumos asociados a los sectores vulnerables, no solo los más pobres, sino también las mujeres, niños, etc. Asimismo,  aquellas actividades que favorezcan la ciencia y la tecnología, o la protección del medio ambiente.

“En el contexto de la canasta creemos que el debate ha estado muy centrado en los más pobres, o en los miserables, por decirlo así, y no en un contexto de “bienes meritorios” que deberían considerarse”, explicó.

REGRESIVIDAD MAYÚSCULA

Otro cuestionamiento es que el tema de la política fiscal no solo debe verse por el lado de los impuestos nuevos, sino por el lado de los impuestos que no se recaudan.

“El compromiso en este campo debe ser mayor, porque hay mucho más margen para ampliar la recaudación, y creemos que si ese compromiso es mayor, no es necesario pasar del 13 al 14% en el IVA”, puntualizó.

“Sí creemos que la carga tributaria tiene que aumentar de manera sustantiva. Debería llegar por lo menos al 20%. No es posible sostener un Estado como el que queremos,  con un financiamiento como el que tenemos”.

“Ahora bien, nos parece que la propuesta del Gobierno sobrecarga su peso en los sectores medios y debe haber más racionalidad en el proceso, sobre todo porque el impuesto más regresivo no es el impuesto que se recauda, sino el que se deja de recaudar. O sea, que la progresividad del sistema tributario básicamente está en la eficiencia del sistema. Yo le creo a lo que acaban de decir nuestros colegas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, en el sentido de que el gran problema es que se asume que se está recaudando la totalidad, y lamentablemente en nuestro sistema el eslabón más débil es la defraudación fiscal o la no recaudación de la totalidad del impuesto”, detalló.

En su criterio, si se le agrega ese elemento a la estructura tributaria, cualquiera que sea la estructura, con IVA o sin este, la regresividad es mayúscula.

Por eso, piensa que hay que aumentar la carga tributaria y para eso hay que tener una nueva modalidad de impuesto, y seguramente uniformar los impuestos como se ha propuesto en la ley.

No obstante, Vargas cree que debe haber un compromiso más claro y sólido en materia de evasión, y debe haber una consideración especial por los bienes meritorios que en este momento no se están reconociendo en la propuesta”.