Informaciones periodísticas de las últimas semanas, cuestionan varios contratos firmados entre el Ministerio de Salud y la UCR.
Las ocho contrataciones directas que hizo por más de ¢900 millones el Ministerio de Salud con la Universidad de Costa Rica (UCR) tendientes reestructurar su modelo organizativo, serán investigadas por la Oficina de Contraloría Universitaria y la Rectoría, tras un acuerdo que tomó el Consejo Universitario de este centro de estudios el pasado 4 de marzo.
El órgano legislador de la UCR tomó la decisión en medio de una serie de cuestionamientos surgidos al respecto en varios reportajes publicados en los últimos días en algunos medios de comunicación, tema sobre el cual este Semanario informó desde agosto del 2009.
Las críticas a dichas contrataciones tienen que ver tanto con aspectos de forma, como de contenido -en cuanto a los objetivos- de los contratos, ejecutados por medio del Programa de Investigación y Desarrollo de la Ingeniería Industrial (PROIDII) de la UCR, a cargo de Armando Castro.
En este contexto, UNIVERSIDAD publicó el 26 de agosto (edición 1819) “Reestructuración en Ministerio de Salud provoca efervescencia”, el cual detalló el malestar entre empleados de esa entidad por los cambios en el modelo de “desarrollo organizacional” propiciado por las consultorías contratadas.
Una semana después, en la información “Jefaturas del Ministerio de Salud defienden reorganización”, varios jefes de oficinas regionales, directores y otros funcionarios, acuerparon a las autoridades de salud y resaltaron las bondades de las reformas administrativas.
Mientras tanto, el 17 de febrero salió publicado “Jerarcas del Ministerio de Salud chocan con auditores por informes”, en el que salió a flote el evidente malestar de esas autoridades con los auditores que analizaron y cuestionaron los ocho contratos con la UCR, por su forma y los alcances.
En esta última información, se dio a conocer la descalificación profesional que hicieron las jerarcas del Ministerio, hacia el equipo de la Dirección General de Auditoría, hasta el punto de ordenar una investigación para determinar si existen causales de responsabilidad administrativa.
Retomados a principios de marzo estos hechos por algunos medios de comunicación, las publicaciones salpicaron a la UCR como contraparte del Ministerio de Salud en estas contrataciones.
Contrataciones sin que mediara una justificación para que se hiciera directa (sin oír otras ofertas), relaciones afectivas entre miembros que dirigieron los equipos institucionales, y “reciclamiento” de un proyecto similar ejecutado en Honduras por consultores que participaron en el proyecto aplicado en Costa Rica, son algunas de las denuncias expuestas por los medios de prensa.
A INVESTIGAR
Frente a los cuestionamientos, el Consejo Universitario solicitó a la Rectoría y a la Contraloría Universitaria que presenten a más tardar en 22 días, un informe sobre el funcionamiento de los contratos suscritos entre la UCR y el Ministerio de Salud.
En un boletín de prensa de ese órgano, se informa que “el Plenario determinó que el informe debe contener: un estudio del presupuesto y su distribución en los proyectos del Convenio, un análisis de los pagos realizados, bajo qué conceptos se hicieron, su legalidad y justificación, así como el nombre de las personas que determinaron y autorizaron los montos pagados”.
De igual manera, la directriz pide que el informe contenga un análisis sobre el cumplimiento del contrato en términos de la calidad de los productos y servicios ofrecidos, y de los planes de trabajo, tomando en cuenta el impedimento de la superposición horaria.
La gestión del Consejo Universitario tiene como objetivo fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y sana administración que han caracterizado a la UCR a lo largo de sus 70 años de historia.
Dadas las informaciones aparecidas en la prensa, la rectora de la UCR, Yamileth González García, y la directora de la Escuela de Ingeniería Industrial (a la cual está adscrito el PROIDII), Carolina Vásquez Soto, explicaron en una conferencia el pasado 5 de marzo el marco institucional en que se dan actividades de vínculo externo (con la sociedad), como las referidas contrataciones.
La rectora González García destacó que entre el 35% y el 40% de los recursos institucionales provienen de la venta de más de mil proyectos de servicios relacionados con investigación, acción social o docencia. Los contratos con el Ministerio de Salud se desarrollan en este ámbito y pasan por todos los controles que establece la UCR, aseguró.
Ante preguntas de los periodistas, la directora de la Escuela de Ingeniería Industrial, Carolina Vásquez, aclaró que la coordinación que ha ejercido el PROIDII en el cumplimiento de los contratos, ha estado fiscalizada por esa unidad académica y por otras instancias de la UCR.
La Directora reconoció que aproximadamente un 60% de los montos de los contratos se destinan a la remuneración de los consultores, mediante el pago de honorarios profesionales o por complementos salariales.
De acuerdo con información dada por el coordinador del PROIDII –Armando Castro- en una asamblea de escuela en setiembre pasado y a la cual este Semanario tuvo acceso, en los tres años de contratos entre la UCR y el Ministerio de Salud, uno de los consultores ha tenido ingresos por ¢80 millones, mientras que Castro ocupa un segundo lugar con ¢62 millones, seguido por otro con ¢34 millones.
AUDITORÍAS
Justo la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, en uno de sus informes que cuestionan las autoridades de la institución, reprocha que al suscribir las contrataciones no se hacen las justificaciones financieras que impone el reglamento de contratación administrativa para el sector público.
La auditoría lamentó que al existir ausencia de precios de mercado previo a la contratación, así como un análisis de razones para contratar directamente a la UCR, queda la incertidumbre de si contrató al mejor precio del mercado y al mejor proveedor de este servicio.
Por otra parte, en una conferencia de prensa que se celebró casi a la misma hora de la realizada por la Rectoría de la UCR, la ministra Ávila Agüero defendió las actuaciones de esa entidad en estos contratos, según informó el Diario Extra del 6 de marzo.
La funcionaria anunció que si la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) no cumplía con denunciar estos contratos –como lo ha advertido- ante el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética, ella misma lo hará, con el fin de que se aclaren las dudas.
Ávila descartó que el proyecto desarrollado por la UCR fuera una copia de otro similar desarrollado en Honduras por la directora general de salud, Rossana García, en su calidad de consultora privada, trabajo en el que participó también el coordinador del PROIDII de la UCR, Armando Castro.
