Se avecina la discusión en la Asamblea Legislativa del polémico y «renovado» Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos para establecer una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley.
El grupo «Colectivo Pablo Presbere» es uno de los mayores opositores de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. Esta es una de las ilustraciones que sobre el tema usan en sus boletines.
El Gobierno sometió a una «limpieza» semántica el «Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el establecimiento de una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» (AICL), y eliminó las referencias que pudieran darle una connotación militar al cuestionado proyecto.
Con una serie de cambios «cosméticos» que le incorporó el Poder Ejecutivo en los últimos meses, el texto fue puesto en el primer lugar de la agenda de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, para ser analizado desde el 24 de junio y someterlo luego a votación en el plenario.
Cabe recordar, que el compromiso preliminar para instalar en Costa Rica dicha escuela, fue firmado el 6 de junio de 2002 por el Ministro de Seguridad Pública -Rogelio Ramos- y el embajador estadounidense -John Danilovich-; mientras tanto, en ese acto el mandatario Abel Pacheco fue «testigo de honor».
Pacheco adquirió el compromiso de respaldar esta propuesta -la cual tiene como antecedente la desaparecida «Escuela Internacional de las Américas»-, tras reunirse por primera vez como mandatario con el presidente de Estados Unidos -G.W. Bush-.
Pese al «nuevo ropaje» con que fue presentado a la Asamblea Legislativa, el plan mantiene los privilegios diplomáticos que se le otorgarán al personal estadounidense que forme parte de la academia y obligará al país a financiar las instalaciones (más de ¢200 millones) que funcionarán como sede.
Por estas razones y otras, diversas personas y grupos -como el Colectivo Pablo Presbere- expresaron su oposición a que esta opere en territorio costarricense (ver «Maquila de militares», edición 1487, y «Una escuela no muy deseada», edición 1491, de este Semanario).
Al jerarca del Ministerio de Seguridad Pública -Rogelio Ramos- se le enviaron desde el jueves 19 de junio varias preguntas sobre el tema y al cierre de edición (23 de junio) no había respondido. A las 4:30 p.m. del lunes aseguró a este redactor que designó a unos de sus subalternos para contestarlas y que las enviarían apenas las tuvieran listas.
«AUNQUE LA MONA…»
Dada la controversia que despertó el texto inicial del proyecto, el Poder Ejecutivo le hizo algunas correcciones de forma, que le fueron agregadas mediante un acuerdo suplementario de enmienda. Este documento fue refrendado por las partes el 8 de abril pasado y publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 de mayo.
Tras los cambios, al expediente No. 15.215 se le puede aplicar el refrán de que «aunque la mona se vista de seda…mona se queda», pues el contenido sigue igual.
No obstante, en la justificación del proyecto se alega que para la persecución de algunos delitos transnacionales, se «requiere de una serie de herramientas técnicas en manos de los funcionarios responsables de la aplicación de la justicia criminal en cada ordenamiento jurídico».
Así, «la Academia propuesta en este proyecto, dentro de un estricto marco de formación civilista, respetuosa del estado de derecho e inspirada unívocamente en la preeminencia de los derechos humanos, pretende, a partir de su sede en Costa Rica, servir de centro de capacitación, intercambio de experiencia y retroalimentación de operadores jurídicos del Hemisferio Occidental dedicados en cada país a la persecución y castigo de todo tipo de criminalidad transnacional».
En vista de que otras academias similares en el mundo se han caracterizado por la formación militar que imparten, los promotores de la versión costarricense incluyeron en el nuevo texto modificado la aclaración de que «la AICL no es una academia militar, no impartirá capacitación de índole militar ni conexa con la actividad militar».
Agregaron que «si bien no se consigna en el acuerdo original alusión alguna que permitiera interpretar que la Academia impartiría instrucción militar o conexa con esa materia, no se indicó directamente su estricto carácter no militar, y por lo tanto la imposibilidad de desviar los objetivos de capacitación y otras actividades de esta hacia acciones de formación militar o vinculada con actividades militares».
A partir de estos lineamientos, las partes sostienen que «el centro de atención de la Academia es la actividad jurisdiccional del Estado, no solo enfocada desde la óptica propia del Poder Judicial, sino aplicada a la formación de los cuadros administrativos que tienen relación con la prevención de los delitos».
LOS MISMOS PRIVILEGIOS
En relación con los privilegios que tendrá el personal estadounidense que trabaje en esta academia, está el otorgamiento del rango de diplomáticos. Además, estarán -al igual que los estudiantes foráneos- exentos de «cualquier impuesto determinado por las leyes de Costa Rica», ya sea por concepto de pagos recibidos, alquileres, visas, cargas sociales, o bienes importados.
Asimismo, la escuela tendrá un programa dirigido por una persona estadounidense, en tanto que la administración de las instalaciones, así como el manejo de los funcionarios nacionales, estarán a cargo de una persona costarricense.
Por otra parte, preocupados por las consecuencias que podría tener para Costa Rica la operación de esta academia, el Colectivo Pablo Presbere organizó recientemente un foro en la Universidad de Costa Rica (UCR).
El profesor de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos Sociales y de la Escuela de Geografía de la UCR -Warren Crowther-, advirtió del peligro y descrédito que representa para la imagen del país la instalación de ese centro de capacitación.
Con 23 años de vivir en Costa Rica, Crowther es un jubilado que trabajó en casi 40 países en proyectos de Naciones Unidas.
Gracias a sus amplios conocimientos de otras naciones, dijo que entre las cosas que más distinguen al país están su carencia de ejército, su ausencia de guerras y su desarrollo social.
En su criterio, con la instalación de la academia este prestigio se verá afectado e incluso el suelo nacional se podría convertir en un «blanco suave» de los delincuentes internacionales; es decir, por su indefensión, terroristas, narcotraficantes y otro tipo de delincuentes podrían atacarlo en represalia por la academia y la capacitación de quienes los perseguirán en sus respectivos países.
Entre los delitos que se estudiarán en esa escuela están el tráfico internacional de estupefacientes, la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, el terrorismo internacional, los delitos financieros, el delito cibernético, el tráfico internacional de seres humanos y armas de fuego, y la migración ilegal.
La discusión de este proyecto en el plenario legislativo, sin duda generará una discusión acalorada que quizá entrabe el trámite.
