Municipalidades aseguran que estaban dispuestas a reducir los impuestos en un 40%, pero la Asamblea Legislativa decretó que fuera solo del 30%.
Organizaciones de agricultores, cooperativas agrícolas y representantes de empresas agroindustriales, se unieron para exigirle a la Asamblea Legislativa que reduzca en un 80% el impuesto de bienes inmuebles que se viene aplicando a las tierras de uso agrícola.
Según denunció el sector en una conferencia de prensa conjunta, la aplicación de la ley de bienes inmuebles reformada desde 2007, ha incrementado hasta en 4000 veces el valor de las tierras y los impuestos que deben pagar los agricultores.
Para presionar por un cambio inmediato, el sector agrícola anunció que tomará las calles de San José en la manifestación “más grande” de campesinos y productores que ha visto el país, el próximo 31 de julio.
En contraste, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ha hecho un llamado al diálogo y la búsqueda de consensos, pues consideran que una reducción en los presupuestos municipales por la disminución del impuesto, afecta a toda la ciudadanía.
AGRO UNIDO
El anuncio de movilización, por parte del sector agrícola, logró reunir a los jerarcas de entidades como el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPA Nacional), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, y otros grupos de productores.
Jesús Villalobos, presidente del CONACOOP, explicó que la última reforma a la ley de bienes inmuebles hizo que la valoración de las tierras agrícolas haya crecido en algunos casos hasta en un 10.000%, con el consiguiente aumento en los impuestos.
Según Villalobos, uno de los principales problemas con la valoración de tierras que se puso en vigencia, es que no consideran las particularidades en el uso del suelo, por lo que los agricultores ahora sufren de los mismos aumentos que otros sectores.
“No es justo que con la misma vara que se mide el impuesto para un terreno dedicado a fines comerciales, residenciales y hoteles cinco estrellas, se cobre por la tierra que los campesinos dedican a garantizar la seguridad alimentaria de toda la nación”, afirmó.
A manera de ejemplo, mencionó que quienes más recienten el aumento de este impuesto son los pequeños propietarios, ya que en el caso de un dueño de 10 hectáreas, pasó de pagar ¢75.000 anualmente, a pagar ¢750.000.
Villalobos reclamó que a los de por sí altos costos de producción que tienen los agricultores costarricenses, se suma el incremento desproporcionado de este impuesto, que se convierte en un obstáculo más a la competitividad.
“Necesitamos aumentar la productividad, la innovación, la investigación y el desarrollo; si tenemos elementos que no permiten alcanzar esos niveles de equilibrio económico, pues tenemos que hacernos oír y sentir”, reclamó.
Por su parte, Guido Vargas, secretario general de la UPA Nacional, recordó que desde hace dos años se viene negociando para resolver esta “injusticia tributaria” y no ha sido posible, por la resistencia de las municipalidades y de algunos diputados “municipalistas” en la Asamblea Legislativa.
La propuesta del sector agropecuario es que se reduzca en un 80% la valoración de las tierras cuando estas sean de uso agrícola, para que así el impuesto por pagar sea menor al estipulado inicialmente.
Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se ha dictaminado un proyecto de ley que solo reduce el impuesto en un 50%, lo que las organizaciones agrícolas todavía consideran como un monto excesivo.
Vargas argumentó que los impuestos y la valoración de las tierras se ha fijado con criterios urbanísticos, comerciales y en medio de un “boom inmobiliario”, lo que infló más de lo debido el monto por pagar para los terrenos agrícolas.
“Se nos tasa como si fuera desarrollo hotelero, turístico o comercial, pero ninguna cosa de esas es la agricultura. Nuestra agricultura es muy extensiva y poco rentable. El productor nacional no va a poder mantenerse en la actividad. Se verá totalmente afectada la parte alimentaria”, advirtió Vargas.
Sobre la movilización del 31 de julio, adelantó que será la “más grande que ha visto el país”, e indicó que los productores están dispuestos a quedarse incluso durante días en las afueras de la Asamblea Legislativa, hasta que se logre la reducción en los impuestos que ellos necesitan.
“Debemos tener claro que esta lucha no solo es por el beneficio de los agricultores, sino por el beneficio de toda la sociedad, pues no hay nada más importante que la seguridad alimentaria, la cual pone en riesgo la actual ley de bienes inmuebles”, expresó.
40%
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) salió al paso de lo señalado por el sector agrícola y aseguró que estaban dispuestos a que los impuestos bajaran hasta el 40%, pero que la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa tuvo un criterio distinto.
En el dictamen afirmativo del proyecto 18.070 (“Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”), los legisladores bajaron hasta un 50% los impuestos de bienes inmuebles para los terrenos agrícolas.
“En ese sentido, es importante insistir en el trabajo que ha realizado la UNGL para que este proyecto no afecte los ingresos de las municipalidades, especialmente de aquellos cantones rurales”, señaló la UNGL mediante un comunicado.
Los municipios hicieron un llamado al agro para que se establezca un diálogo y se encuentre una propuesta que “no perjudique a los vecinos y vecinas de los cantones”, con la reducción de los ingresos municipales.
“Nos parece importante que se aprueben proyectos que verdaderamente vengan a fortalecer al municipalismo. Los municipalistas siempre vamos a seguir luchando para fortalecernos de cara a brindar los mejores servicios hacia los diversos sectores y ciudadanos de nuestro país”, afirmó el presidente de la UNGL y alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez.
Álvaro Sáenz, de la Cámara de Agricultura:
“670.000 personas se ven afectadas con estos impuestos”
El presidente de la Cámara de Agricultura, Álvaro Sáenz, aseveró que el aumento desproporcionado de los impuestos a las tierras de uso agrícola afecta a cerca de 670.000 familias, que dependen de esta actividad en el país.
Sáenz sostiene que mantener los tributos tan altos, para el agro es una especie de “reforma agraria invertida”, ya que los productores que no puedan pagar los nuevos tributos terminarán perdiendo su medio de subsistencia.
“Los impuestos son 1000 veces lo que pagamos hoy y con eso las plantaciones grandes, que muchas son de cooperativas, las van a quebrar. Los grandes productores se van a ir a otros países a producir. Los piñeros se van a Colombia, los bananeros se van a ir a Honduras y Guatemala, creando pobreza en la zona rural”, advirtió Sáenz.
También insistió en el hecho de que a la actividad agrícola no se le pueden aplicar los mismos criterios que las zonas francas, y los sectores de servicios o turismo, donde los activos son de otro tipo, mientras que para los agricultores su activo y medio de producción es la tierra.
“También les pedimos a las municipalidades que no sean tan irresponsablemente populistas de estar diciendo que van a quebrar, porque este dinero no lo han recibido, es una expectativa que tienen, y segundo, porque solo se aplicaría esta disminución a las tierras que hayan sido valoradas con la plataforma, o sea, que hayan actualizado su valor”, expresó.
Sáenz detalló que ya 77 de los 81 municipios del país está actualizando las “plataformas de valor” para aplicar los nuevos impuestos, con lo que prácticamente han “acorralado” a los agricultores, que ya no tienen más opción que defender su actividad en las calles.
“En Costa Rica hay 160.000 agricultores inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social, a lo que se suman 100.000 productores independientes. Por eso podemos decir que esto está afectando a 670.000 personas que de alguna manera dependen de la agricultura”, agregó.
De igual manera, Sáenz reprochó a los disputados, porque “¿cómo es que le meten un impuesto a la tierra y luego quieren seguridad alimentaria?”.
