En abril y mayo fue la caída «corrida» de inversionistas y cotizantes de los fondos de inversión y de pensiones voluntarias. En junio, la intervención del Banco Elca S.A., debido a irregularidades. El 10 de agosto recién pasado, otra «corrida» de ahorrantes, esta vez del Banco de San José (BAC), a raíz de un rumor que luego fue declarado infundado por las autoridades financieras, y cuyo adecuado manejo por parte del banco -devolvió su dinero a quienes lo solicitaron- impidió que tuviera una consecuencia mayor.
¿Qué pasa en el mercado bancario y financiero tico?
La disputa o competencia por un mercado pequeño entre un puñado de actores, de los sectores público y privado, parece estar en el centro del problema. Pero esto, a su vez, expresaría el hecho de que no existe una dirección clara en cuanto al modelo económico a seguir.
Con una frase que ya se hizo célebre: «Todavía no existe mercado en nuestro país. No sé si llega a comisariato», expresada durante un reciente seminario (ver la edición 1586 de UNIVERSIDAD), José Manuel Arias, profesor de la Escuela de Economía de la UCR, buscó ilustrar el problema.
Tres grandes grupos -explicó- controlan el 50% del mercado, mientras la otra mitad se reparte entre entidades cuyo peso no sería relevante.
Dos de esos sectores son públicos: el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Banco Nacional; y los grupos financieros constituidos por el Banco Popular y el Banco de Costa Rica. Y el tercero, está constituido por los principales grupos financieros privados.
La «pelea» entre los tres más grandes bancos de este último sector, parece ser «cerrada», pues según la SUGEF, en el primer trimestre del 2004, obtuvieron ganancias muy similares: BAC San José, ¢1.299 millones; Banex, ¢1.186 millones; e Interfín, ¢1.185 millones (La Nación, 10/5/2004).
Estos mismos grupos financieros, públicos y privados, captan y manejan la mayor parte de los fondos de inversión y de pensiones, tanto obligatorias como voluntarias, a través de sus operadoras.
En el caso del retiro masivo ocurrido en abril y mayo, el gerente de BN-Vital, Ernesto Hip, consideró que el mercado tico era pequeño y vulnerable a un cambio tan radical como la «valoración a precios de mercado», que fue instaurada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en noviembre de 2002. (Ver UNIVERSIDAD 1576).
Antes de aplicarse esta normativa, los fondos de inversión y de pensiones se valoraban con una metodología llamada «al costo», según la cual el patrimonio de la cartera respectiva se valuaba como la suma de los precios a los que fueron adquiridos los títulos o valores en los cuales se invertían los fondos, más el efectivo en tránsito.
Con la valoración a precios de mercado, el valor de la participación de cada inversionista o cotizante (el «valor cuota») se modifica de acuerdo con los cambios en los precios de los valores que componen la cartera, que a veces serán mayores al monto inicial, a veces menores, según las fluctuaciones del mercado, no solo local sino internacional.
En su exposición, Arias también calificó al mercado financiero tico como «altamente influenciable, por no decir una palabra más fuerte» y criticó que se valoraran a precio de mercado los fondos de pensiones obligatorias, pues las personas no pueden retirarlos a voluntad. El CONASSIF, por su parte, inició una investigación para determinar si hubo manipulaciones por parte de algún grupo financiero.
Sin embargo, al preguntarle UNIVERSIDAD a Arias si se debería volver a la forma de valoración anterior, respondió: «No. Definitivamente, no.»
«La valoración va en la dirección correcta. Su puesta en práctica se hizo antes de que el país contara con el mercado -con la profundidad necesaria- adecuado para generar verdaderos precios de mercado, pues en las condiciones actuales es relativamente fácil que se influencien esos precios. Lo que necesitamos ahora son precios de mercado competitivo. Lograr eso es todo un reto, pues tenemos pocos agentes económicos y un grupito -aún más pequeño- de actores influyentes. Disparidad de actores», argumentó.
En igual sentido opinó Adolfo Rodríguez, encargado de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
«La valoración a precios de mercado es una forma de contabilizar lo que valen los títulos valores que componen el fondo, y a los afiliados les conviene saber cuánto valen. Contabilizar el valor de las carteras al costo, como se hacía antes, equivale a hacer lo del avestruz: no es que deje de haber pérdidas, simplemente es que quedan ocultas. Hay pacientes que prefieren que el médico no les diga cuando están enfermos. Si los inversionistas no quieren saber que tuvieron pérdidas, pues que no abran sus estados de cuenta; pero nuestra responsabilidad como reguladores es hacer que las operadoras de pensiones y a las sociedades administradoras de fondos de inversión no oculten las pérdidas. Por eso no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista decir que la valoración a precios de mercado es perjudicial para el inversionista: lo que es perjudicial es que tenga pérdidas, pero no que le digan que las tuvo. Y tener pérdidas y tener ganancias es inevitable cuando se invierte en el mercado de valores», dijo.
No obstante, el superintendente reconoció la necesidad de contar con mejores leyes para supervisar el mercado financiero e impedir manipulaciones .»Efectivamente, hace falta mejorar la legislación. En el caso de la SUGEVAL, es necesario un nuevo capítulo de sanciones y algunas otras modificaciones. La aplicación del capítulo de sanciones de nuestra ley actual está suspendida por la Sala Cuarta, porque alguien que sancionamos hace unos años interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Hay varios procesos administrativos abiertos, pero que no han concluido todavía», dijo.
Rodríguez también reveló que introducirán cambios en las reglas del mercado de valores. «Entre otras cosas, se van a imponer requisitos de idoneidad de los vendedores de fondos de inversión y se van a exigir planes de capacitación permanentes dirigidos a ellos; se van a hacer cambios en los sistemas de negociación y de valoración de las carteras; se va a exigir que los fondos de inversión de largo plazo tengan mecanismos que eviten que en ellos inviertan personas que requieren gran liquidez; se van a poner reglas de diversificación en deuda pública para que ningún fondo esté muy concentrado en alguna emisión. Y algunas otras medidas», agregó.
Por su parte, Arias consideró que las superintendencias «tienen bastantes herramientas legales. Los poderes dados a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) son plenos.»
Pero, coincidió con lo afirmado por Óscar Rodríguez Ulloa encargado de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en cuanto a la necesidad de nuevas leyes que amplíen la supervisión de las sucursales que los bancos ticos tienen fuera del país, conocidas como «off shore». (Ver UNIVERSIDAD 1583)
«De repente les faltan herramientas para las off-shore», dijo.
Según el Sexto Informe sobre el Estado de la Nación, en 1999 el 50% de los activos propiedad de los bancos domiciliados en Costa Rica -es decir, unos $1.350 millones – se encontraba en sus entidades off shore, mientras que la otra mitad estaba en el país.
En el 2002, el intendente General de Banca y Seguros, Juan Muñoz Giró, dijo a UNIVERSIDAD que esta estimación era «exagerada», y la bajó a «entre el 33% y el 35%», pero esto todavía significaba que al menos entre $750 millones y $875 millones del patrimonio de los bancos, estaba totalmente fuera del control tanto de la SUGEF como de Tributación Directa. Muñoz reconoció entonces que realmente,»no hay manera todavía de poder cuantificar eso.» Los bancos solo pagan, como impuesto por el funcionamiento de sus off shore, un canon de $125 mil.
Fortalecer la supervisión de estas sucursales permitiría a la SUGEF conocer mejor, y a tiempo, la situación real de los grupos financieros e impedir que ocurran situaciones anómalas, como el ocultamiento de deudas que ocurrió con el quebrado Banco Federado.
«BACK TO BACK»
Pero existe otro mecanismo por el cual, como sucedió en el intervenido Banco Elca S. A., una empresa puede disimular una mala situación financiera. Se trata de la operación llamada «back to back», también conocida como de «escudo fiscal»: la ley permite a las empresas o personas pagar únicamente un 8% de impuesto sobre los intereses de sus inversiones en títulos valores, en vez del 30% del impuesto sobre la renta. Los intereses devengados por títulos valores en dólares no están sujetos al pago de impuestos.
En el caso del Banco Elca S. A. la investigación de la SUGEF determinó que «realizó operaciones «back to back» por $23.8 millones, que le permitieron no revelar su situación financiera real al 31 de mayo del 2004, debido a que, de no haberse realizado dichas operaciones, ese banco se hubiera ubicado en grado de irregularidad dos y no en grado de normalidad.»
UNIVERSIDAD preguntó a Arias si en el marco del actual debate de una reforma fiscal, y para lograr una mayor transparencia del sistema financiero, este mecanismo debería eliminarse o limitarse, pero su respuesta fue: «No. En el marco actual no deben agregarse más temas álgidos, pues la reforma no saldría nunca.»
COMPETENCIA «IMPERFECTA»
En un mercado de pocos actores y gran competencia, como el tico, ¿puede el rumor convertirse en un arma de la competencia? ¿Fue esto lo que vivió el BAC San José, el 10 de agosto pasado?
UNIVERSIDAD intentó, infructuosamente, obtener la opinión de su gerente general, Gerardo Corrales, desde la semana pasada. No obstante, en un comunicado destinado a sus clientes, en el cual se explica por qué el rumor no tenía fundamento, también se dice:
«Nos duele ver cómo gente inescrupulosa es capaz de articular un rumor de este tipo para dañar un buen nombre que hemos construido durante más de 50 años de actividades financieras en la región.» (http://www.baconline.com)
Por su parte, el jefe de la SUGEVAL, opinó que «a la competencia no le conviene desatar un rumor así, porque todo el sistema financiero se ve afectado.» Agregó que, además, «el BAC San José salió muy fortalecido de esta experiencia, porque reaccionó con gran transparencia y decisión. El país pudo ver no sólo el respaldo de liquidez con que contó, sino también su capacidad gerencial.»
No obstante, Arias fue menos contundente: «Del origen del rumor puedo especular mucho, sin concluir algo. Prefiero no hacerlo. Experiencias vividas en Costa Rica permiten concluir que el rumor sí puede ser usado como herramienta -muy deshonesta- para desestabilizar a algún agente financiero, cuyo éxito depende en gran medida de la confianza del público. Esa situación refleja la ignorancia que en materia financiero-bancaria tiene nuestro público. Es necesario educar.»
El economista Luis Paulino Vargas, profesor de la UNED y de la UCR, enfocó el tema desde otro ángulo.
«Ciertamente el mercado financiero y bancario es no solamente muy pequeño sino que ha sido prácticamente artesanal. Pero estas características -en especial su escasa vinculación a los mercados financieros internacionales- han implicado en el pasado una verdadera garantía: ello ha impedido que las grandes crisis financieras de los 90 e inicios de los años 2000 impacten directamente en Costa Rica. Es posible, sin embargo, que en las circunstancias actuales, esa relativa pequeñez esté generando problemas. Ciertamente es un mercado manipulable y, aún sin tal manipulación, es susceptible de «rumores» que podrían causar problemas importantes», expresó.
Por su parte, Anabelle Ulate, experta en finanzas internacionales, de la UCR, consideró que los rumores pueden ser dañinos «independientemente del tamaño del mercado.»
«Me pregunto por qué la banca privada ha tardado tanto en establecer un seguro bancario. ¿Qué impedimento legal existe para que el Instituto Nacional de Seguros le venda el servicio a la banca privada?»
Y en este punto, parece que nos acercamos al «quid» de la cuestión: si el fin de los bancos privados es ganar dinero, ¿qué papel debe tener la banca pública en el país? ¿Cuáles deben ser el peso y las funciones de los bancos estatales y privados, respectivamente?
Luego de sucesivas leyes por las que se desnacionalizó la banca, el destino final del modelo instaurado después de la Revolución del 48, podría jugarse en el proyecto «Reformas de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y Otras Leyes», Expediente Nº 14.286, presentado por el Banco Central, que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
A pesar del gran crecimiento de la banca privada, desde que la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (AID), presionó por el desmantelamiento de la banca pública, en la década de los 80, diversos estudios han mostrado que la gente prefiere confiar sus ahorros a los bancos estatales, debido a que están protegidos contra posibles quiebras, garantía que los bancos particulares no ofrecen.
El proyecto de reformas promovido por el Banco Central y la banca privada, incluye crear un fondo para garantizar -con recursos públicos- los ahorros que las personas depositen en los bancos particulares y reducir de 10% a 7% el depósito que estos bancos deben hacer en la banca estatal, a cambio del derecho a manejar cuentas corrientes.
Además, plantea eliminar los «encajes» -o reservas de garantía- que hoy deben guardar por los ahorros y captaciones a plazos de cinco años, así como los requisitos para que los bancos privados puedan acceder al «redescuento» (letras o pagarés a corto plazo, endosados, que han sido descontados por instituciones financieras privadas e ingresan al Banco Central).
Los privados también quieren que se elimine la prerrogativa que la ley vigente otorga de manera exclusiva a la banca pública, de ser la única autorizada para transar los dólares que manejan instituciones públicas como la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Simultáneamente, el proyecto aboga por una autonomía completa del Banco Central con respecto al Gobierno. Para ello propone que el Ministro de Hacienda tenga voz, mas no voto, como ocurre hoy, en la junta directiva de ese banco, y que su presidente sea nombrado por 90 meses, en lugar de los cuatro años que dura una administración.
También plantea limitar a casos de «calamidad pública», el uso de instrumentos temporales de la política monetaria, como la compra de bonos del Tesoro.
Pero este proyecto es cuestionado por los diputados Luis Gerardo Villanueva, del Partido Liberación Nacional, y Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana, integrantes de la Comisión, quienes presentaron un texto sustitutivo que quedó en minoría.
Si bien esta propuesta acepta que se instituya un fondo de garantía para quienes ahorran en la banca privada, establece que el dinero sea proporcionado por las propias entidades privadas y no por el Estado. Además, pide que esta fórmula se extienda a las cooperativas y mutuales.
Este proyecto tampoco acepta la eliminación de los encajes ni de los requisitos para el redescuento. Además, mantiene la exclusividad de la banca pública en la transacción de dólares de las entidades estatales, así como el «peaje» de 17% sobre los ahorros del público que captan los bancos privados, pero propone que la banca pública destine estos recursos a reforzar su función original, de apoyar el desarrollo.
Por último, el texto de minoría rechaza las propuestas que buscan dar una completa autonomía al Banco Central o restringir el uso de los instrumentos temporales de la política monetaria.
Como se ve, las dos posiciones expresan visiones encontradas acerca del papel -predominante o secundario- que debe jugar la banca estatal frente a la privada. Se trata de una decisión que tendría consecuencias fundamentales para el país y, puesto que no hay consenso, la discusión legislativa no avanza.
¿QUÉ MODELO QUEREMOS?
El economista Vargas añade un nuevo elemento al análisis, en la forma de una inquietante pregunta: «¿No podría estar el sistema financiero costarricense al borde de una situación problemática después de varios años de furor especulativo alrededor de la inversión inmobiliaria y el crédito de consumo, entre otros posibles frentes donde parecen haberse dado burbujas especulativas? Que las entidades de supervisión no hayan dicho nada al respecto, no da garantía de nada. Primero, porque su estrategia es siempre minimizar los problemas ante el público a fin de «prevenir el pánico» y, segundo, y más importante, porque se ha puesto en evidencia que estos sistemas de supervisión son de eficacia bastante relativa, de confiabilidad muy discutible. Cosa que, por cierto, no constituye un problema privativo de Costa Rica.»
Agregó que «en el fondo, esto plantea grandes interrogantes acerca de las formas de desarrollo que el país sigue, entre cuyas características distintivas se encuentra el despilfarro del escaso ahorro nacional en usos no productivos, concomitante a la tendencia del sistema hacia la especulación y el consumo. Ello implica, a un tiempo, despilfarro (por tanto, posposición del desarrollo sobre bases al menos relativamente sólidas y equilibradas) e introducción de factores de inestabilidad que en cualquier momento se ponen de manifiesto y que, sin duda, comportan riesgos de crisis.»
