Los recursos naturales disponibles en los 51.100 kilómetros cuadrados del territorio nacional tienen un límite máximo, como todo en la vida. Hay un tope en los bosques, en los recursos pesqueros y en la capacidad de absorber el carbono que liberamos.
En Costa Rica hace décadas superamos esos topes y la situación de los recursos naturales no parece mejorar.
El vigesimoprimer Informe Estado de la Nación analizó el desempeño ambiental del país en el 2014 y destacó que Costa Rica es un país ambientalmente insostenible, pues le exigimos a nuestro territorio mucho más de lo que puede ofrecernos.
«Esta situación atenta contra el más básico concepto de sostenibilidad, es decir, emplear los recursos hoy, sin comprometer su disponibilidad para las futuras generaciones», apunta el Capítulo Ambiental del Informe.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores del programa analizaron la huella ecológica del país contra su biocapacidad.
En palabras sencillas, la huella ecológica pretende dar cuenta del comportamiento ambiental en su conjunto. En el Informe, este indicador considera seis tipos de aprovechamiento de los recursos (forestal, agrícola, infraestructura, pastoreo, absorción de carbono y pesca) y lo toma como una medición del uso real en un año por persona. De este modo, es una llamada de atención personal a cada costarricense.
Por su parte, la biocapacidad es la cantidad de territorio disponible para esos usos.
Según la investigación del Informe, en el 2014 esta brecha entre lo que consumimos y lo que deberíamos consumir se mantuvo igual a la de 2013, en un 8%. Esto significa que cada costarricense utilizó un 8% más de recursos de lo que el territorio es capaz de reponer.
«Esta huella ecológica está muy relacionada con la huella de carbono, que también está relacionada con el impacto del sector transporte», apunta la investigadora Karen Chacón, quien lideró este informe.
Esto está relacionado con el consumo de energía del país, algo que dista de ser limpio. Si bien Costa Rica tiene una matriz eléctrica basada en renovables, la energía como tal del país sigue basada en el consumo de hidrocarburos.
La información que aporta el Estado de la Nación señala que la huella ecológica es problema reciente en la historia nacional. Durante gran parte de siglo XX, el país se mantuvo muy por debajo de su capacidad de consumo de los recursos naturales.
Sin embargo, a partir de la década de 1990 esta tendencia se revirtió por el crecimiento de la población que demanda esos recursos y porque estos se van agotando.
La investigadora explica que el país está en condiciones de revertir esta tendencia de impacto ambiental negativo si logra tomar acciones claras en términos de su modelo de transporte, pasando a un uso más intensivo de la modalidad pública.
«Si Costa Rica quiere entrarle a reducir la huella ecológica y ser una economía baja en carbono tiene que entrarle al gasto en transporte, pero en este momento no se está haciendo», apuntó Chacón.
Esto pasa no por mejorar únicamente el estado de las carreteras en el país, sino que urge hacer cambios en el transporte público para poder modificar el camino que toma el país.
Según datos presentados por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la construcción de un tren eléctrico en Costa Rica podría reducir las emisiones de dióxido de carbono del país en casi un 14%, lo que tendría un impacto favorable en la huella de carbono del país.
La energía sucia del país
Los costarricenses siempre han alardeado de la limpieza de su matriz eléctrica, basada en la producción con la fuerza de los ríos, el calor de la tierra (en geotermia) y el empuje del viento. Este año, el país cumplió 255 días de iluminar sus casas con energía totalmente renovable.
Sin embargo, del consumo total de energía se abasteció en un 72,1% con hidrocarburos, lo que hace que nuestra matriz energética es realmente más sucia de lo que pensamos.
«Costa Rica mantiene la misma composición de la matriz energética, muy dependiente de los combustibles fósiles y esto está ligado al principal consumidor que es el sector transporte, algo que tiene que ver con el crecimiento de la flota vehicular», explicó Karen Chacón, investigadora del Capítulo Ambiental.
Esta carga ambiental está distribuida de un modo desproporcionado entre los usuarios de transporte privado y los que utilizan la modalidad pública.
«La mayor participación la tienen los vehículos particulares, las motocicletas y la carga pesada, que suman el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero», apuntó la investigadora.
Por su parte, solamente el 15% de las emisiones viene de buses, taxis y autobuses.
Los análisis del Estado de la Nación determinaron que el marco normativo del país establece obstáculos para la generación de una matriz energética más limpia y no se adapta a las nuevas tecnologías que surgen a nivel mundial, lo que representa una limitación para incentivar fuentes alternativas.
De las 117 leyes en materia de energía aprobadas desde 1950, la mayoría están centradas en hidrocarburos e hidroelectricidad.
«Si uno hace un análisis observando los artículos que componen cada una de estas leyes, tenemos que un 38% de estos artículos establecen disposiciones sobre hidrocarburos y gases y un 28% a energía hídrica», apunta Chacón.
«Esta huella ecológica está muy relacionada con la huella de carbono, que también está relacionada con el impacto del sector transporte».
Karen Chacón, Coordinadora del Capítulo Ambiental
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