Álvaro Morales, director del Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, Allan Astorga, Consultor Ambiental y Profesor de la Universidad de Costa Rica, y Anais Villalobos, Economista Ambiental, realizaron un cálculo de los perjuicios económicos que tendrá para el país el dragado en el San Juan y en especial en el sector de Calero e isla Los Portillos.

“Se trata de daños irreversibles con un costo casi inimaginable. Las propuestas de Nicaragua de una posible indemnización por los daños causados son una especie de confite para confundir a los jueces de la Corte Internacional de Justicia, pues creen que es muy baja”, alertó Morales.

Morales y los otros dos expertos se basaron para realizar el cálculo en un estudio de la Universidad de Rhode Island y de la USAID, en el que establecieron un parámetro de estimación del valor económico de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas de humedales, costeros y marinos.

Se trata de un valor establecido en dólares americanos por hectárea (ver recuadro 1: el valor de los servicios ambientales), que permitió a estos especialistas en temas de ambiente hacer una proyección de las consecuencias económicas derivadas de los trabajos realizados por Nicaragua en la zona que Costa Rica reclama como invadida por la vecina nación.

Los valores se establecen a nivel de tres escalas, local (60 hectáreas), subregional (650 hectáreas, 400 en Costa Rica y 250 en Nicaragua)  y regional (3.000 hectáreas en el Caribe Norte costarricense. (Ver recuadro 2: Cálculos en las tres escalas).
Morales dijo que la proyección del impacto económico sobre las 3.000 hectáreas del Caribe norte no incluyen los daños del lado nicaragüense, “ese es un problema de ellos”, indicó.

Dijo que en un escenario a diez años el costo sería de $600.000 millones y de al menos $120.000 millones a 100 años plazo.
Para hacer el cálculo, Morales, Astorga y Villalobos utilizaron como base un valor promedio por hectárea al año de $20.000, tomando en cuenta los alcances económicos de los servicios ambientales que dejarían de obtenerse debido al impacto del dragado.

(Ver recuadro 3: Costa Rica debe insistir en que hay daños irreversibles y en su costo)
Morales dijo a UNIVERSIDAD que en el caso de isla Calero e isla Los Portillos el impacto se da en las tres escalas mencionadas anteriormente.

Y añadió que aunque se pueden aplicar métodos de restauración en el futuro, este proceso es “oneroso y demasiado lento”.
La zona de 3.000 hectáreas que sufrirá el impacto en el futuro se caracteriza por su rica biodiversidad, como fuente generadora de oxígeno, de fijación de dióxido de carbono, de microorganismos, además de su belleza escénica, como refugio de anidación de tortugas, por su valor turístico, además que sirve de sustento económico para unas 40.000 personas que habitan en ese territorio, según apuntó Morales.

“Hay un enorme valor agregado,  pues incluso puede  ser de interés para la industria farmacéutica”, añadió.  “Cuando se causa el daño y el impacto ambiental, hay que tomar en cuenta que va a persistir durante el tiempo de vida útil del proyecto, por ejemplo si fuera una represa hidroeléctrica o un canal interoceánico”, dijo Morales.

“El daño ambiental es irreversible porque una vez alterado el sistema es muy difícil que, aun con un proceso de restauración, vuelva a ser igual a como estaba en su etapa natural”, señaló.

Morales advirtió que el dragado en el San Juan, sobre todo si es muy profundo, tendrá un fuerte impacto en el río Colorado, que pertenece a Costa Rica. “Habrá disminución en la pesca, hay riesgo de que se almacenen sedimentos sobre los arrecifes coralinos de isla Uvita en Limón, por la variación de las corrientes marinas”. “Por esta razón, Costa Rica en ningún momento debió permitir que se realizara el dragado sin antes contar con estudios serios del impacto ambiental que causarían esos trabajos. La invasión (a isla Calero) es un tema político, el dragado es un conflicto ambiental y un problema social”, señaló.

“Costa Rica debió oponerse desde un comienzo, jamás dar permiso, sin tener una estimación del costo económico del daño ambiental”, insistió Morales.

Dijo no entender por qué en la presentación inicial de la demanda contra Nicaragua en la Corte de La Haya, el equipo jurídico costarricense no denunció el daño irreversible que estaba haciendo Nicaragua para dar más sustento a la querella.
“Hubiera sido muy importante, porque seguramente habría llamado la atención de los jueces del tribunal internacional”, subrayó.

Morales dijo que el Gobierno de Costa Rica debió haber aprovechado el recurso elevado a la Corte, desde el mismo inicio, para introducir un capítulo del costo económico del daño ambiental como consecuencia del dragado en el sector de isla Calero y Los Portillos.

(Ver recuadro 4: Costa Rica y Nicaragua esperan dictamen de la Corte de La Haya)

El valor de los servicios ambientales

De acuerdo con los parámetros del estudio de la Universidad de Rhode Island, el cálculo del valor ambiental sería:

Estuarios:
Valor anual por hectárea:                $22.832
Pastos marinos y algas verdes:        $19.004
Arrecifes coralinos  de pantanos      $6.075
Zonas inundadas                            $19.580

Costo económico por escalas por daños en isla Calero, según los expertos

Escenario local:
A 10 años:                                       $12.000.000
A 100 años                                      $240.000.000
Escenario subregional                      
A 10 años                                        $130.000.000
A 100 años                                      $2.600.000.000
Escenario regional:   
A 10 años                                        $600.000.000
A 100 años                                      $120.000.000.000

Sin cálculo económico por daño

“Tengo la impresión de que cálculo económico  por daño ambiental no se presentó ante la Corte”, dice Allan Astorga.

Allan Astorga, profesor de la Universidad de Costa Rica y Consultor Ambientalista, dijo tener dudas de que el equipo jurídico de la Cancillería haya presentado ante la Corte de La Haya los cálculos del costo económico causado por el caso de isla Calero e isla Los Portillos.
“Tengo la impresión de que no se presentaron”, dijo Astorga a UNIVERSIDAD. En este sentido, dijo que considera conveniente y necesario que Costa Rica presente esas proyecciones.
“Desde  mi punto de vista sí, pues los nicaragüenses creen que son pantanos que no valen nada”, advirtió.
“Y como ellos creen que se trata de terrenos que no valen mucho supongo que parten de que los costos serán muy bajos”, dijo Astorga.
Astorga consideró que si la Corte de La Haya no dicta medidas cautelares contra Nicaragua para detener el daño ambiental en la zona en disputa “podría interpretarse como un error (de Costa Rica) el no haber denunciado desde un inicio el problema en la frontera con el río San Juan como un daño ambiental irreversible”.

Costa Rica y Nicaragua esperan dictamen de Corte de La Haya

Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua esperan un dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo fronterizo que enfrenta a los dos países desde octubre pasado, tras comparecer a una audiencia convocada por el tribunal del 11 al 13 de enero.
En esa audiencia, Costa Rica justificó su demanda contra su vecino, y este realizó su defensa y presentó sus argumentos sobre el conflicto.
Tras escuchar a las partes, el tribunal internacional dictará un fallo, que los dos países esperan con atención.