La pesca de arrastre provoca, entre otras cosas, que especies amenazadas como las tortugas sean capturadas. (Foto: PRETOMA)

Un proyecto de ley que propiciaría la creación de un Tribunal Administrativo de Pesca y Acuicultura recibe duros señalamientos por parte de instituciones del Estado, que no ven con buenos ojos la creación de dicha instancia, al considerarla innecesaria, y por la manera en que esta sería constituida.

El Tribunal, que tendría entre sus potestades la aplicación de sanciones administrativas de multa y gestión de cobro del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), estaría integrado por tres abogados con conocimientos en materia de pesca y procedimientos administrativos, elegidos por representantes del INCOPESCA, sector pesquero y acuicultores.

“Sería un tribunal sin objetividad alguna”, criticó Mariano Castro, asesor de la organización del Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) e integrante del Frente Por Nuestros Mares (FPNM).

La crítica de los sectores ambientales caló en el INCOPESCA, en donde el presidente de la junta directiva, Luis Dobles, señaló que la escogencia de dichos integrantes deberá pasar por otro filtro, para garantizar la imparcialidad. “Hay que buscar instancias objetivas que escojan a quienes lo integran”, acotó Dobles.

Pero, aunque se reforme la manera de seleccionar a los miembros integrantes del tribunal, Castro opina que las organizaciones no gubernamentales consideran que los cambios deben ser más profundos; “no creemos que si de repente se enmiendan partes, eso tenga apoyo; lo que consideramos es que no debería ir (el proyecto), que hay otras prioridades que no son estas; esto vendría a agravar todo lo que se viene acumulando por los años”, opinó.

SIN PRESUPUESTO

El tribunal funcionaría gracias a los fondos que pueda aportar el INCOPESCA; sin embargo, el presidente de dicha institución reconoció que no cuentan con los recursos para hacerle frente a la iniciativa.

“INCOPESCA no está en la posibilidad presupuestaria ni económica real, para poder asumir el pago de lo que significará un tribunal de esta naturaleza”, advirtió Dobles, quien propuso que sea el Ministerio de Hacienda el que destine los fondos para contrarrestar los gastos que significaría la apertura del órgano, que tendría entre otras funciones −según lo establece la iniciativa de ley− crear tres plazas equivalentes a la de un juez 1 del Poder Judicial, “con los respectivos beneficios e incentivos laborales que se reconocen para el mismo”.

“INCOPESCA pasa quejándose de que no puede realizar estudios o gestiones de licencias por la falta de recursos; entonces ¿cómo financiarían este tribunal?”, reclamó Castro, del FPNM.

ÓRGANO INNECESARIO

El Ministerio de Agricultura y Ganadería rechazó “ad portas” la iniciativa, mientras que la Procuraduría y Contraloría General de la República plantearon duros señalamientos en contra de la creación de dicha instancia; esto, sumado además a criterios negativos del Servicio Nacional de Guardacostas.

Las dudas surgen en cuanto a la verdadera necesidad de crear la instancia de resolución de conflictos, ya que el INCOPESCA goza de dichas facultades en la actualidad. Empero, para el presidente del INCOPESCA sí hay razones de peso para crear dicho tribunal. “Ahora los funcionarios tienen que sacar o dejar las funciones ordinarias que desarrollan, para poder cumplir con esta parte de los procedimientos administrativos, lo cual significa que los tribunales no conozcan, ni desarrollen las actividades permanentemente”.

Para Dobles, “eso significa que los procesos no son acelerados ni eficientes como deberían ser, porque no se cuentan con gente especializada a esta labor”.

Pese a las críticas vertidas en contra de la iniciativa, el texto presentado por el diputado Rodolfo Sotomayor se encuentra en la comisión de asuntos jurídicos desde junio del año anterior, a la espera de ser colocado en la agenda de discusión parlamentaria.

INCOPESCA navega sin rumbo

Las constantes denuncias en contra de la gestión de INCOPESCA provocan la exigencia de una intervención por parte de las autoridades de la Casa Presidencial, que paralelamente desde el 2011 creó la comisión de gobernanza marina, dando como resultado un dictamen en el que se solicita modernizar la institución.

Organizaciones no gubernamentales han denunciado desde hace varios años, presuntas irregularidades cometidas desde el seno de la junta directiva  de la institución, que es la  rectora en materia pesquera y que mayoritariamente está integrada por representantes de la pesca industrial.

En agosto anterior, Álvaro Moreno, antiguo empresario del sector camaronero, fue cesado como directivo de INCOPESCA por el Consejo de Gobierno, al atribuírsele principalmente conflicto de intereses, ya que es abogado y representaba a pescadores en procesos judiciales.

Meses después se nombró al empresario pesquero Mauricio González, ligado a las embarcaciones Franju II y III, las cuales son comúnmente observadas invadiendo las aguas protegidas del Parque Nacional Isla del Coco, según denuncias planteadas por el FPNM, que contabiliza al menos 40 reportes en contra de esas embarcaciones.

Aunada a las constantes denuncias de invasión de otras áreas protegidas, al ente le reprochan los sectores ambientalistas la falta de una clara política pesquera.

“No hay forma de que podamos concebir que este sea el ente rector de nuestros recursos marinos; nunca podrá ser objetivo ni propiciar la conservación, ni el uso de recursos públicos, ya que buscan beneficio propio y de su sector”, fustigó Mariano Castro, asesor del PRETOMA.

En este sentido, hay denuncias por mala administración de fondos públicos, como es el caso de la compra efectuada el año anterior, de 5 vehículos modelo 2012 a un costo aproximado de ¢130 millones, destinados para uso del presidente ejecutivo y el auditor interno. El caso fue hecho público por el diputado Claudio Monge, quien señaló que dicha compra violaba la directriz de austeridad y racionalidad del gasto, emitida por el Ejecutivo.

Diputado defendió barco sentenciado por pesca ilegal

El proponente del proyecto de creación de un Tribunal Administrativo de Pesca, Rodolfo Sotomayor, legislador del Partido Unidad Social Cristiana por la provincia de Puntarenas, en el pasado fue defensor de un barco condenado por la pesca ilegal.

Sotomayor figuró entre el 2008 y 2009, como abogado del barco atunero con bandera panameña Tiuna, capturado en enero del 2008 cuando pescaba en aguas protegidas cercanas a la Isla del Coco. Al barco se le sorprendió a casi 10 millas náuticas al noreste del islote Manuelita de dicha isla, en el océano Pacífico; tenía al menos 280 toneladas de atún aleta amarilla vivo.

Tras un proceso administrativo de varios meses, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) concluyó que el capitán y el propietario del Tiuna violentaron la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, ya que el Parque Nacional Isla del Coco fue declarado desde 1998 patrimonio natural de la humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Además, el TAA sancionó el hecho con el pago de $686.000, monto muy lejano a los  $12 millones reclamados inicialmente por el Estado; al final solo se cancelaron $332.000.

El ahora diputado Sotomayor consideró en su momento que la suma reclamada por el país era muy elevada; “la pretensión económica está basada sobre supuestos no probados; existe una presunción irreal. El estudio de impacto ambiental no tiene constatados en este momento los hechos generadores de la deuda que se quiere que se pague por daño ambiental”, alegó.

El caso fue investigado también en los Tribunales penales. Pese a que se solicitó el criterio de Sotomayor sobre este tema, su asesora legislativa indicó que debido al proceso de elección de candidato presidencial del PUSC, el diputado no podría atender hasta concluido este. No obstante, al cierre de esta edición (martes 21 de mayo),  no atendió las consultas planteadas.