Crisis de seguridad social podría degenerar en conflictos políticos y sociales, advierten en foro en la UCR

Las largas filas y listas de espera en la seguridad social, son un problema que se debe atender con mayor transparencia para el asegurado,

Las largas filas y listas de espera en la seguridad social, son un problema que se debe atender con mayor transparencia para el asegurado, según los expertos. (Foto: archivo)

La crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría desencadenar grandes conflictos sociales y políticos en el país, si no se atiende adecuadamente.

Este fue uno de los varios temas que se presentaron durante el foro “Crisis del seguro de salud de la CCSS: Reflexiones y aportes desde la Universidad de Costa Rica” (UCR), que se realizó el pasado 28 de noviembre.

La actividad, organizada por el Consejo Universitario de la UCR, contó con la presencia de destacados universitarios en áreas como medicina, salud pública, tecnologías en salud, enfermería, derecho, y dos integrantes de la “Comisión de Notables” que analizó recientemente los problemas de la entidad.

A lo largo de los cuatro debates que se realizaron, los panelistas destacaron la enorme importancia que tiene para el desarrollo del país, el que se garantice la sostenibilidad del seguro social a largo plazo, pero en condiciones de calidad y servicio oportuno para todos sus asegurados.

CRISIS PROVOCADA

El profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, Adonay Arrieta, opinó que la actual crisis del seguro social fue premeditada, como parte de una estrategia para desmantelar el seguro social, en beneficio de sectores que se pueden beneficiar con las fallas del sistema público.

Para Arrieta, no tiene sentido pensar que personas que han sido probadas como administradores en grandes entes internacionales, no sabían lo que hacían al incrementar en un 30% la planilla de la CCSS.

“Y los que menos cuenta se dieron fueron los funcionarios de la Caja, que se dejaron engolosinar por prebendas y salarios”, criticó Arrieta.

El especialista en derecho considera que otro síntoma de la “alevosía” con que se ha actuado en el caso de la CCSS, es el crecimiento que ha mostrado la medicina privada en el país, que es la gran beneficiada por los “biombos” y otros problemas que afectan a la CCSS.

Arrieta también cuestionó la falta de transparencia respecto a algunos problemas como las “listas de espera”, pues considera que no hay un mecanismo que permita a los ciudadanos verificar si estas son reales o no, y bajo qué criterios se manejan.

Este punto también fue abordado en otro panel por la exministra de Salud, María del Rocío Sáenz, quien criticó que se llegara a crear una “gerencia” de listas de espera, de la cual no se conocen resultados, y que viene a “institucionalizar” el problema, en lugar de resolverlo.

“Las listas de espera muestran la incapacidad de incorporar en el sistema de salud los principios como la transparencia, sostenibilidad y participación social en la gestión de la seguridad social. Es la incapacidad en la respuesta a las necesidades de la población”, reprochó Sáenz.

La exjerarca de Salud coincidió con Arrieta en cuanto a la imposibilidad de la población de conocer con qué criterios se manejan las listas de espera, y recordó que no se trata de un asunto de mera administración, sino de un problema que incide directamente en la salud de las personas, que deben esperar meses y años por el tratamiento que necesitan.

AL BORDE DE OTRA CRISIS

El subdirector del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel, advirtió que la crisis de la seguridad social en el país podría desencadenar otras crisis políticas y sociales en el país,  dada la importancia que tiene la CCSS.

Vargas comentó que una crisis de la seguridad social no es algo que tenga que “contarse” a la gente, sino que la población la vive directamente y esto puede crear grandes tensiones, que lleven a una acción colectiva de grupos que no están usualmente organizados.

El analista también advirtió que esta coyuntura de crisis en la CCSS es particularmente peligrosa, ya que es un tema que puede ser muy atractivo para que los grupos políticos salgan a la cacería de votos, con discursos fáciles alrededor de este tema.

Además, señaló que una crisis como esta requiere de medidas que pueden ser impopulares, por lo que no es sencillo encontrar actores dispuestos a asumir el costo político o a ceder en las cuotas de poder que actualmente manejan.

En este mismo debate, el integrante de la Comisión de Notables, Pablo Sauma, argumentó que la Caja es una institución que se puede considerar “grande” en cualquier país de América Latina, dado que maneja un presupuesto anual que supera los $3.000 millones, por lo que requiere de un manejo distinto.

“La pulpería que era la Caja hace algunas décadas, se nos convirtió en un hipermercado,  pero la seguimos manejando como pulpería y tenemos muchos pulperos. Tenemos que verla con visión de futuro”, advirtió Sauma.

Detalló que durante el análisis de la situación financiera de la CCSS en la Comisión de Notables, fue posible darse cuenta de que los problemas económicos de la entidad son un asunto coyuntural, pero no así las deficiencias que existen en la gestión interna de la entidad.

“Si bien está el problema de la injerencia de la política partidaria, no es lo más importante; los problemas de gestión están dentro. Cuando hay jefes médicos que no saben si sus subalternos van o no a trabajar, realmente eso no tiene que ver con un escenario político”, expresó.

Sauma mencionó como otro de los problemas, la estructura de los tiempos laborales, donde con los salarios normales se cubren las 8 horas de trabajo, pero las restantes 16 horas de operación se pagan en tiempos extraordinarios, que son muy costosos.

A su parecer, una posible salida sería instaurar una segunda jornada ordinaria de trabajo, de 2 de la tarde a 10 de la noche, en la que se mantenga la atención continua y todas las labores que se realizan normalmente en clínicas y hospitales.

Otro de los problemas señalados fue la falta de planificación que existe en la entidad, donde hay planes estratégicos elaborados, pero no son puestos en práctica, ni se les da seguimiento.

“No hay rendición de cuentas a nivel de direcciones y departamentos, de los planes operativos anuales y labores de oficio. Año con año se aumentan las metas, pero no se sabe si se está trabajando con eficiencia o no”, censuró.

ANÁLISIS NECESARIO

La también integrante de la Comisión de Notables, Juliana Martínez, planteó que se debe analizar con cuidado el tipo de “universalidad” en el servicio del seguro social que se pretende, pues esta debe responder no solo a un asunto de cobertura, sino también de calidad y pertinencia para el asegurado.

Martínez aseveró que al revisar el pasado de la CCSS, se puede ver que esta no nació con un sistema universal, sino que se fue construyendo en la medida en  que se fueron agregando más actores al sistema.

La experta en políticas sociales, dijo estar en desacuerdo con lo expresado en diversas ocasiones por el expresidente ejecutivo de la CCSS, Guido Miranda, en cuanto a que el modelo universal ya no es sostenible por el cambio que se produjo en el cuadro epidemiológico del país.

Miranda ha sostenido que el modelo de la CCSS funcionó mientras tuvo que atender diarreas y otros problemas de salud pública que hoy están controlados, pero que no está preparada para el envejecimiento de la población y la extensión de enfermedades de costoso tratamiento, como los males cardiacos y el cáncer.

“Si podemos financiar universalismo con el cambio de cuadro epidemiológico, esa pregunta no la podemos responder sin expediente electrónico, sin un sistema de información de lo que necesita la gente y un sistema de costos, que deberíamos tener ya. Con eso podemos afirmar si es posible o no; antes de eso es poner la carreta delante de los bueyes”, alegó Martínez.

También denunció que pese a las recomendaciones que hizo la Comisión de Notables hace varias semanas, en la CCSS se nombran gerencias interinas que solo son la continuidad de las gerencias anteriores, por lo que los problemas persisten.

Asimismo, fustigó la falta de avance en la definición de los concursos públicos para estos puestos, e incluso aseguró que algunos funcionarios ya les han garantizado el espacio antes de realizar el concurso.

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