Recurrentes, gobierno y empresa intercambiaron argumentos ante los magistrados sobre por qué seguir adelante o no con el proyecto minero en Las Crucitas.
Los opositores al proyecto de minería a cielo abierto en Las Crucitas se manifestaron indignados por el evidente “compadrazgo” entre la empresa Industrias Infinito y los representantes de Gobierno, durante la audiencia realizada por la Sala Constitucional para analizar este caso.
Académicos, ambientalistas y ciudadanos que participaron recurrentes ante la Sala Constitucional, al presentar recursos contra la mina, mostraron su molestia por la actitud de los representantes del Estado, quienes en su criterio deberían tener una posición más neutral en este caso.
La primera “vista” ante la Sala Constitucional se realizó el pasado 12 de noviembre y se extendió al día 13 con la fase de preguntas por parte de los magistrados, la cual continuó el martes 17.
El geólogo de la Universidad de Costa Rica Allan Astorga, fue uno de los primeros en exponer ante los magistrados las razones por las cuales considera que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó mal la viabilidad ambiental al proyecto Las Crucitas.
Para Astorga, es difícil entender cómo la SETENA no pidió un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuando el proyecto se redujo en su área superficial de 165 a 50 hectáreas, pero aumentó su profundidad de 15 a 60 metros, lo cual duplica la cantidad de material explotado y las condiciones de la mina.
Astorga dijo a UNIVERSIDAD que a su parecer las instituciones del Estado deben cumplir un papel más neutral en esta disputa, pues son las responsables de la fiscalización en este tipo de procesos.
“En este caso vimos mucho involucramiento de los funcionarios con los representantes de la empresa, y ese no es el papel que les corresponde”, afirmó Astorga.
Para Astorga, la actitud debería ser la misma que mostró la secretaria general de la SETENA, Sonia Espinoza, cuando se le consultó sobre el proyecto de una cementera que causa polémica en una comunidad en Heredia.
“Ahí ella dijo que si había cosas que corregir y revisar, se retrotraería el otorgamiento de la viabilidad ambiental de ser necesario; y así debería ser también con Crucitas, donde tenemos muchas dudas y muy razonables”, comentó Astorga.
La presidenta de la Federación Conservacionista de Costa Rica, Heidy Murillo, calificó de “indignante y vergonzoso” el ver que representantes de Gobierno y de la empresa se reunían para planear qué decir y cómo defenderse.
“Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspección en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa”, comentó Murillo.
La ambientalista recordó que durante la audiencia ante la Sala IV los funcionarios de la SETENA, la Dirección de Geología y Minas, el MINAET y el abogado de la Presidencia, Fabián Volio, se reunieron para coordinar su defensa junto a los representantes de Industrias Infinito.
“Tiene que quedar claro que esto no es de ahora, es una relación de hace mucho tiempo. Cuando se hizo la audiencia pública en Coopevega, los funcionarios de la SETENA repartieron folletos y lapiceros de la empresa; y conforme pasa el tiempo la relación es más cercana”, afirmó Murillo.
DECRETO SIN FUNDAMENTO
Uno de los puntos más atacados durante la audiencia por los recurrentes es la legalidad del decreto de “conveniencia nacional”, que firmaron el presidente Óscar Arias y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, para permitir a la empresa la tala de árboles en la zona del proyecto.
El biólogo y ambientalista Javier Baltodano, aseguró a los magistrados que el decreto para permitir el cambio de uso de suelo contenía serios errores técnicos, sobre todo en lo que corresponde a la “compensación” del área devastada con la siembra de nuevos árboles en terrenos aledaños.
Para Baltodano no es posible compensar con una simple siembra de árboles la devastación de la biodiversidad en una zona tan rica como la de Las Crucitas, donde se ha determinado que existen animales y plantas en peligro de extinción crítico.
Baltodano citó entre las especies en peligro a la lapa verde y al árbol que le brinda su principal fuente de alimento, el almendro amarillo, para el cual un voto de la propia Sala Constitucional había impuesto una veda a su tala.
El abogado especialista en temas ambientales, y profesor de la Universidad Nacional, Álvaro Sagot, argumentó que para emitir el decreto no se hicieron los estudios técnicos de “costo-beneficio” para determinar la real conveniencia del proyecto.
La académica y especialista en saneamiento ambiental de la Universidad de Costa Rica, Yamileth Astorga advirtió sobre los riegos de los cuerpos de agua cercanos al proyecto, sobre todo en el caso de que se dé un colapso de la represa y se descarguen gran cantidad de sedimentos al Río San Juan.
También cuestionó el monto de la garantía ambiental por $600.000 que impuso la SETENA, la cual consideró totalmente insuficiente en caso de que se produjese un desastre ambiental en la zona.
NO HAY LAPAS
Por su parte, la empresa Industrias Infinito se defendió argumentado que el proyecto de su mina ha sido suficientemente revisado y su representante, Juan Carlos Obando, indicó que existe todo un plan para garantizar la regeneración ambiental de la zona.
La empresa indicó que se han realizado todos los estudios para prevenir el “drenaje ácido” (liberación de ácido sulfúrico al agua), garantizar la integridad de la represa en caso de un sismo, y los estudios hidrogeológicos que indican que el acuífero no se verá afectado.
Además, Obando aseguró que lo que pagará en impuestos la mina es un monto mucho mayor a lo que se dejará la empresa como ganancia tras la operación de la mina, por lo que los beneficios sociales serán mayores a los costos ambientales.
Respecto de la utilización de cianuro en el proceso de extracción del oro, Infinito aseguró que el tratamiento de los materiales con estos químicos se hará en tanques cerrados, que luego pasarán a una laguna de destrucción del cianuro.
Para la empresa, el rompimiento de la represa donde se colocarán los residuos provocaría una ola de solo 45 centímetros de alto que llegaría hasta el Río San Juan, por lo que consideran que este cuerpo de agua no está en riesgo.
Por su parte el abogado designado por la Presidencia, Fabián Volio, defendió la legalidad del decreto firmado por Arias y Dobles para permitir la tala en la zona de la mina.
De acuerdo con Volio, el Gobierno consideró de “conveniencia nacional” un proyecto que ya había pasado por todos los trámites de evaluación ambiental que exige la ley, por lo que se dio por satisfecho.
Representantes del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), afirmaron que Las Crucitas no es sitio de anidación y alimentación para la lapa verde.
El biólogo del MINAET, Jorge Hernández, aseguró que el almendro amarillo no está en peligro y que en la zona norte hay suficientes árboles de esta especie para garantizar el alimento a la lapa verde, lo que causó controversia con los biólogos demandantes.
La representación de la SETENA aseguró que el EIA de Las Crucitas se revisó con suficiente cuidado por parte de los técnicos de la institución, por lo que no es necesario solicitar más estudios.
Los magistrados tendrán 30 días tras el fin de las audiencias para pronunciarse sobre los diversos recursos presentados contra este proyecto minero.
