Piden que el proyecto de ley sea devuelto a la comisión legislativa y que el tema sea discutido en términos éticos y de desarrollo.
Quienes participaron en el foro, coincidieron: el proyecto de ley 14.269, que se constituiría en una nueva Ley de Migración del país, debe ser devuelto a la comisión legislativa que lo dictaminó favorablemente, hasta que haya una discusión democrática y amplia, que permita establecer, primero, los grandes lineamientos de una política de Estado sobre el tema.
Realizado antes del receso de la semana pasada, en el foro participaron, en orden de intervención, Alberto Cortés, director de la Maestría en Ciencias Políticas, de la UCR, Abelardo Morales, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Gustavo Gatica, de la Pastoral Social Cáritas y Montserrat Sagot, por el Consejo Universitario. La mesa fue moderada por el filósofo Alexander Jiménez.
EVITAR EL ELECTORALISMO
El politólogo Cortés ubicó la discusión de la ley en el contexto pre-electoral y la búsqueda de votos. Advirtió que «es fácil usar electoralmente el tema migratorio, y fácil reforzar la idea de la migración como amenaza.» Agregó que si bien «es necesario tener una nueva ley migratoria, esta debe tener, como columna vertebral, el respeto a los derechos humanos.»
Cortés consideró que una ley costarricense que regule las migraciones debe regirse, en primer término, por la ética.
«Debería tener, como objetivo principal, una mejor vida para todos, y plantear que la mezcla y la diversidad son un valor ético positivo. Primero, se debería promover una política de Estado, discutir cuál es el papel de la migración en la dinámica del desarrollo nacional, pues la que estamos recibiendo es fundamentalmente laboral y, luego, fijar el marco regulatorio», dijo.
También enfatizó en que tal ley debe ser objeto de una discusión democrática, «y eso no se dio.»
Entre sus principales críticas al texto, que pronto podría ser discutido en el plenario legislativo, puso en primer término su naturaleza represiva.
«Claramente escucha de manera favorable a quienes se orientan por el lado de la seguridad nacional. Tiene una orientación represiva. Amplía la frontera de rechazo a 50 km. Además, amplía la actuación de las autoridades migratorias a partir de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Aumenta el margen discrecional del Director de Migración y puede favorecer la corrupción, pues él decide cuántas visas dar y a quién, mientras que el Consejo de Migración queda más desdibujado,» argumentó.
Agregó que con lo anterior la ley en discusión reproduce el estereotipo del inmigrante como amenaza y como refugiado económico, a la vez que exime a la parte patronal de asegurar a los trabajadores inmigrantes.
«Esta ley nos recuerda las leyes liberales de finales del siglo XIX, que buscaban una migración ojalá de blancos, hombres, para mejorar la raza, y de gran calificación», concluyó.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Por su parte, el sociólogo Morales, quien se ha especializado en el tema, sostuvo que la migración «es un problema estructural, no coyuntural» y que las migraciones «han sido la válvula de escape para los problemas de seguridad en Centroamérica, no una amenaza.»
«Costa Rica está en una situación de pasar del mercado nacional al transnacional. Nos absorbe la globalización espuria, porque se trata de someterse a una compleja dependencia basada en las desigualdades, y que plasma una nueva división internacional del trabajo a través de la maquila, el turismo, incluido el sexual, y la agroexportación no tradicional», dijo.
Agregó que en este contexto, «el 30% de la fuerza de trabajo está fuera de su país de origen y envía remesas que permiten cierta estabilidad y seguridad, y que opacan los focos de conflicto.»
Simultáneamente, agregó que «hay una contradicción entre abrirse y cerrarse», en referencia, por un lado, a los flujos del comercio y de las inversiones y, por el otro, a los personas que buscan trabajo.
De seguido, se refirió al papel que desempeña la migración en Costa Rica, en una época en que se vuelve a una suerte de economía de enclave, en la cual la Inversión Extranjera Directa opera sin producir desarrollo ni encadenamientos.
Puso como ejemplo contrastante, que «el dinamismo del cantón agrícola de San Carlos, solo se explica por la presencia de la migración.»
Añadió, además, que «a partir de este año hay indicadores de que se está produciendo una disminución en la migración. Primero, porque aumenta la incorporación de la fuerza de trabajo en Nicaragua y, segundo, porque parte de la migración nicaragüense se desvía a otros lugares, como El Salvador», para beneficiarse de acuerdos firmados entre ese país, Honduras y Guatemala.
En sus críticas la ley en discusión, coincidió con Cortés en cuanto a su naturaleza principalmente represiva.
«La ley refuerza los mecanismos coercitivos que se podrían sustituir con otros administrativos. Hay confusión en cuanto a qué es la seguridad pública, y la penalización de la inmigración incentiva la ilegalidad y el tráfico», opinó.
«Lo que se necesita es una política de población. Debe haber mayor sentido de responsabilidad y menos populismo», dijo.
UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS
A su turno, el representante católico Gatica, quien participó en las reuniones de la comisión legislativa, consideró que el proyecto de ley «parte de una visión parcializada. Se dictaminó positivamente, a sabiendas de que hay vacíos sobre derechos humanos. Se escuchó a distintos sectores, pero sin entrar en diálogo con ellos.»
Insistió en que «en la ley hay excesiva preocupación y referencias a la seguridad nacional. Las categorías migratorias están condicionadas a los presupuestos de Seguridad Nacional, cuando debe verse desde la perspectiva del desarrollo.»
Agregó que el plan manifiesta «una tendencia a considerar que la persona tiene derechos humanos solo en tanto está legal en el país, y permite detener cautelarmente a personas extranjeras sin definir el plazo de estas detenciones.»
Además, se presume «que la persona extranjera es la responsable del deterioro de las condiciones sociales, concretamente de la Caja Costarricense del Seguro Social y se discrimina a las personas que hayan padecido enfermedades infecto-contagiosas.»
Según Gatica, «es necesario que el tema migratorio sea discutido desde una perspectiva amplia de desarrollo. Crear, primero, un marco general de política migratoria y, luego, la ley, con participación de la comunidad internacional.»
También sugirió que Costa Rica podía canjear deuda externa por inversión social «donde haya alta participación de población extranjera y nacional en situación deprimida.»
DEBE VOLVER A COMISIÓN
Por su parte, Sagot recordó que el Consejo Universitario ya se pronunció sobre la ley, en el sentido de que debe devolverse a comisión, para que sea revisada con la discusión de todos los sectores.
Ella se sumó al criterio de que el proyecto tiene «un énfasis en la seguridad nacional», pero también criticó que «invisibiliza su impacto en las familias y en las mujeres, porque el sujeto de la ley que se presupone es masculino.»
A propósito, recordó que el 51% de las personas que emigran en todo el mundo son mujeres, y opinó que ellas «corren mayores riesgos, sobre todo cuando están ilegales, de abusos por los coyotes y las autoridades, a pesar de que realizan los peores trabajos y tienen las mayores responsabilidades familiares.»
Además criticó que la ley tampoco reconoce «las formas de hogares mixtos, y el hecho de que las mujeres no son apéndices económicos de los hombres.»
«El texto de la ley es totalmente ciego a las diferencias de género. No se diferencia entre la migración individual y familiar, no hay provisiones para facilitar la reunificación familiar como un derecho humano, sino que se endurecen las reglas para traer a las familias.»
Agregó que el trabajo doméstico también queda «totalmente invisibilizado, pues se excluye del permiso temporal de residencia, mientras que sí se permite este ingreso temporal para otras actividades, con lo cual tampoco se reconoce la realidad de las mujeres ticas que hacen uso de esa fuerza de trabajo.»
Explicó que tampoco «se considera el derecho de los hijos, ni la unión de hecho, como argumentos para nacionalizar a su compañero o compañera, a pesar de que sí se reconoce para los costarricenses. En caso de detención, no se reconocen condiciones para las mujeres ni las personas menores de edad, y las pueden sacar del país. No hay condiciones especiales para prevenir la violencia sexual, o considerar situaciones como la menstruación, el amamantamiento. La ley produce discriminación y represión», concluyó.
Migración nicaragüense
Mitos y hechos
Mito: «Son 500 mil y nos invaden»
Hecho: Las cifras, ya corregidas, del Censo del 2000 más las Encuestas de Hogares, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indican que el total de extranjeros en Costa Rica es de unas 336.529 personas, de las cuales alrededor de 258.498 son nicaragüenses. El criterio de los especialistas es que la migración hacia Costa Rica «se estaría estabilizando, cuando no disminuyendo.»
Mito: «Viene lo peor»
Hecho: Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica «presentan una situación intermedia en cuanto a alfabetismo y nivel de educación, entre los nicaragüenses en su país y los costarricenses: el porcentaje de población mayor de 15 años que sabe leer y escribir es de 88 % entre los nacidos en Nicaragua y de 95 % entre los nacidos en Costa Rica, y la escolaridad promedio de los nicaragüenses es de 5.6 años mientras que la de los ticos es de 7.5.»
El cuadro 3.5 muestra las ocupaciones que los nicaragüenses desarrollan en Costa Rica.
Mito: «Somos más pobres por su culpa»
Hecho: «La incidencia de la pobreza en el país, que se mantiene estable en el orden del 20.5% de los hogares, est* siendo determinada por la situación de los hogares con jefatura costarricense (…) el bajo impacto de la población inmigrante nicaragüense en el estancamiento de la pobreza de Costa Rica se explica en gran medida por su relativo poco peso en la población y los hogares del país, el cual no es tan significativo como para modificar los patrones estructurales y coyunturales que determinan los niveles de pobreza.»
Mito: «Están ahogando los servicios de salud»
Hecho: «En promedio, los nicaragüenses usan menos los servicios de consultas médicas que los costarricenses (…) en ninguno de los casos representan más del 5% del total de consultas de este tipo.»
«Los inmigrantes nicaragüenses sí tienden a asegurarse, pero este es un proceso que requiere un tiempo desde el momento en que entran al país. Sólo una tercera parte de los recién llegados (menos de un año en el país) no están asegurados, mientras que de aquellos que ya tienen entre 5 y 10 años en el país, aproximadamente el 70% están asegurados.»
Fuente: «La migración internacional en Costa Rica: Estado actual y consecuencias.» Jorge A. Barquero y Juan C. Vargas. Centro Centroamericano de Población.
