El alquiler del edificio “nos tiene muy consternados, pues el impacto para los usuarios es muy alto”.

La polémica decisión de los anteriores directivos de contratar unas costosas oficinas para la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) originó división en la actual directiva, al tiempo que desde la Asamblea Legislativa diputados de oposición piden a la Contraloría General de la República (CGR) intervenir para detener la contratación.

Según se comprueba en las actas de la junta directiva, la división en ese cuerpo colegiado se instaló luego que el pasado 8 de setiembre tres de los cinco miembros se negaron a aprobar una moción de los otros dos para pedir a la CGR pronunciarse sobre el alquiler de las nuevas oficinas en el complejo Multipark, en Guachipelín de Escazú.
El 11 de febrero pasado, la ARESEP, presidida por el entonces Regulador General y actual ministro de Hacienda Fernando Herrero, mediante contratación directa adjudicó al Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa, a su vez administrado por Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A, el alquiler de 3.511,93 m2 de oficina para la ARESEP y 1.550,66 m2 de oficina para SUTEL.

La ARESEP y la SUTEL, órgano desconcentrado creado bajo el alero de ARESEP por ley general de telecomunicaciones en el 2008, planean dejar a mediados del próximo mes las propias oficinas que la entidad ha ocupado por 15 años en Sabana Sur, para trasladarse a las oficinas en Multipark, alquiladas por tres años renovables a ¢1.000 millones anuales.
La asociación de empleados de la institución y otros sectores han cuestionado la decisión, entre otras razones por el alto costo que será cargado a las tarifas de los servicios públicos, de donde sale el canon que financia a esas entidades reguladoras.

Entre los principales motivos de polémica está el que uno de los miembros de la anterior directiva, Jorge Cornick, socio de Herrero en una organización no gubernamental, es inversionista del fondo inmobiliario dueño de las oficinas alquiladas, y además tiene a Improsa entre sus clientes de servicios de comunicación. Asimismo, la empresa ICICOR, que asesoró a la ARESEP para la escogencia de nuevas oficinas, fiscalizó en materia de ingeniería el mismo proyecto inmobiliario, o sea que Improsa es su cliente (ver UNIVERSIDAD del 13 octubre, edición 1872).

El pasado 8 de setiembre, tras una fuerte discusión, fue rechazada una moción de los directivos Emilio Arias y María Lourdes Echandi para que se pidiera pronunciamiento de la CGR acerca de si había prohibición legal de la inmobiliaria para contratar con ARESEP. En su lugar fue aprobada una moción del Regulador General Dennis Meléndez, quien preside la junta, apoyado por los directivos Sylvia Saborío y Félix Delgado, para que se pidiera al auditor interno un informe sobre lo actuado por la administración en este caso y se comunicara a la CGR (ver recuadro “La moción rechazada”).

Los tres directivos argumentaron que la moción tiene un tono acusatorio que no comparten, por lo que se sienten más cómodos con la moción propuesta por Meléndez.

Por su parte, Echandi y Arias hicieron ver que su voto negativo a la propuesta de Meléndez se justifica en el tanto consideran que con la moción por ellos presentada se da mayor garantía al cumplimiento del deber de probidad establecido por el artículo 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, No. 8422.

En sesiones posteriores, hubo nuevos choques en torno a una propuesta de Arias y Echandi de consultar al Asesor Legal de la Junta Directiva, para que se le informara a la directiva bajo qué sustento jurídico el Regulador General (Herrero) “se atribuyó en la contratación de las oficinas una competencia que, según lo dispuesto en el artículo 53, inciso f) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus reformas, le corresponde a esta Junta Directiva.”

Meléndez y Saborío opusieron fuerte resistencia a la moción, e incluso el regulador se negaba a ponerla  a votación, hasta que finalmente se llegó a un compromiso y se acordó que el Regulador General presentaría un informe y luego se le pediría el análisis al asesor jurídico de la directiva.

Por otra parte fue rechazada una moción de Echandi para que se mantuviera la asesoría técnica y legal exclusiva y permanente que ha tenido la junta directiva, y que no se concentrara en la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la administración, como se contempla en la nueva reglamentación interna que entró a regir el 9 de octubre.

En una de las discusiones, al desvincular sus decisiones con relaciones de amistad, Meléndez reconoció tener amistad con Herrero, mientras que Saborío aseguró que la amistad con los anteriores directivos no determinaban su posición en el asunto.

CONSTERNADO

Consultado  por UNIVERSIDAD el directivo Arias, sobre el origen del desacuerdo, dijo que cuando llegaron a la institución, a raíz de lo publicado en la prensa y lo que informaron los empleados, él y Echandi pidieron un informe a la administración sobre la contratación, el cual les dejó dudas, por lo que presentaron una moción para consultar a la CGR sobre el tema, pero les fue rechazada y fue enviada al auditor interno.

Ello ha originado una polémica en la directiva que tiene prácticamente dividida a la institución, manifestó. Añadió que por el deber de diligencia en  resguardo de los intereses públicos es que plantearon la opción de consultar directamente a la CGR, y por ello se les ha tildado de “andar haciendo cacería de brujas”.

Relató que en la calle le preguntan cómo ha permitido este alquiler, a lo que responde que una cosa es la junta pasada y otra es la actual, en la que hay una división interna precisamente por este tema.

“Cuando se me pidió por parte de la presidenta (Laura Chinchilla) que aceptara el cargo por mi experiencia técnica en el tema, le manifesté claramente que yo era una persona independiente y mi posición iba a ser objetiva a nivel profesional y, si me aceptaban eso, yo aceptaba el cargo (…) Yo no permito ni espero que me llamen para darme directrices de cómo actuar en estos temas, pero sí es importante la aclaración, porque en la calle nos ven a todos bajo una sola cobija, cuando en realidad a nivel de junta somos tres a dos”, enfatizó.

Agregó que el asunto del alquiler “nos tiene muy consternados, pues el impacto para los usuarios es muy alto. Otro elemento para tomar en cuenta es la credibilidad de la institución reguladora, que en un marco de apertura como el que está el país debe ser garantía de transparencia para evitar la corrupción. Además la institución desde sus inicios mantiene los principios de defensa y protección del usuario, y si internamente no vamos en esa dirección, entonces estamos haciendo un grave daño a la institucionalidad del país”, expresó Arias.

Entre tanto, la bancada del Movimiento Libertario (ML) presentó ante la CGR  una denuncia de nulidad de los contratos de arrendamiento del edificio de Multipark. Los diputados libertarios pidieron a la CGR como medida cautelar suspender la ejecución de ambos contratos a efectos de evitar mayores lesiones al interés público. Para ello alegaron, entre otras, razones de carácter ético y jurídico, relacionadas con el doble papel de la empresa ICICOR, que hizo el estudio para la búsqueda de oficinas de la ARESEP, y era a la vez fiscalizador del proyecto inmobiliario que se alquiló.

“Hay una serie de dudas razonables en el arrendamiento  de este inmueble y queremos que la CGR se pronuncie. Como partido político de oposición es nuestra obligación ser vigilantes del manejo de los recursos públicos porque son fondos de todos los costarricenses”, dijo Danilo Cubero, jefe de la fracción libertaria.

Cubero no descartó que con base en la información solicitada a la CGR se llame luego a comparecer ante la comisión de control de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa, presidida por la diputada libertaria Marielos Alfaro, a quienes tengan relación directa e indirecta con este asunto.

Diputados de otros partidos de oposición dijeron que han estado solicitando también información de la CGR y otras instancias para valorar los pasos por  seguir en este caso.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) respaldó la petición del ML para que no se materialice el contrato de alquiler, habida cuenta de que los ¢1.000 millones que habrá que pagar anualmente, más un 10% de aumento anual, saldrán de los bolsillos de los sectores de la población, especialmente de la mayoría asalariada, agobiada por el costo de la vida y las restricciones salariales, indicó en un comunicado la organización.

La ANEP había apoyado anteriormente un pronunciamiento de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) contrario al alquiler de las oficinas de ARESEP.

La moción rechazada

La moción presentada por los directivos Emilio Arias y María Lourdes Echandi y que fue rechazada:

Remitir  una consulta a la Contraloría General de la República para que, considerando los antecedentes detallados en este acuerdo se pronuncie en torno a si el referido Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa tenía prohibición para plantear oferta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para arrendar el edificio ubicado en Oficentro Multipark,  y de  haberlo estado, las consecuencias jurídicas de tal circunstancia y procedimientos a seguir.”

En su lugar se aprobó la siguiente moción, con voto positivo de los directivos Meléndez, Saborío y Delgado, y negativo de Arias y Echandi.

1. Darse por informados del proyecto y de que el Auditor Interno está analizando el tema y realizando consultas ante la Contraloría General de la República, sobre cuyos resultados esta Junta será informada oportunamente.

2. Comunicar este acuerdo a la Contraloría General de la República. ACUERDO FIRME”.