El aeropuerto Juan Santamaría se congestiona de pasajeros, mientras el contrato de Alterra sigue empantanado
La remodelación del aeropuerto Juan Santamaría tiene dos y medio años de retraso, con el consecuente impacto económico para el país y los usuarios
Lejos de encontrar las condiciones apropiadas para «aterrizar» con las esperadas y urgentes obras de modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), la empresa Alterra Partners parece haber entrado «en picada», ante el aparente fracaso de la renegociación de su contrato con el gobierno.
La adenda (contrato anexo) que esta empresa negocia desde hace varios meses para alcanzar un «equilibrio financiero» y proseguir con el contrato de gestión interesada del aeropuerto, ha sido cuestionada por reconocidos personajes nacionales, quienes la califican de lesiva para los intereses nacionales e ilegal.
Estas personas hicieron público un documento en el que criticaron el anexo al contrato que negocian Alterra y el gobierno, en razón de «la enorme lesión que produce al interés público, así como el irrespeto al estado de derecho». Alegan que de ser aceptado ese acuerdo, la compañía constructora casi duplicaría los ingresos estipulados originalmente.
Para ellos, hay una violación flagrante al contrato por parte de Alterra, por lo que no queda más que esta lo cumpla o que se le cancele, y que el Estado asuma la remodelación del Juan Santamaría.
Estiman además que el mencionado addéndum -de 124 páginas- equivale a un nuevo contrato (el original consta de 143), «de base y contenido sustancialmente diferentes». Por esta razón, creen que la Contraloría General de la República (CGR) no lo refrendará.
Este órgano ha planteado en los últimos años y en varios informes, fuertes censuras al papel de Alterra y del CETAC, en el cumplimiento del contrato.
Las obras contratadas el 18 de octubre del 2000 por un monto de $180.2 millones, fueron paralizadas por Alterra desde julio del 2003. Vale mencionar que la terminal nueva de pasajeros fue construida por el Estado costarricense antes de que dicha empresa asumiera la remodelación.
El análisis del polémico texto provocó hace un mes la renuncia de cuatro miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) -que es el contratante de Alterra por parte del Estado-, tras estar en desacuerdo con los términos de la adenda y de las condiciones de la negociación.
Por su parte, los miembros que permanecen en ese órgano manifestaron que «no se pudo cuantificar el desequilibrio económico del Contrato a la fecha, por cuanto el monto de la inversión ejecutada no coincide con las obras realizadas y que está verificando el Órgano Fiscalizador» (instancia encargada de verificar el cumplimiento del contrato).
Este Semanario intentó entrevistar a algún representante de Alterra en torno a las denuncias, pero no fue posible. Por medio de la agencia encargada de sus relaciones públicas (Porter Novelli) remitieron a un comunicado de prensa que firma Alfredo Aguileta, director de finanzas.
Dicho funcionario dijo -entre otras cosas- que «es lamentable que un grupo de personas que dicen preocuparse por el interés público, hayan hecho circular datos incorrectos y afirmaciones falsas, que confunden a la opinión pública y desacreditan cualquier búsqueda de solución a un problema que el país arrastra hace tres años».
Aguileta preguntó: «¿Por qué no quieren encontrar una solución legal o por qué ni siquiera quieren que llegue este documento a la Contraloría? Alterra continuará trabajando apegado al Estado de Derecho a un contrato firmado con el Gobierno».
El conflicto por la adenda que negocian las partes, se da en una coyuntura en la que han salido a la luz pública denuncias periodísticas contra la transnacional estadounidense Bechtel, que es la firma que posee el 95% de las acciones de Alterra Partners.
Los cuestionamientos contra esa compañía se centran en obras con sobreprecios y pago de comisiones a funcionarios involucrados en el control de contratos. En una entrevista de noviembre pasado con UNIVERSIDAD, la exinspectora general del contrato con Alterra -Jill Jamieson- aseguró que el desequilibrio económico argüido por esta empresa, se debía a sobreprecios «arreglados» con algunas de sus compañías asociadas que realizan obras por subcontratación en el aeropuerto (véase «Jill Jamieson: Sobreprecios causan desequilibrio», edición del 25-11-04).
Ella -quien renunció a principios del 2002 al cargo de fiscalizadora, criticó la renegociación del contrato por cuanto las excusas financieras de Alterra no tienen sustento y lo que cabe exigirle que lo cumpla.
«Yo renuncié antes de que el Gobierno conociese formalmente este subcontrato de obras; pero, en gran parte, mi renuncia se motivó por los esfuerzos del Gobierno (de Miguel Ángel Rodríguez) y de Alterra para obstaculizar mi investigación de estos precios pactados en subcontrato de obras, igual que en otros», puntualizó entonces Jamieson.
CUESTIONADO ANEXO
Para los firmantes del citado pronunciamiento (publicado en el diario La Nación del 10-09-05), el contrato original firmado por Alterra «estipula claramente los presupuestos y las condiciones de excepción para modificar los precios topes pactados, así como las causas válidas de alteración de la ecuación financiera acordada, y de suceder, las formas de remediarla, nada de lo cual ha ocurrido, por lo que ni la propia Alterra alega como fundamento de sus reclamos».
Entre las personas que suscribieron dicho documento se encuentran los exministros de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Rodolfo Silva y Guillermo Constenla; el expresidente ejecutivo del Banco Central, Jorge Guardia; el abogado Juan José Sobrado; el exvicepresidente de la Cámara de Exportadores (CADEXCO), Juan Francisco Montealegre; y la abogada Roxana Salazar, de la organización Transparencia Internacional.
Esta última entidad le ha dado un seguimiento al desarrollo del referido contrato y el pasado 14 de setiembre, lanzó una serie de interrogantes al respecto: «¿El Poder Ejecutivo puede garantizar fehacientemente que el gestor interesado (Alterra) haya cumplido con el Estado costarricense a la fecha, con todos los términos del contrato original acordado por 20 años respecto al menos lo correspondiente a: gastos de desarrollo, inversiones, obras, operación y mantenimiento -tarifas entre otros-, en pro del interés y servicio público en el tiempo, costo y oportunidad establecidos?».
También preguntó: «¿Qué acciones ha tomado la Contraloría General de la República para garantizar el cumplimiento vinculante que por mandato legal tienen sus más de ocho informes hasta la fecha?».
Los firmantes del pronunciamiento lamentaron que «con la complacencia del Gobierno se quiere recurrir al artificio de una adenda que no es tal, sino un nuevo contrato directo sin licitación que, de ejecutarse, configuraría un grave ilícito que podría llegar al campo de lo penal».
Este último argumento podría ser la causa de la reciente renuncia de los miembros del CETAC, quienes se quejaron porque no se les tomó en cuenta en la elaboración de la adenda y porque se les presionaba para que la aprobaran.
La negociación de ese anexo ha estado liderada por el jerarca del MOPT, Randall Quirós, a quien se le solicitó desde el 14 de setiembre una entrevista por medio de su oficina de prensa; la gestión no había sido tramitada al cierre de edición (lunes 19).
UNIVERSIDAD obtuvo una copia del addéndum, que se ha manejado de manera restringida. En su contenido por ningún lado se le atribuye la responsabilidad del incumplimiento a Alterra. Por el contrario, es un «mea culpa» y se le achaca al Estado costarricense ese irrespeto.
Para el abogado Juan José Sobrado -conocedor en detalle del contrato-, el texto es una completa defensa de Alterra y en absoluto se defienden los intereses del país. El exministro de transportes -Guillermo Constenla- coincidió por aparte con esta apreciación y aseveró que el ministro Quirós «no está actuando por el bien de los intereses públicos».
Constenla aclaró que no se opone al contrato, sino al incumplimiento que causa serios daños económicos al país. Acerca del anexo que se negocia, lo ve como un nuevo contrato que implicará para Costa Rica pagar más y recibir menos obras; calculó que en los 20 años de vigencia del acuerdo, significaría pagar unos $150 millones extras.
Uno de los puntos del anexo dice que: «al acatar los lineamientos de la Contraloría General de la República, el CETAC adoptó acuerdos que produjeron efectos negativos para el Gestor, el propio CETAC y los Bancos Acreedores y que diferían de las condiciones originalmente pactadas y aprobadas en la sesión 79-2001, y que fueron plasmadas en la actualización del Modelo de Proyecciones Financieras, sirviendo de base para obtener el financiamiento del Proyecto y para obtener los desembolsos por parte de los acreedores y accionistas».
En este sentido, Alterra aduce que el CETAC aprobó en el 2001 el reconocimiento de $18.6 millones de «gastos de desarrollo y pre-operativos». «Pagamos $5 millones a los bancos, sus asesores y abogados por el crédito de $120 millones».
Sin embargo, un informe de la Contraloría de junio del 2004 enfatizó en que un acuerdo de préstamo firmado entre Alterra y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC, por sus siglas en inglés) el 5 de octubre de 2001 y que incluyó dentro de los costos por financiar $18,7 millones por concepto de gastos de desarrollo y financiamiento, «se suscribió con fundamento en una relación privada entre ambas partes» y no implica una modificación al contrato.
«Resulta conveniente reiterar -agregó el informe de la CGR- que en su oferta el Gestor cotizó la suma de US$3.406.783,00 por concepto de costos financieros, monto que, como ya se ha señalado reiteradamente, debe considerarse como un precio firme».
La participación del CETAC en aquellas negociaciones fueron cuestionadas por la Contraloría y por una comisión legislativa que estudió el contrato del aeropuerto y se pronunció en abril del 2002. El CETAC era presidido por el entonces viceministro de Transportes, Eliécer Feinzaig.
Por sus actuaciones frente a este contrato, dicha comisión recomendó sancionarlo moralmente y políticamente, por haber suscrito con el IFC un memorando de entendimiento que comprometió al CETAC «y sin haber contado con la autorización previa de dicho órgano colegiado para tal acto , tal como es lo atenido a derecho». Debido a la inmediatez del cambio de gobierno, este informe nunca lo analizó el plenario legislativo.
En cuanto a la adenda, también da por aceptados los datos financieros presentados por la empresa, los cuales sirven para afirmar que las inversiones totales efectuadas por Alterra mediante fondos propios y provenientes de los bancos acreedores a diciembre del 2004, ascienden a $123.7 millones.
Al respecto, el grupo que se pronunció en contra del addéndum detalló que «aunque las inversiones efectuadas en obras suman $37 millones, Alterra contabiliza $83 millones a base de sobreprecios o utilidades encubiertas, pagados a sus subcontratistas encabezados por Bechtel-Edica, que son a la vez sus socios. Y por gastos de operación en los primeros 4 años, Alterra alega $60 millones, cuando el tope cotizado es $23 millones».
La empresa, entretanto, sostiene que «se comprometió a realizar un paquete de obras, diseñado por el gobierno, a un precio firme e incondicional. Este precio NO se ha modificado ni se modificará; cualquier aumento en el precio de las obras, por arriba de los precios firmes, ha sido y será única y exclusivamente responsabilidad de Alterra y sus accionistas. Ni el Gobierno ni los usuarios pagarán por esos «sobre costos»; no traten de engañar a nadie».
Respecto a las alegaciones económicas de Alterra, esta sometió el año pasado a arbitraje un reclamo por $79.1 contra el CETAC, y en noviembre del 2004 recibió un fallo adverso por parte del Centro de Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad.
Entre otras cosas, esa instancia resolvió que al no tener que ver la demanda con asuntos de patrimonio, no podía pronunciarse sobre este tema. Además, ratificó las potestades de la Contraloría para regular el contrato y señaló que Alterra no impugnó las decisiones del órgano contralor en los plazos establecidos por la ley.
ASUMIR OBRAS
Frente a lo que queda por hacer con el aeropuerto, hay convergencia de criterios entre los que objetan a Alterra en que esta empresa difícilmente va a cumplir el contrato, por lo que no queda más que el Estado asuma la remodelación.
El empresario Juan Francisco Montealegre expresó que «tenemos que estar preparados para administrar nosotros el aeropuerto y para ello debemos quitarnos el miedo, porque aquí hay gente muy capaz».
El exvicepresidente de la CADEXCO aseguró que el gobierno no solo le ha dado demasiadas largas a este problema, sino que «es sospechosa la forma como lo ha hecho. Aquí lo que ha hecho el MOPT es crear una crisis y este es el responsable de todo». En su opinión, este es un caso propio del Ministerio Público.
Por otro lado, Constenla propone que el gobierno decrete emergencia nacional con el aeropuerto, para conseguir fondos que permitan proseguir con las obras; el Santamaría genera unos $30 millones anuales de ingresos, puntualizó.
Estima que el daño económico sufrido por el país se extiende al proyecto para construir la nueva terminal internacional en Orotina, cuyo costo se calcula en $700 millones.
Mientras, el exministro Silva puso en duda de que Alterra hubiera recibido un ultimátum para cumplir, en vista de las largas que le ha dado el gobierno al tema y no descartó que detrás de esta situación esté una autoridad política que esté tratando de expoliar a través del contrato.
Los negocios de Bechtel
De acuerdo con una información reciente del periódico digital «Informatico», la socia mayoritaria de Alterra Partners: el consorcio estadounidense Bechtel, «tiene una larga historia de problemas con los contratos que ha suscrito en diferentes países, análogos a los que han sido ventilados en los últimos días en Costa Rica».
«Las operaciones de la empresa han motivado investigaciones, multas, sanciones y condenas por los aumentos desproporcionados de costos en relación con los contratos originales y por el pago de «premios» a funcionarios locales».
«Problemas en relación con obras desarrolladas por Bechtel en el aeropuerto de Miami entre 2000 y 2004, motivaron una investigación y una batalla de dos años por parte del diario Miami Herald, para lograr que la compañía abriera sus libros financieros».
«Al final del proceso, los tribunales obligaron a Bechtel a mostrar sus recibos y con ello se evidenció que había girado cinco millones de dólares en pagos y «donaciones» a los políticos encargados de la fiscalización del proyecto. También el Miami Herald reveló que la empresa distribuyó 1 millón 700 mil dólares en pagos a políticos y funcionarios que cabildearon para obtener vistos buenos sobre situaciones anómalas en la administración del aeropuerto».
La prensa también ha dado a conocer de otras denuncias contra Bechtel en Europa. «¿Ese es el tipo de empresas que queremos que participen en el desarrollo de Costa Rica?» cuestionó el diputado Rodrigo Alberto Carazo.
Se quiso saber acerca de estas denuncias con funcionarios de Alterra, pero en la empresa dijeron que estas debían ser presentadas a su casa matriz, en Estados Unidos.
El dueño del consorcio estadounidense es Riley Bechtel, quien al parecer tiene como socios a importantes figuras políticas de ese país, como el exmandatario George Bush. Se rumora que esta podría ser una de las razones para que Alterra presione aquí por una readecuación de su contrato.
Señalamientos del CETAC
Los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), Federico Baltodano, Rodolfo Garbanzo, Patricia Arce y Tatiana González, hicieron algunos señalamientos al addendum que negocian con la empresa Alterra Partners, para darle continuidad a las obras en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Son los siguientes:
-No se pudo cuantificar el desequilibrio económico del Contrato a la fecha, por cuanto el monto de la inversión ejecutada no coincide con las obras realizadas y que está verificando el Órgano Fiscalizador.
-La inversión real ejecutada no debe reconocerse de acuerdo con la filosofía del Contrato, en virtud de los precios tope. Además, pretenden incluir costos de inversión en obras en proceso, con menos del 40% de avance.
-No se aceptó el concepto DCC, que es el desglose de construcción real.
-La cuantificación del desequilibrio tampoco puede hacerse por una firma auditora contratada por ellos, a la luz del artículo 302 de la Ley General de Administración Pública.
-No se acepta incluir dentro del desequilibrio la suspensión de construcción de obras en el 2002 y 2003. La empresa tuvo suficientes fondos para continuar con las obras, por lo que no hay razón de suspensión en el año 2003.
-Traen al desequilibrio temas que están en arbitraje.
-Desechar el criterio de aplicación de la figura de la Fuerza Mayor (ellos la conciben como comprensiva de los aspectos económicos adversos por emitir el informe DFOE-OP-01-2003). Son parte de las disposiciones que la Administración debe acatar.
