La Sala Constitucional está a la espera de completar su integración, con el nombramiento de su sétimo magistrado
La intervención de criterios netamente políticos y un procedimiento legislativo inapropiado, hacen que en el nombramiento de magistrados y contralores generales de la República no se escoja a la persona idónea, pues incluso el proceso desalienta la participación de quienes podrían reunir las mejores cualidades.
Ni el levantamiento de una lista de candidatos por parte de la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa, ni la aparición de aspirantes directos a los puestos, ha permitido destrabar la elección de una persona en la magistratura de la Sala Constitucional (Sala IV) y otra en la Subcontraloría General de la República, desde hace varias semanas.
Así lo indicaron Rubén Hernández -experto en derecho constitucional-; Wálter Antillón -profesor de derecho procesal de la Universidad de Costa Rica-; y Adonay Arrieta -docente de la Maestría en Derecho de esta universidad.
Las voces de estos abogados coinciden con el malestar que en los últimos días han hecho público numerosos costarricenses, quienes critican el juego político de los dos partidos mayoritarios: Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), para nombrar como magistrado y subcontralor a dos personas claramente afines con sus intereses, restándole importancia a los méritos profesionales y éticos.
Al respecto, diputados del Partido Acción Ciudadana Epsy Campbell, Rodrigo Alberto Carazo, Marta Zamora, Gerardo Vargas y Daisy Quesada, redactaron el pasado 16 de agosto una carta dirigida a la población costarricense , en la que expresaron su preocupación por dichos nombramientos.
«A pesar de que hemos esgrimido argumentos de fondo para defender candidatos que creemos son los que mejor harían a Costa Rica por su capacidad, historia de vida, y bagaje, parece prevalecer una corriente que prefiere colocar a sus allegados en puestos claves. Esto con un fin muy simple. Favorecerse a futuro de sus decisiones, cobrar favores», afirmaron.
A pesar de que el PLN está comprometido en apoyar a alguien del PUSC para la Subcontraloría y así pagarle al PUSC el favor de respaldar el nombramiento de su candidato a la contraloría (Alex Solís), la elección está estancada debido a que no están de acuerdo con promover a la candidata favorita de los socialcristianos: Vanessa Castro.
Algo similar ocurre con la designación de un magistrado en la Sala IV, para la cual el PUSC impulsa al abogado Paul Rueda, vinculado por algunos sectores políticos al exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier.
PROCEDIMIENTO DETERIORADO
En torno a esta última elección, Adonay Arrieta explicó que el régimen de derecho se fundamenta en la división de poderes y que si bien puede haber una coordinación, no debe existir una intromisión. En el actual proceso, el Poder Judicial pierde independencia, al prevalecer los vaivenes políticos sobre los criterios técnicos, agregó.
El docente de la Facultad de Derecho reconoció que los nombramientos con matices políticos por parte de la Asamblea Legislativa no es algo nuevo y también ha sido pública y notoria la alternancia que han impuesto los dos partidos mayoritarios (PLN y PUSC), los cuales se distribuyen estos cargos.
«Sin embargo -agregó-, siempre se había hecho prevalecer el criterio académico y jurídico, por encima de los aspectos políticos. Es decir, los dirigentes políticos se cuidaban más a la hora de escoger los candidatos a magistrados y se lograba llegar incluso a un consenso -quizás era más fácil al ser solo dos partidos- alrededor de juristas de reconocido prestigio».
Para Arrieta, en los últimos cinco años el proceso para elegirlos se ha deteriorado, tal vez por la transición política que vive el Estado y la discusión de una serie de temas muy polémicos que pueden incidir en la vida del país, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el paquete tributario.
En su criterio, esto hace que los dos caudillos políticos con el poder en este momento: Calderón Fournier y Óscar Arias Sánchez, no tengan escrúpulos para buscar el nombramiento de personas incondicionales a sus intereses, lo cual pone en riesgo la vida institucional del país y la credibilidad del sistema.
Advirtió sobre el peligro de que los órganos de control estén en manos de personas -aunque capaces- incondicionales a figuras en el poder.
En una opinión que coincide con la del constitucionalista Rubén Hernández, Arrieta lamentó que en razón del descrédito en que han caído estos nombramientos, juristas de reconocida capacidad y solvencia moral optan por no participar en el proceso.
Enfatizó en que la designación de un magistrado de amplias cualidades para la Sala IV cobra mayor relevancia, en vista de que en ella se toman las decisiones más importantes para el país y se decide sobre la constitucionalidad de muchas acciones. «El país deposita toda su confianza en la Sala Constitucional y por eso no se pueden festinar estos nombramientos», aseguró.
UN SISTEMA PÉSIMO
Por su parte, el especialista en derecho procesal -Wálter Antillón-, calificó de pésimo el sistema para nombrar magistrados y que delega en la Asamblea Legislativa tal responsabilidad. «Prácticamente pone al magistrado a merced del político», censuró.
En Europa -recordó- desde hace muchos años se dieron cuenta de los defectos de un sistema como este y lo eliminaron después de la segunda guerra mundial. Aquí se vive ensalzando muchas cosas de ese continente, pero no ha habido forman de que estudien con cuidado sus reformas, con el fin de hacer acá los cambios necesarios, precisó.
Mientras tanto, Hernández si bien no cuestiona el carácter político de los referidos nombramientos, sí estima absurdo la comparecencia de los candidatos ante la respectiva comisión legislativa, en donde se les hacen preguntas «como si fueran a nombrar un gerente».
Tener una lista de candidatos y ser entrevistados por los miembros de esa comisión, no garantiza una mejor calidad de los aspirantes, ya que «la gente más buena no presenta sus atestados, porque no les gusta que vayan a indagar su vida privada y desde que eso se hace no se ha logrado ningún nombramiento de excelencia, sino al revés», comentó el jurista.
«Ese es un cargo político en el que hay una serie de imponderables y aspectos intangibles, que no se pueden medir; sobre todo con las preguntas tan tontas que hacen en la comisión», agregó.
Hernández piensa que los candidatos los debería proponer mediante ternas el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, y las facultades de derecho.
