Comunidades ejercen presión sobre instituciones de gobierno para que se solucionen los problemas ambientales que los afectan.

Con más motivos para preocuparse que para celebrar, el país conmemoró el Día Mundial de Ambiente, en medio de protestas y marchas de sectores que reclaman una verdadera paz con la naturaleza y con las comunidades.

Manifestaciones en Heredia, Sardinal, Las Crucitas, la zona sur, el Caribe y San José permitieron hacer una rápida lista de todos los asuntos pendientes que tiene el Gobierno del Presidente Óscar Arias en materia ambiental.

El pasado 5 de junio, representantes de las comunidades afectadas por la expansión piñera en Siquirres, Guácimo y la Zona Sur, los habitantes de las zonas costeras que están amenazados por desalojos y los opositores a una represa hidroeléctrica sobre el río Pacuare, se manifestaron frente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

Flora Picado, habitante de Costa de Pájaros, llegó a la protesta para que se dé trámite expedito a la ley que les permita quedarse en las tierras donde han habitado durante años, y de las que los quieren sacar para dar paso a proyectos turísticos.

Para Rolbin Camareno, la situación es apremiante, porque en Muelle de Tambor, los desalojos están programados para el próximo 15 de junio y hasta el momento nadie le ha dado una solución a las 100 personas que residen en ese lugar.

“Mi bisabuelo nació ahí, y mi abuelo, mi padre y ahora mis hijos, no es justo que nos quieran sacar de ahí, ¿Quién nos va a cuidar las pangas si nos vamos? Yo siempre he vivido de la pesca, y no sé que hacer si nos desalojan”, afirmó Camareno.

Leticia Astorga y su hija Keylin viajaron desde El Cairo de Siquirres, porque aseguran que el agua contaminada que han tomado durante varios años ha provocado una enfermedad en los huesos de la niña.

Mientras que los defensores del Pacuare afirman que el proyecto hidroeléctrico afectará la vida de los pobladores indígenas en el territorio cabécar, así como de comunidades cercanas.

ESTALLAN LOS CONFLICTOS

Los problemas de las personas que salieron a las calles en el Día del Ambiente son una muestra clara de las tensiones que se generan sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.

En el foro “Análisis de las políticas ambientales de la administración Arias Sánchez”, organizado por el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica se analizó este fenómeno.

Leonardo Merino, especialista del tema ambiental en el Programa Estado de la Nación, explicó que el desorden en la expansión urbana y la ausencia de planificación territorial, han desencadenado una gran cantidad de conflictos entre actores económicos y sociales.

“Estamos en una situación límite en el país. En cada decisión que se toma, o nos peleamos con desarrolladores, o nos peleamos con comunidades, o bien con organizaciones ambientales y esto ocurre con más frecuencia”, afirmó Merino.

Para el especialista, la respuesta gubernamental ha sido muy contradictoria, pues por un lado se crean programas interesantes como la estrategia “Carbono Neutral”, la del cambio climático, o bien “Paz con la Naturaleza”, que al iniciar la administración Arias, daban la impresión de que habría avances importantes en la agenda.

Sin embargo, también se tomaron decisiones que generan conflicto, por ejemplo con los permisos a la minería a cielo abierto, o la explotación del recurso hídrico.

“Hay muchas decisiones mal fundamentadas por falta de información y de consulta, que derivan en conflictos por el agua,  y en eso la Contraloría señaló al sector hídrico y forestal como sectores con grandes deudas. La mayoría de los avances se limita a la publicación de un documento, más que a hechos concretos”, advirtió Merino.

Citó un estudio realizado en la UCR en el que se apunta que de 65 casos de conflicto por el agua en la provincia de Guancaste, 70% están relacionados con el desarrollo turístico e inmobiliario.

Criticó además la resistencia de muchos municipios a aceptar el uso de planes reguladores, lo cual colabora con el caos en la asignación territorial.

Merino citó otros avances “a medias” del gobierno en materia ambiental, como el hecho de que se hubiese recuperado la cobertura boscosa del país a un 44% del territorio; aunque muchas de las áreas recuperadas carecen de protección.

“En la provincia de Guanacaste, solo el 14% de las áreas reforestadas están protegidas”, afirmó.

El Ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, destacó los programas creados por este gobierno, como Paz con la Naturaleza o “A que sembrás un árbol”, el cual afirmó ha permitido la siembra de casi 7.000.000  de árboles.

Sin embargo, Merino refutó este último logro, pues afirma que el 90% de esos nuevos árboles están destinados a dar madera para construir tarimas de exportación, utilizadas en frutas como la piña. Esto por cuanto el sector exportador consume el 45% de la madera nacional con este fin.

Para Merino, hay grandes deudas en la agenda ambiental del Gobierno, como la ejecución de las propuestas ya mencionadas, la regulación de actividades productivas conflictivas como la piña y la delimitación en el uso del agua.

La lista negra del ambiente

La directora del Pro-GAI, Yamileth Astorga, hizo una lista con algunos de los principales conflictos ambientales surgidos durante el presente gobierno, y que en gran mayoría esperan solución.

–  Las mesas de trabajo en “Paz con la naturaleza” no han sido continuas. En todo este tiempo no hemos visto ningún resultado o proyecto concreto implementado.
– Decreto de reducción del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, que favorece el desarrollo de construcciones en el ese sitio y una marina en Puerto Viejo,  con lo cual se afecta una gran extensión de arrecife coralino.
– Decreto de reducción de la parte terrestre del refugio de vida silvestre de la Isla San Lucas, para promover construcción de hoteles y posiblemente casinos.
– Decreto que permite el desarrollo de obras de construcción en pendientes de hasta 75%, con lo  que se podría construir en laderas empinadas, principalmente en las costas, lo que permite el deterioro en zonas vulnerables.
– Decreto de reducción del refugio Tivives, para desarrollo turístico.
-Decreto que levanta la moratoria a la minería a cielo abierto, además del otorgamiento de la viabilidad ambiental por la vía rápida en el caso Las Crucitas. Además se le otorga un decreto de conveniencia nacional para permitir la corta de bosque.
-Otorgamiento de viabilidades ambientales a piñeras sin haber cumplido con un proceso de evaluación ambiental efectivo.
-Favorecimiento solapado en el desarrollo inmobiliario de Osa. Se dan permisos locales, en zonas de alta pendiente que favorecen la erosión.
-Intervención solapada del Ministro de Competitividad en la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), con la aparente complicidad del Ministro de Ambiente, con el pretexto de fortalecer y darle nuevos recursos. De esta forma se toma el control de la entidad encargada de las viabilidades ambientales.
-Cambios de personal en SETENA, donde técnicos muy exigentes en sus análisis fueron reemplazados.
-El acueducto en Sámara, donde se favorece a los grandes desarrolladores hoteleros e inmobiliarios de la costa, sin consulta a las comunidades.