En lo que era una cochera ajena y que ahora es su improvisada casa, Ligia Araya Benavides se mantiene en la comunidad de Cinco Esquinas –en Carrizal de Alajuela-, a la espera de que el Gobierno la ayude a solucionar su falta de vivienda, tras perderla en el terremoto de Cinchona, ocurrido el 8 de enero pasado.
Al igual que ella, decenas de personas se encuentran en la misma situación y a la espera de que el Gobierno les concrete una solución por la que claman desde hace más de tres meses, según narró un grupo de personas que habitan cerca del volcán Poás, durante una visita que hicieron a la Asamblea Legislativa antes de Semana Santa, en donde expusieron su difícil situación.
Vecinos de Sabana Redonda, Carrizal y otras, reclamaron por el abandono en que los tienen instituciones estatales encargadas de atender a los damnificados por el sismo, en una conferencia de prensa convocada por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), el 1 de abril.
En la actividad estuvieron diputados como Patricia Romero, Olivier Pérez y Leda Zamora, quienes se comprometieron a apoyar las gestiones de dichas personas, para que dejen de vivir de manera precaria y puedan contar con una vivienda permanente.
Miembros de las agrupaciones Movimiento Patriótico y Confederación Solidaridad –en representación de los inmigrantes nicaragüenses- entregaron a los legisladores una carta pública, en la cual expresaron una “enérgica voz de protesta contra la administración del Presidente Óscar Arias Sánchez, por el cruel abandono que sufren las familias damnificadas por el terremoto del pasado 8 de enero. Estas familias no merecen ser olvidadas”.
Se quejaron porque en estos meses, “solo hemos recibido la incapacidad de respuesta de este Gobierno a nuestras justas demandas sociales; esta situación evidencia la torpeza con que desde un inicio las instituciones públicas han venido atendiendo la emergencia en la zona del desastre”.
De manera puntual, los quejosos lamentaron que “los dineros donados por el pueblo de Costa Rica no ha llegado a los damnificados equitativamente”, que “las instituciones no han aprovechado el tratamiento de excepción que le da la ley, para enfrentar la rigidez presupuestaria”, y que la necesaria coordinación interinstitucional “no se ha dado de manera eficaz y eficiente”.
En cuanto a los damnificados de origen nicaragüense, cuestionaron el hecho de que no recibieron asistencia, en una clara violación de los principios de derechos humanos.
Mientras tanto, los geólogos de la Universidad de Costa Rica, Rolando Mora y Elena Badilla, describieron las condiciones geológicas de la zona afectada por el sismo e hicieron ver el peligro que representa reconstruir allí infraestructura, sin antes hacer los estudios necesarios.
Por otro lado, para atender las demandas de estas víctimas del terremoto, funcionarios del Gobierno se reunieron con ellas el 3 de abril y se comprometieron con un plan de ayuda.
SITUACIÓN PRECARIA
“Yo lo que pido es un techo digno para mi hija y ya”, dijo con lágrimas en los ojos Ligia Araya Benavides –de 50 años de edad-, cuya casa en Cinco Esquinas de Carrizal quedó destruida y tampoco puede utilizar el terreno, pues está sobre una pronunciada pendiente.
Otro que residen en la misma comunidad y experimenta una similar situación es Orlando González, quien tras el terremoto tuvo que alquilar un cuarto con su esposa. Su suegra le ofreció un espacio en su propiedad, para que construya una pequeña casa; pero para ello requiere de ayuda para pagar un préstamo por ¢2 millones, ya que su pensión de ¢100.000 mensuales no le alcanza.
Por otra parte, una representación de los vecinos de Sabana Grande –en las faldas del Poás- participaron en una reunión con los ministros de Coordinación Institucional –Marco Vargas-, de Salud –María Luisa Ávila-, y de Vivienda –Clara Zomer-, así como el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social.
Las personas quedan ahora a la espera de que el Gobierno cumpla con los ofrecimientos de dotarlos de vivienda permanente.
