Especialistas afirman que el decreto reconocería “derechos adquiridos” a quienes tengan identificado un yacimiento y pretendan explotarlo.

La moratoria a la minería de oro a cielo abierto decretada por el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, dejó abierta la puerta para que se exploten otros metales en el país, con métodos tanto o más dañinos que los usados en la extracción del oro.

Así lo advierte el grupo de especialistas universitarios, “Llamado Urgente por el País”, tras analizar el contenido del decreto que declara la moratoria, firmado por la mandataria Chinchilla el propio 8 de mayo, día en que asumió el poder.

De acuerdo con los especialistas, el decreto contiene los mismos errores que tenía el decreto de moratoria emitido durante el gobierno de Abel Pacheco, al no dejar claro el alcance de la frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, como uno de los portillos para permitir nuevos proyectos mineros.

¿PLATA Y COBRE?

De acuerdo con “Llamado Urgente”, el texto de Chinchilla solo realizó una modificación al decreto que, paradójicamente, dejó firmado la administración Arias Sánchez, el 29 de abril anterior. “Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008)  y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008)”, advirtió el Grupo.
El decreto de Arias declaraba una moratoria para la minería de oro a cielo abierto, pero dejó de lado la minería de oro subterránea, así como la llamada “minería de placer”, en la cual se busca oro en los sedimentos que arrastran los ríos.
“El decreto de doña Laura corrige el texto de Arias y amplía la moratoria para la minería subterránea, pero deja por fuera la de placer; con ello deja al descubierto zonas vulnerables a este tipo de minería, como la Península de Osa”, afirmó el geólogo de la UCR, Allan Astorga.
Astorga explicó que en la “minería de placer” puede ser practicada por los mineros artesanales, que en recipientes separan los sedimentos del oro; pero esto también puede hacerse en un proceso industrializado, con maquinaria pesada.
La otra preocupación de “Llamado Urgente” es que queda la puerta abierta para la minería a cielo abierto de otros metales como la plata, cobre, aluminio, cromo, níquel, plomo, manganeso y uranio.
“Si se revisan los expedientes de concesiones de exploración minera vigentes, se puede encontrar que los solicitantes indican que no solo buscan oro, sino también otros metales como la plata y el aluminio, por lo que la moratoria no afectaría esos yacimientos”, explicó Astorga.
El geólogo indicó que para la extracción de algunos de estos metales se requiere de una mina a cielo abierto, y procedimientos de explotación similares a los del oro, aunque sin el uso del cianuro.
“Es una actividad igual de impactante, pues se debe cavar en la tierra y se debe cortar la cobertura boscosa, se exponen los mantos acuíferos y  se permiten todos los otros problemas que sabemos puede traer una mina”, apuntó Astorga.

DERECHOS ADQUIRIDOS

Para los universitarios, otro motivo de preocupación es la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, la cual consideran que no especifica claramente a qué tipo de derechos se refiere.
Astorga explicó que con el actual Código de Minería, se otorga un “derecho especial” a las empresas que identifiquen un yacimiento y lo reporten al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), sin que sea necesaria una resolución que consolide el derecho, pues no está reglamentado.
Recordó que la empresa Industrias Infinito S.A, que busca desarrollar la mina de oro en Las Crucitas, ya tiene identificados los yacimientos cercanos de San Antonio y Conchudita; y podría alegar este derecho adquirido para iniciarlos, a pesar de la moratoria.
“Se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el 2003, y planteen sus reclamos basados en una redacción confusa del Código de Minería, sobre derechos adquiridos”, señaló el Grupo.
Esos 40 expedientes que menciona Llamado Urgente, fueron reportados como “activos” por parte de la Dirección de Geología y Minas al programa Estado de la Nación, el pasado 23 de abril.
En criterio del grupo, la moratoria no debería ser “indefinida”, como la del 2002; pues podría volverse a levantar en cualquier momento. La sugerencia de los especialistas es que esté sujeta a una reforma integral del Código de Minería, y la toma de decisión del país sobre si quiere o no la minería metálica a cielo abierto.

NO HAY EXPEDIENTES EN TRÁMITE

El director de la Dirección de Geología y Minas, José Francisco Castro, descartó la posibilidad de que se desarrollen minas de otros metales, pues los estudios señalan que el potencial del país es “muy malo” en esos recursos.
Sin embargo, en marzo pasado, el Colegio de Geólogos de Costa Rica indicó a la Asamblea Legislativa que el país tiene un potencial en oro de 20 millones de onzas, lo que tendría un valor de $20.000 millones.
Junto al oro, el Colegio recordó que en la cordillera de Talamanca se identificó desde 1974 un depósito de cobre de 600.000 toneladas, con un valor actual de ¢2,5 billones.
Castro aseguró que en este momento no hay permisos de exploración otorgados, e indicó que el Estado puede negar la explotación de un yacimiento, a pesar de haber permitido la exploración.
“Con la concesión de exploración se tienen derechos adquiridos, pero hasta el momento no hay alguno otorgado”, afirmó.
Aseguró que el proceso de aparición de una mina puede tardar entre 10 y 15 años, como fue el caso de Las Crucitas, por lo que no espera que aparezcan proyectos de este tipo en los próximos meses.

Municipalidad contra mina en Las Crucitas

El Concejo Municipal de San Carlos se pronunció el pasado 27 de mayo en contra de la minería a cielo abierto y del proyecto minero que se pretende desarrollar en Crucitas de Cutris.
Este Concejo, controlado por los partidos de oposición, solicitó al Gobierno que derogue el decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
Además, piden a la presidenta Laura Chinchilla anular todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto Crucitas, y que el Gobierno sea consecuente con el modelo que “venimos pregonando desde hace años”.
El acuerdo pide además a la Asamblea Legislativa realizar las reformas que requiere el Código de Minería vigente, y manifiesta su complacencia por el decreto de moratoria de esta administración.
El acuerdo fue votado favorablemente por los representantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Céspedes y Eli Roque, el regidor de Alianza Sancarleña, Edgardo Araya; Gilberth Cedeño de Renovación Costarricense y Carlos Corrella del Movimiento Libertario.
En contra votaron los del Partido Liberación Nacional Ligia Rodríguez, Aida Vásquez y Édgar Chacón, mientras que Carlos Villalobos del PUSC estuvo ausente.
La empresa Industrias Infinito arremetió en un comunicado contra el regidor Edgardo Araya, como impulsor de este acuerdo y recordó que Araya fue quien presentó las acciones contra Crucitas en la Sala Constitucional. La empresa recordó lo resuelto por la Sala IV en este caso y reprochó a Araya su iniciativa.
“Crucitas lamenta que sea justamente un abogado, el que de manera reiterada y haciendo uso indebido de las funciones que actualmente desempeña como regidor municipal, insista en irrespetar la Constitución que juró cumplir”, añade el documento.