Decreto de moratoria petrolera es “parcial y confuso”, advierten en foro

El decreto de moratoria por tres años a la explotación petrolera, emitido por el gobierno de la presidenta Laura Chichilla el 1 de agosto, 

El decreto de moratoria por tres años a la explotación petrolera, emitido por el gobierno de la presidenta Laura Chichilla el 1 de agosto,  es “parcial y confuso”, concluyeron el exdefensor de los habitantes y miembro del movimiento Acción de Lucha Antipetrolera (ADELA), Rodrigo Alberto Carazo, y el geólogo Allan Astorga, durante un debate que tuvo lugar el 13 de setiembre en la Universidad de Costa Rica (UCR).

El gran ausente en el foro fue el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), René Castro, a quien Carazo, Astorga y el público reunido en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR, esperaban para que aclarara una serie de dudas en torno al controversial decreto.

¿Por qué se dejó al margen el tema de la exploración? ¿Cuál fue la decisión de excluir el gas natural? ¿Por qué la presidenta Laura Chinchilla no consultó a los que saben del tema? ¿Se endosó el decreto a Castro como especie de boleto para que se trasladara de la Cancillería al MINAET? ¿Cuál es la razón de que no se impulse la derogatoria de la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es el criterio del Ministro en torno a los recursos interpuestos ante la Sala Constitucional por la Mallon OIL Company contra la SETENA y el propio titular del MINAET?

 

Todas las interrogantes quedaron en el aire debido a la ausencia de Castro, invitado por el programa Kioscos Ambientales y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, organizadores del debate.

“Me parece un irrespeto del señor Castro, quien ni siquiera envió a un  representante a tomar apuntes sobre lo que se dice de un tema tan importante para Costa Rica”, lamentó Carazo, quien -sin embargo- dijo haber llegado a dar el “beneficio de la duda” al máximo jerarca del MINAET y a Chinchilla, pero  sin lograr su objetivo, al no poder plantear sus cuestionamientos.

El  geólogo Astorga, exdirector de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), hizo una exposición sobre la historia petrolera en el país, para concluir que los informes que se dan, de que Costa Rica “navega en petróleo”, son “falsos” y “más bien crean fuentes de presión” contra el Estado, de parte de sectores interesados.

“A raíz  de la noticia dada en junio sobre las expectativas de la empresa Mallon, de hacer valer el derecho de la licitación adjudicada hace 11 años para la exploración de petróleo en un área de 9.500 kilómetros cuadrados en el Caribe, se especula ahora sobre el potencial de que goza el país en hidrocarburos; hay gente que dice que Costa Rica prácticamente flota en un mar de petróleo, y eso no es cierto”, dijo Astorga (ver recuadro: “El petróleo en Costa Rica”).

“La información que hay indica que por las características geológicas del país, el potencial es bastante limitado; una cosa es lo que se dice y otra la que se comprueba científicamente”, advirtió Astorga.

El también profesor de la UCR dijo no entender las razones por las cuales el Gobierno excluyó el gas natural y el tema de la exploración petrolera en el decreto de moratoria emitido en el mes de agosto.

“Es una de las cosas que hay que preguntarle al ministro”, dijo Astorga a UNIVERSIDAD  al finalizar el foro, mientras Carazo se hacía misma la interrogante. “Lamentablemente no vino y nos quedamos esperando para evacuar las dudas”; “la exclusión del gas es intencional”, comentó el exdefensor de los habitantes.

Entretanto, Astorga aseveró que “ese decreto es parcial, sólo se refiere a la explotación de petróleo, no limita la exploración y deja fuera al gas natural, es un decreto muy parcializado”.

A su juicio, el tema petrolero en Costa Rica debe enmarcarse en un proceso de diálogo que cobije a amplios sectores (ver nota aparte: Ecuador lanza novedosa alternativa a la explotación petrolera) y sobre la base de un proceso marcado por la “transparencia, la información y la participación”.

“Se trata de una actividad que el país incluso puede desarrollar por sí solo, producto de sus investigaciones sobre sus recursos naturales y energéticos que podrían servirle en algún momento”, indicó.

Por su parte, Carazo fue más directo e insistió en que el Gobierno debe propiciar la derogatoria de la ley de hidrocarburos, vigente desde 1994, que tanto el exdefensor de los habitantes como Astorga calificaron de “entreguista”.

Pese las adjudicaciones que se hicieron a Mallon, y sobre las que sustenta sus reclamos actuales, “el Estado costarricense aún tiene la posibilidad de dictar no solo una moratoria por el resto del período presidencial sin suscribir un contrato, sino de dictar una política nacional que aleje al país de la industria extractiva en materia de hidrocarburos”, dijo.

El también exdiputado criticó el hecho de que el Gobierno, a pesar de haber emitido el decreto, no utilizó el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para apoyar la derogatoria de la ley de hidrocarburos. “Lanzan un proceso de moratoria parcial, un decreto confuso, y no van a la raíz del problema”, reprochó.

 


El petróleo en Costa Rica*

-Consumo diario de hidrocarburos: 44.000 barriles (actualizado al 2009).

-Promedio de la factura petrolera:   $2.000  anuales.

-El 64% de los combustibles fósiles que se utilizan los consume el sector transporte y para la energía comercial.

-Costa Rica recibe unos 100 embarques por año.

*Fuente: Exposición del geólogo Allan Astorga y  Alberto Fernández, funcionario de RECOPE.

 


 

Ecuador lanza novedosa alternativa a la explotación petrolera

El gobierno de Ecuador lanzó, en el 2010,  una novedosa alternativa destinada a evitar la extracción –dejándolos bajo tierra- de más de 850 millones de barriles de petróleo localizados en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de más alta biodiversidad en el mundo.

Conocida como iniciativa Yasuní ITT, Ecuador pretende que la comunidad internacional reconozca el servicio ambiental derivado de su decisión de congelar la explotación de esos yacimientos, cuyo valor comercial calcula en $7.2 billones, en una zona con capacidad de producir 107.000 barriles diarios durante 13 años.

La propuesta de Quito ofrece al mundo la oportunidad de financiar el 50% de ese petróleo, y el resto del costo lo asumirá el país suramericano.

“Al dejar todo ese crudo en tierra, se evitaría la emisión de más de 407 millones de toneladas métricas de carbono al aire y la deforestación de miles de hectáreas de bosque húmedo lleno de biodiversidad”, explicó el gobierno ecuatoriano en un comunicado.

La iniciativa llegará a conocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas y está circulando en numerosos países, tanto de América Latina como de Europa.

El Parque Nacional Yasuní es una maravilla ambiental del planeta. Se trata de uno de los sitios aún intocados de la cuenca alta amazónica, y que cuenta con reconocimiento mundial debido a la riqueza biológica y diversidad cultural que alberga.

Es el hogar ancestral de dos culturas indígenas que aún viven aisladas por su propia voluntad: los Tagaeri y los Taromenane, procedentes de la etnia Waorani.

Un fideicomiso internacional se constituyó en agosto del 2011 bajo la administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de recaudar fondos de gobiernos y organizaciones y empresas privadas que se sumen a la  iniciativa.

Varios países, como España, Chile, y la Fundación AVINA, ya ofrecieron el apoyo al proyecto ecuatoriano con donaciones efectivas, según las autoridades de Quito.

Las autoridades ambientales de Ecuador afirman que una hectárea en el Parque Nacional Yasuní  contiene más especies nativas de árboles y plantas, que todas las que existen en Norteamérica; de ahí la importancia de preservar ese tesoro ambiental.

Con la puesta en marcha del fideicomiso, ya se aprobaron los denominados Certificados de Garantía Yasuní (CGYs) y existe un mecanismo electrónico para recibir aportes de superiores a los $100.000. (www.mdtf.undp.org/Yasuni).

El gobierno de Ecuador solicitó recientemente a Costa Rica, país pionero en la emisión de certificados de fijación de carbono, el respaldo a la iniciativa Yasuní, por considerar que es afín a las políticas ambientales costarricenses.


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