Actividades como plantaciones piñeras que no pasaron por Setena en el pasado, podrán seguir operando sin evaluación ambiental, según un reciente decreto publicado por el Gobierno. (Foto: archivo)

Un decreto publicado por el Gobierno el pasado 17 de julio debilitó los criterios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), con la pretensión de “alivianarles la carga” a esa entidad y a los desarrolladores.

Así lo denunciaron el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el exsecretario general de la Setena, Allan Astorga, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad con el fin de anular los cambios al reglamento de EIA.

Las modificaciones incluyen la exoneración de EIA para las actividades que ya están en operación y que pasan a ser consideradas de “bajo impacto ambiental” por el simple hecho de renovar su permiso sanitario o cualquier otro trámite similar en los distintos ministerios.

También se extendió la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años, y se amplió de 300 a 500 metros cuadrados de construcción el rango mínimo para exonerar a los proyectos del trámite de EIA.

Grupos como la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), reclaman que estos cambios se debieron realizar en el seno de la Comisión Mixta de Setena, donde hay representación de distintas organizaciones de la sociedad civil, pero que fue desconvocada por el Ministerio del Ambiente desde el año anterior.

NORMAS DETERIORADAS

El decreto N° 37803-Minae-S-MOPT-MAG-MEIC, que modifica el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), establece que ahora las obras de 500 metros cuadrados o menos se puedan realizar sin el respectivo trámite ambiental ante la Setena.

Además del deterioro de esta norma, que anteriormente se fijaba en 300 metros cuadrados, se decidió que los proyectos de menos de 1000 metros cuadrados solo necesitan presentar el formulario D2, una declaración jurada de compromisos ambientales que puede llenar el desarrollador sin la presencia de un auditor ambiental, y que generalmente no son verificados por Setena.

Allan Astorga explicó que en el decreto también se establece como parte del trámite del D2, la georreferenciación del sitio de la obra, pero no se corrige una debilidad señalada por la Contraloría General de la República sobre la valoración del sitio de construcción.

“De nada sirve poner la ubicación del sitio, si esto no dice si se trata de un lugar de alta fragilidad ambiental o no. El país no cuenta con mapas oficiales que definan cuáles son las zonas de fragilidad ambiental, y es una debilidad que no se ha querido corregir”, indicó Astorga.

El geólogo y experto en EIA también criticó la forma en que Setena trata de justificar este deterioro en las normas ambientales, cuando aduce que estos proyectos “pequeños” constituyen cerca de la mitad de los expedientes que recibe cada año.

Para Astorga y Sagot no es válido que Setena diga que no cuenta con los recursos suficientes, pues recibe $50 por el trámite de cada formulario D2, y podría aumentar la tarifa si considera que necesita más recursos, además de que la ley faculta a la entidad a contratar más personal si así lo requiere.

SIN CRITERIO

Otra de las razones por las cuales se pide la nulidad del decreto es por la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años, lo cual −según Astorga− se hizo sin ningún criterio técnico que lo respalde.

“En cinco años pueden cambiar muchas cosas, puede crecer la cobertura vegetal, se pueden erosionar los suelos; y también pueden cambiar las condiciones sociales, aumentar la población y que recursos como el agua ya no estén disponibles para el proyecto”, argumentó.

La reforma también exoneró del trámite de EIA los movimientos de tierra y desmonte menores a 200 metros cuadrados, lo cual podría implicar daños arqueológicos y deforestación.

Las actividades que están en operación y que nunca pasaron por Setena para hacer EIA, menos lo harán con este nuevo reglamento, ya que se les exoneró del todo y ahora se consideran actividades de “bajo impacto”, por el simple hecho de renovar sus permisos en otras entidades.

Astorga advirtió que este cambio es muy peligroso, y puso como ejemplo el caso de una vieja estación gasolinera, que por levantarse antes de 1995 no tuvo que pasar por Setena, pero que por ser una instalación vieja podría ser un foco de contaminación para mantos acuíferos.

De igual forma, grandes plantaciones de piña se crearon a finales de los años 90 sin trámite de EIA, y ahora podrían simplemente renovar sus permisos sanitarios o de otro tipo, sin tener que aplicar un Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) para determinar sus grados actuales de contaminación por agroquímicos o erosión.

En los cambios también salió “premiado” el sector industrial, en vista de que se liberó del trámite de EIA las construcciones menores a 1000 metros cuadrados “cuando no tenga relación directa con la operación”, mientras que se bajó la categoría de impacto a las construcciones de este tipo entre los 1000 y 2999 metros cuadrados.

Sagot explicó que se está invocando el principio de “no regresión”, según el cual las normas ambientales no pueden deteriorarse para promover la competitividad, tal y como se establece en el capítulo 17, artículo 17.2.2 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Heidy Murillo:

“Ya ni siquiera respetan los TLC que promueven”

Las modificaciones al reglamento de Evaluación Ambiental de Setena no tienen contento al sector ambientalista, el cual considera que los cambios debieron haberse discutido en la Comisión Mixta que existe en Setena para este fin.

La representante de la Federación Conservacionista (Fecon) ante esta comisión, Heidy Murillo, dijo a UNIVERSIDAD que el año anterior se habían realizado los nombramientos para activar el grupo de trabajo, pero este fue desconvocado al poco tiempo por el Ministerio de Ambiente.

“Mandaron a cancelar la reunión de la Comisión Mixta porque dijeron que al Ministerio de Economía le preocupaba el ámbito de acción de la Comisión, entonces el ministro de Ambiente la desconvocó e inició la intervención en Setena”, recordó Murillo.

En esta comisión hay representantes de los grupos ambientalistas, las cámaras empresariales y entidades del Gobierno, y tiene la potestad de recomendar cambios en las normas que rigen la EIA en Setena.

“Están siguiendo la línea del gobierno de Arias, en el que también se desconvocó la comisión y se sustituyó por el imperio de Jorge Woodbridge (ministro de Competitividad). En ese periodo pasaron a toda velocidad proyectos como la mina Crucitas, el acueducto Ocotal, miles de torres de telefonía, la marina de Moín. Muchos proyectos de alto impacto ambiental”, cuestionó Murillo.

Para Murillo es preocupante que se implementaran estos cambios sin la debida participación, y sin el rigor técnico necesario, solo por promover una supuesta competitividad que van en contra hasta de los TLC que ha promovido el sector político neoliberal del país.

Sin respuesta del Minae

UNIVERSIDAD intentó obtener el criterio del ministro de Ambiente, René Castro, sobre los cambios implementados al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Setena y la decisión de no convocar a la Comisión Mixta para valorar estos cambios.

La solicitud de entrevista se realizó a la oficina de prensa del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) desde el 24 de julio, pero se indicó que el ministro estaba de gira por Guanacaste y que existía la posibilidad de plantearle las consultas el 29 de julio.

A esa fecha, cierre de edición para este Semanario, respondieron que el ministro Castro se encontraba enfermo, pero se remitiría la consulta a la viceministra María Guzmán, quien al cierre de esta edición tampoco respondió la solicitud.

UNIVERSIDAD intentó consultar al ministro de Ambiente, René Castro, sobre los cambios en el reglamento de Setena, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.