Defensor de los Habitantes: Hay un interés de deslegitimar los controles

En la entrevista participaron (en el orden usual) Javier Córdoba, Eduardo Ramírez, Ahmed Tabash, José Manuel Echandi, Laura Martínez, Ana Incer y María Flórez-Estrada,

En la entrevista participaron (en el orden usual) Javier Córdoba, Eduardo Ramírez, Ahmed Tabash, José Manuel Echandi, Laura Martínez, Ana Incer y María Flórez-Estrada, quien quedó fuera del encuadre.

Los recientes exabruptos del mandatario Abel Pacheco contra el informe anual de la Defensoría de los Habitantes y su jerarca: José Manuel Echandi Meza, son vistos por el defensor como una intención de deslegitimar las labores de control que ejerce esta institución y otras similares, como la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional.

Echandi considera irresponsable el comportamiento del presidente Pacheco, pues además de opinar sobre el informe sin haberlo leído -como él afirmó-, resta importancia al malestar de más de 24.000 ciudadanos que acudieron ante la Defensoría, para plantear reclamos contra diferentes instancias del Estado.

En compañía de su encargado de prensa, Ahmed Tabash, el Defensor visitó este Semanario el pasado 21 de julio, para ser entrevistado por los periodistas Laura Martínez, Ana Incer, María Flórez-Estrada, Javier Córdoba y Eduardo Ramírez, quien procesó la información.

Durante una hora Echandi Meza se refirió al controvertido informe anual de esa entidad, al Tratado de Libre Comercio, los obstáculos que enfrentan en sus labores, al servicio diplomático, a las políticas fiscales, a la corrupción, al mecanismo de consulta popular (referendo), y otros temas.

A continuación se ofrece un resumen de lo expuesto por el Defensor.

¿La reciente descalificación que hizo el presidente Abel Pacheco de la labor de la Defensoría de los Habitantes es una actitud que se repite entre las personas investigadas o usuarias de esta entidad?

-En realidad la descalificación que hizo el Presidente de la Institución la está haciendo prácticamente a más de 24.000 personas que de una u otra forma acudieron a nuestras oficinas a presentar sus consultas, opiniones y a solicitar la intervención de la Defensoría, debido a que algún servicio público no les fue dado en una forma adecuada.

¿Qué opinión le merece la actitud de rechazo del mandatario Pacheco, respecto al informe anual que la Defensoría presentó en días pasados?

-Me parece que no es la posición correcta. Lo correcto sería analizar a profundidad el informe, con la finalidad de dar las directrices sobre las instituciones que le corresponde como mandatario, para que realicen todas aquellas modificaciones necesarias a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. El informe no solo analiza al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, los gobiernos locales (municipalidades) y todas la instancias del Estado.

¿Cómo calificaría esas declaraciones del Presidente?

-Me parece que son irresponsables, porque no está haciendo caso a la inquietud de miles de habitantes que se acercan a la Defensoría en busca de una defensa de sus derechos e intereses, cuando estos no están siendo satisfechos por las instancias gubernamentales. Si no ha leído el informe o no lo va a leer -como él dijo-, entonces cómo puede decir que está lleno de manifestaciones incorrectas y temerarias.

¿Qué motiva la reacción tan airada del mandatario?

-Desconozco cuál es la motivación del señor Presidente. Puede ser que algunos asesores le hayan informado mal sobre lo que indica el informe, porque este no analiza solo al Poder Ejecutivo, sino también otras instituciones.

El ministro de la Presidencia -Ricardo Toledo- dijo que era un libro (el informe) de terror y que su mamá le había prohibido leer libros de terror los fines de semana (risas). Eso quiere decir que posiblemente tampoco lo leyó. No sé si el malestar podría deberse a la manifestación que se hace en el informe sobre el 25% que se paga por discrecionalidad a los funcionarios de la Casa Presidencia. También está la mención al funcionamiento de FUCE (Fundación para la Cooperación del Estado) y  COPRE (Comisión Presidencial que vigila a FUCE), de las cuales formaba parte el asesor económico Ronulfo Jiménez y la exministra de la Presidencia -Rina Contreras-; ellos eran juez y parte en estas entidades.

El presidente Pacheco ha expresado molestia por un supuesto acercamiento suyo con el exmandatario Rafael Ángel Calderón, a quien usted le habría solicitado una candidatura a diputado. ¿Qué asidero tiene esta afirmación?

-Eso es totalmente falso. He tenido reuniones con don Rafael Ángel, con don Ottón Solís y con don Óscar Arias, para ver algunos temas importantes que se han estado presentando en el país. En el caso de don Rafael Ángel quería consultarle sobre la situación social y económica del pais; con don Ottón hablé acerca de la situación del ICE y del TLC; mientras que con don Óscar conversé de la inclusión de Costa Rica en la lista de países que apoyaban la guerra en Irak y de la instalación de la escuela policial.

Dentro de esa reacción presidencial, ¿qué papel habrían jugado las conflictos internos del Partido Unidad Social Cristiana: entre Abel Pacheco y el sector calderonista?

-Puede haber existido algún tipo de reacción del señor Presidente por el hecho de que la Defensoría le consultara a una persona con amplios conocimientos de la situación socioeconómica -como Calderón-, respecto a la coyuntura en esta materia.

¿Existe detrás de todo esto que hemos hablado, un interés por desprestigiar a la Defensoría frente al país?

-Creo que sí hay un interés por deslegitimar la labor que realiza la Defensoría de los Habitantes, y no solo a esta, sino también la labor de control que ejercen diferentes instancias, como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, y  la Sala Constitucional.

Recientemente, cuando usted intentó mediar en el conflicto entre el MOPT y los controladores aéreos, el Presidente lo objetó y usted se replegó. ¿No fue un error esto? ¿No significó perder independencia frente al Poder Ejecutivo?

-En una mediación las dos partes tienen que estar de acuerdo. Llamé al señor ministro de Obras Públicas y Transportes y le solicité una reunión para ver cómo se podía resolver el problema y él me dijo ese mismo día que a las 6 de la tarde en el Consejo de Aviación Civil se iba a hacer la reunión; esto me pareció excelente, porque era muy rápido. Hablé con los controladores y ellos me dijeron que si podía ser a las 7 p.m. Les dije: no, miren, el ministro dice que a las 6 p.m., hagan un esfuerzo por llegar a las 6 p.m. Llegué unos minutos antes de esa hora y cuando entré con una funcionaria de la Defensoría el ministro me dijo: necesito hablar en privado con usted. Al ingresar me dijo: mire, el señor presidente de la República me pidió expresamente que usted no fuera mediador en este proceso y no puedo llevar a cabo la reunión si usted está presente, así que le solicito como amigo que salga. A los controladores les dije: entren, a lo mejor hay alguna solución, porque lo que me preocupa es que los vayan a despedir. Solo duraron reunidos como dos minutos, pues el ministro no tenía ninguna propuesta.

¿Cuáles son los principales obstáculos, o los más frecuentes, que enfrenta la Defensoría por parte de la administración pública cuando debe realizar gestiones por quejas o denuncias del público?

-Los obstáculos que se presentan en algunas ocasiones son porque algunas instituciones públicas no contestan o dan acceso a la información que se les pide. Este es uno de los problemas más grande que tenemos en este momento, hasta el punto de que se dice -extraoficialmente- que hay una directriz para que no nos den información, como una forma de ir invisibilizando a la institución (la Defensoría) como tal. La Institución tiene mecanismos para poder accesar a la información, incluso mediante  el uso de la Fuerza Pública. Nunca lo hemos hecho, pero estamos pensándolo. El Consejo del Transporte Público es uno de los órganos que menos información nos da, e incluso ni siquiera por medio de recursos de amparo que ha presentado alguna gente; es un desorden total.

¿Siente que el atropello a los derechos de los ciudadanos  en las instituciones públicas crece con el tiempo o más bien  se reduce?

-Creo que se mantiene. Algunos funcionarios públicos pierden la perspectiva de que lo que tienen es un mandato para prestar un servicio público de calidad, con esmero y mística, y muchas veces ven al habitante más bien como un obstáculo. De allí la importancia de apoyar un proyecto de fortalecimiento de las contralorías de servicio en las instituciones públicas; que busca darles rango legal y e independencia, pues en este momento los jerarcas son los que nombran a los contralores de servicio, entonces esto crea una dependencia. La idea es que estas contralorías dependan de la Defensoría de los Habitantes.

¿Se vuelve permeable -cada vez más- la población costarricense a la corrupción?

-La corrupción siempre ha existido. Creo que en este momento más bien hay mayor cantidad de denuncias por parte de la gente. Antes quizás no existían los mecanismos para denunciar que hay ahora. En los últimos informes de Transparencia Internacional se indica que ha aumentado la corrupción. Me parece que -lamentablemente- sí ha habido un aumento en el índice de corrupción.

¿Tiene usted intereses políticos para un futuro próximo?

-En este momento estoy abocado totalmente a lo que son mis funciones como defensor de los habitantes hasta el 6 de junio del 2005, cuando termina mi mandato. Después de esa fecha tendré que ver cuál es el futuro que me espera, pues no tengo empresas, ni siquiera oficina abierta para el ejercicio de mi profesión (abogado). No descarto nada, ya sea en el sector privado o público. Lo interesante es que el Presidente llegó al poder siendo diputado (risas).

Usted como defensor ha luchado para que el cuerpo diplomático se profesionalice. ¿Está usted satisfecho con el acatamiento que ha hecho el Canciller a las recomendaciones dadas por la Defensoría?

-Parcialmente. Hay algunos casos en los cuales se ha avanzado, pero también hay situaciones en las cuales aparentemente ha habido algunas injusticias y no se han cumplido en un ciento por ciento las recomendaciones que la Defensoría ha emitido, como es el caso del funcionario que ha presentado algunas denuncias: Rodolfo Jiménez, a cuyo hermano le quitaron el nombramiento que tenía en Rusia. El acatamiento ha sido a medias.

Cree usted que durante esta Administración el servicio diplomático dejará de ser un botín político?

-Creo que en esta Administración es muy difícil, porque ya está más allá de medio periodo. Sí espero que en las próximas administraciones deje de ser un botín político, con base en las recomendaciones de la Defensoría y en las resoluciones de la Sala Constitucional, que son de carácter obligatorio para el próximo ministro de relaciones exteriores.

¿En la práctica, las recomendaciones que -a partir de estudios- hace la Defensoría de los Habitantes son letra muerta o tienen algún grado importante de acatamiento entre las personas o instituciones involucradas?

-Las recomendaciones son acatadas en un 85%, gracias a la influencia que tiene la Defensoría a través de los medios de comunicación colectiva, que son los que hacen una presión moral a los jerarcas, para que recapaciten y tomen en cuenta nuestras recomendaciones.

¿Considera que sería importante hacerle una modificación a la ley, para que las recomendaciones de la Defensoría sean de acatamiento obligatorio?

-No, porque es importante mantener la magistratura e influencia que tiene la Defensoría, ya que de lo contrario se convertiría en un tribunal.Sí hemos pedido a la Asamblea Legislativa que se eleve a rango constitucional a la Defensoría, como lo está la Contraloría General de la República. Las de Costa Rica y Ecuador son las únicas defensorías que no están incluidas en la Constitución Política. El peligro es que por medio de una ley podría desaparecer la Institución. Igual es importante que se le dé inmunidad al defensor titular y al adjunto, pues hemos tenido numerosas amenazas de denuncia penal por difamación y calumnia.

¿Cuáles son las áreas más cuestionadas por la ciudadanía?

-Los gobiernos locales son los más cuestionados. Su funcionamiento, y sobre todo la reparación de los caminos vecinales, la recolección de la basura, y el tratamiento de los desechos sólidos. Sobre la situación de los recursos para que las municipalidades puedan realmente reparar los caminos, este es  un problema que también atañe al Poder Ejecutivo, porque el Ministerio de Hacienda -que es el que tiene que hacer la transferencia de los impuestos recaudados de los combustibles- no lo hace; entonces, esos recursos no llegan al destino específico. Lamentablemente la Sala Constitucional dijo que Hacienda podía disponer de esos fondos a como lo considerara prudente. Nosotros no estamos de acuerdo con lo anterior cuando se han creado tributos con fines específicos, porque lo que se está haciendo es engañando al pueblo, ya que se le ha dicho que paga más cara la gasolina para reparar carreteras y los ciudadanos le echan la culpa a las municipalidades porque esto no se hace, cuando es el Ministerio de Hacienda el que no traslada los recursos.

Recientemente el Ministro de Hacienda volvió a amenazar con recortar la inversión pública y particularmente el gasto social si no se aprueba la reforma fiscal. Por otro lado, se sabe por diversos informes que hay una gran evasión fiscal por parte de las empresas. ¿Qué puede hacer la Defensoría contra esto?

-El 46% del impuesto de ventas no se paga y esto representa ¢188.000 millones que se dejan de recaudar por año; hay una fatal recaudación fiscal. La Defensoría en el informe anual menciona la necesidad de fortalecer la sección de Tributación Directa, e incluso habla de la creación de una nueva instancia que se dedique a la recaudación fiscal. También habla de órganos de control para vigilar la recaudación fiscal; de que los impuestos deben ser más directos, para que quienes más ganan tributen más. Lamentablemente el Ministerio de Hacienda siempre ha visto la inversión social como un gasto y cuando hay crisis lo primero que hace es reducirle el presupuesto a todas aquellas instituciones públicas que dedican recursos a la parte social. Uno de los problemas en este sentido, es que el equipo económico es el que está gobernando el país.

¿Tiene inquietudes la Defensoría sobre el proyecto más importante y que traería grandes transformaciones para el país, como lo es el Tratado de Libre Comercio (TLC)?

-La semana pasada presentamos un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa, para que apruebe el procedimiento mediante el cual se deberá convocar a una consulta popular: referendo, y la iniciativa popular, con la finalidad de que temas como el TLC sean consultados y que sea el voto de los habitantes empadronados los que vengan a determinar si se aprueba o no el TLC, como lo han hecho otros países en Suramérica.

¿Estará preparado el pueblo costarricense para hacer un referendo, como lo hizo recientemente Bolivia o Uruguay?

-Yo diría que sí, pues el pueblo costarricense es educado, con altos índices de educación, y estoy totalmente seguro de que está preparado. Por eso es importante que se regule cuál va a ser el procedimiento, con la finalidad de que sea un procedimiento justo. La Asamblea Legislativa está en mora constitucional, porque al aprobar hace dos años el referendo, se estableció un plazo de un año para aprobar el procedimiento de cómo se aplicará.

Aparte del mecanismo de la consulta popular, ¿la Defensoría tiene algunas apreciaciones o valoraciones -a partir de reuniones y estudios propios- sobre el TLC?

-Vemos la necesidad de fortalecer el ICE si se va a dar la apertura en telecomunicaciones; que se dé una universalización de los servicios, en vista de que el ICE ha logrado que un 97% de los habitantes tengan cobertura de electricidad y una cobertura muy alta en telefonía. Sabemos que si se da la apertura a las empresas no les va a interesar que los indígenas en la zona de Chirripó tengan teléfonos o electricidad, porque no es rentable y ellas van por el lucro. Tengo entendido que el ICE tenia planeado para este año tener un 100% de cobertura en electricidad y por las restricciones económicas impuestas por el gobierno se va a atrasar cuatro años.

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