Ante quejas de ciudadanos

Defensoría niega falta de respuesta a gestiones de los habitantes

Institución dice que solo dos de cada 100 peticiones de intervención no son admitidas.

La Defensoría de los Habitantes (DH) se sacudió de las quejas de algunas personas que consideran que la entidad no está dando respuesta a las solicitudes de intervención ante los poderes públicos, en defensa de sus derechos.

De acuerdo con el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, la realidad es que a la DH llegaron 30.000 solicitudes de intervención en el 2014, de las cuales el 98% fueron admitidas para trámite.

De ese total, 15.000 solicitudes fueron recibidas en las oficinas centrales en San José y 15.000 en las seis sedes regionales que la institución tiene en distintas áreas del país.

La DH envió la semana pasada a la Asamblea Legislativa su informe anual de labores, y a la defensora titular, Montserrat Solano, le corresponderá presentarlo ante el plenario legislativo a fines del presente mes.

La Defensoría es un órgano contralor auxiliar del Poder Legislativo, creado por ley en 1992 y que abrió sus puertas al año siguiente. Su fin es velar para que la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos (ver “Función de la Defensoría”).

Las intervenciones de la institución consisten en orientaciones y asesorías al habitante, las cuales incluyen la explicación de los trámites por seguir en otras instituciones para presentar formalmente una denuncia, pues el órgano defensor interviene si hay omisión de respuesta de las instituciones públicas correspondientes.

Asimismo, este órgano puede trasladar la queja a otro ente regulador o institución pública; solicitar al denunciante para que realice gestiones previas antes de que se inicie una investigación; pedir la intervención de los profesionales de la Defensoría mediante una inspección; o cualquier otra gestión para que otras entidades agilicen la atención de alguna queja o denuncia.

Cordero resaltó que solo un 2% de las solicitudes que llegan no son de recibo, y eso es porque son situaciones de orden personal que se llega a plantear, como desahucios y hasta divorcios. A veces el habitante se confunde y lleva casos que tienen que ver más con la defensoría del consumidor que con el campo de acción de la Defensoría de los Habitantes, explicó.

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“El habitante nunca sale de aquí sin una respuesta que le pueda ayudar; tanto es así que tomando en consideración ese 2% de denuncias, hicimos un convenio con la Universidad de Costa Rica y funciona un consultoría jurídica con estudiantes de derecho y un profesor que le puede ayudar al habitante, por ejemplo, en el caso de pensiones alimenticias, los cuales son asuntos que deben llevar los tribunales de justicia a petición de la parte”.

Significa que se han puesto las herramientas para que el habitante siempre salga con una respuesta y, eventualmente, si su petición o denuncia no tiene fundamento, siempre sale con una orientación por escrito acerca de qué hacer, aseguró el defensor adjunto.

Como respaldo a lo anterior, la oficina de prensa de la Defensoría mostró mensajes de agradecimiento que les llegan de personas satisfechas, por la respuesta obtenida en su caso.

¿JUDICIALIZADOS?

Algunas personas creen que se ha hecho frecuente que la DH no le dé curso a las denuncias, y que los mandan a presentar sus casos en la vía judicial, donde los procesos son lentos y engorrosos, y muchas personas no tienen recursos para costearlos, lo que los dejaría en la práctica en una indefensión.

Ante la pregunta de si eso está ocurriendo, Cordero lo descartó. “Es todo lo contrario. Hemos sido partidarios de que los conflictos al habitante no se le deben judicializar; creo que la justicia administrativa es la que debe primar cuando el habitante venga. Solo en casos absolutamente excepcionales, donde el riesgo sea inminente o cuando la salud o la vida de la persona esté comprometida, por supuesto que tenemos que echar mano de nuestras potestades legales. O en casos muy graves en materia de hábeas corpus eventualmente; pero no es lo común, y la Defensora y yo somos de la idea que no se debe judicializar el conflicto”, enfatizó.

Distrito Merced: Engañados, pero aún con esperanza

Agrupados en la Asociación Pro Distrito Merced (Asoprodem), los vecinos de esta barriada capitalina viven en carne propia el engaño de políticos que prometen en busca de votos y luego no cumplen.

Ahora dicen sentirse burlados por la Municipalidad de San José, que en tiempos del alcalde Johnny Araya, posterior candidato presidencial liberacionista, les prometió apoyo para construir un polideportivo para la comunidad, pero las autoridades no cumplieron los trámites y la compra del terreno se paralizó.

Además, reclaman que la Defensoría de los Habitantes no ha sido eficaz para presionar al gobierno municipal, para que les cumplan los acuerdos tomados para realizar el proyecto.

Directivos de la Asociación encabezados por su presidenta María del  Rocío Arce relataron a UNIVERSIDAD la lucha que han dado, desde hace más de cuatro años, para que la juventud de la comunidad tenga un complejo deportivo donde recrearse sanamente, y también cómo después de ir cumpliendo con mucho esfuerzo requisito tras requisito que les pedían, y mientras Araya  y el Comité Cantonal de Deportes −presidido entonces por Heiner Ugalde− les aseguraban que el proyecto iba adelante, se dieron cuenta de que el cheque por ¢352 millones para la compra del terreno había sido devuelto por el Comité Cantonal, que el proceso se había detenido y a ellos no les informaron.

“El cheque se devolvió en setiembre del 2013 y todavía en el 2014 estábamos  haciendo gestiones en la Municipalidad porque nos estaban pidiendo requisitos, y ya el cheque ya estaba devuelto”, se quejó Arce.

Ahora, el anuncio de que el Ministerio de la Vivienda tiene ¢3.000 millones para  bono en comunidades donde interesa retener a la población con arraigo −y que no continúe el despoblamiento que ha venido ocurriendo−, les devuelve la esperanza de revivir el proyecto.

La idea es que en el terreno que tienen localizado para construir el complejo deportivo se edifiquen también apartamentos para 84 familias del distrito que necesitan vivienda, y además contar con un Ebáis (equipo básico integral de salud), que también es una necesidad sentida.

“Como ya el proyecto del polideportivo no caminaba, fuimos al Ministerio de Vivienda y tratamos de buscar una  alianza, para que se pudieran utilizar todos los recursos que ya tenemos  respecto a ese lote, que es el único que hay en todo el distrito que vale la pena para hacer estos diseños”, manifestó Ricardo Villalobos, abogado de la Asociación.

La respuesta del Ministerio ha sido positiva en cuanto a la propuesta para la vivienda y les dijeron que van a iniciar los estudios para ver quién califica y quién no, pero en la parte del plan comunal aún no han entrado, porque hasta ahora es que se está planteando esa posibilidad, agregó.

El actual presidente del Comité Cantonal de Deportes, Fabián Rojas,  relató que lo que sucedió con el proyecto es que el Concejo Municipal autorizó la compra del lote y se consiguió el préstamo, pero la Contraloría advirtió que el presidente del Comité Cantonal no tenía personaría jurídica para realizar la transacción y se tuvo que devolver el cheque, porque de lo contrario el comité se hubiera visto en un problema administrativo.

Cuando la nueva directiva asumió el Comité, se encontró con que había compromisos económicos adquiridos y no se contaba con recursos, por lo que hubiera sido irresponsable asumir nuevas deudas, sobre todo considerando que la infraestructura existente tiene serias deficiencias de mantenimiento, pues durante 20 años no se ha invertido en ella, necesita atención prioritaria, y así se lo han hecho ver a los señores de la Asociación, aseguró Rojas.

No se puede seguir insistiendo en un crédito que ya está cerrado, y si estos vecinos están interesados deberían tener nuevamente un acercamiento con la Municipalidad y pedirle que haga un levantamiento catastral de todos los lotes baldíos e indique quiénes son los dueños, porque la administración puede hacer una expropiación por interés público. Pero hay que tener en cuenta que no solo se trata de comprar el lote, sino que un polideportivo necesita una inversión entre ¢700  y ¢800 millones, señaló.

Distrito Merced

Población: 12.265 habitantes (Censo 2011).

Barrios: Bajos de la Unión, Claret, Coca Cola, Iglesia Flores, Las Luisas, Mántica; México, Paso de la Vaca, Pitahaya, Rincón de Cubillos.
Instituciones importantes: Banco Nacional de Costa Rica, Banco Central de Costa Rica, Correos de Costa Rica.
Lugares para visitar: Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura (Museo de los Niños), Mercado Central, Mercado Borbón, Mercado Paso de la Vaca, Iglesia La Merced.

PROYECTO POLÍTICO

Daguer Hernández, regidor del Partido Acción Ciudadana (PAC), rechazó las acusaciones de la Asoprodem que lo señalan como uno de los responsables de que el proyecto del polideportivo se cayera.

Aseguró que este es un proyecto “muy político”, que Johnny Araya presentó al Concejo Municipal y, teniendo a su favor la mayoría en el Concejo durante cuatro años, la Alcaldía,  y al Comité Cantonal de Deportes −por medio de Heiner Ugalde, también miembro del Partido Liberación Nacional−, les hizo creer a los vecinos que tendrían el polideportivo para que votaran por él en las elecciones nacionales del 2014.

Cuando el PAC ganó las elecciones y el 1 de mayo del 2014 en alianza con otros partidos ganó la directiva el Concejo Municipal, vieron que había un desorden con ese proyecto. Hernández dice que llamó entonces a Ugalde para preguntarle cómo estaba la situación y este le dijo que el cheque había sido devuelto desde el mes de octubre. Entonces, al ver que la  gente seguía creyendo que el proyecto estaba en pie, fue a una reunión con los vecinos de La Merced y les dijo la verdad de lo que había ocurrido.

Recordó que tras haberles dicho la  verdad le echaron la culpa de lo sucedido con el proyecto, cuando ni él ni nadie del PAC fue el promotor de la iniciativa, sino que fue un proyecto de Araya y el PLN, y cuando entró el nuevo directorio ya estaba muerto. Reconoció que él y los demás regidores apoyaron el acuerdo para respaldar el proyecto, porque era un proyecto de relevancia para el cantón y para el distrito La Merced −que es el único que no cuenta con polideportivo−, pero los promotores fueron los del PLN.

Función de la Defensoría

  • La misión de la Defensoría de los Habitantes –órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa− es proteger a los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética, por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.
  • La Defensoría no puede sustituir los actos, actuaciones materiales ni las omisiones de la actividad administrativa. No puede ordenar que se ejecute o se deje de ejecutar un acto, ni puede realizarlo.
  • La entidad actúa de oficio o a solicitud de parte. Si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de ley, pero si se considera que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público.
  • Hay una Contraloría de Servicios cuyo objetivo es contribuir a que en la prestación del servicio público la Defensoría funcione con un máximo de eficiencia, a fin de satisfacer oportuna y adecuadamente las legítimas demandas de los usuarios, así como brindarles la información que estos requieran para orientar y facilitar su contacto con la institución.
  • Dicha Contraloría está ubicada en las oficinas centrales con una funcionaria encargada de atender los reportes de los usuarios de las siete sedes que la institución tiene en diferentes partes del país, y donde trabajan un total de 176 funcionarias y funcionarios.
  • De acuerdo con el reglamento disciplinario los servidores y servidoras de la Defensoría estarán sujetos a responsabilidad administrativa cuando, por “dolo o culpa grave”, incurran en algunas de las conductas sancionables según el Estatuto y demás normativa aplicable, “lo cual dará lugar a la imposición de las sanciones disciplinarias correspondientes por parte del Defensor (a) de los Habitantes, el Defensor (a) Adjunto, el órgano director del procedimiento administrativo, los Directores, los Jefes (as) de Departamento y demás funcionarios (as) con personal a cargo, según corresponda”.

*Fuente: Defensoría de los Habitantes.

 

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