Afirman que proyecto tiene todas las garantías ambientales y reconocen la creación de un Ministerio de Minería.

El director de la Dirección de Geología y Minas, José Francisco Castro, y la jefa del Registro Nacional Minero Cinthia Cavallini, defendieron la propuesta del nuevo código de minería, tras conocer las críticas que le realizaron el grupo “Llamado Urgente por el País” y la Iniciativa Paz con la Naturaleza.

UNIVERSIDAD dio a conocer parte de estas críticas, en las que se señala que la propuesta pretende facilitarle las cosas a las empresas mineras; y convertir a Costa Rica en un Estado que impulsa la actividad minera a toda escala.
La ampliación de las áreas de extracción, y de los plazos de concesión, la baja en los cánones mineros que se cobran por esta actividad, e inclusive una declaratoria de “conveniencia nacional” y la posible creación de un “Ministerio de Minería” fueron parte de las críticas que expuso a este Semanario el geólogo Allan Astorga.
Castro y Cavallini afirmaron que la propuesta pretende actualizar la legislación, que data de 1982; y a la vez “ordenar y poner las reglas claras” para una actividad que va más allá de la extracción de oro a cielo abierto.

PROPUESTA CON MEJORAS

De acuerdo con Castro y Cavallini; la propuesta del Código de Minería se está trabajando desde el inicio de esta administración, con la participación de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Geólogos, representantes de las cámaras de empresas mineras, la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Cavallini indicó que se presentó una primera propuesta al exministro de Ambiente, Roberto Dobles; pero por estar en ese momento la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el texto se dejó de lado y fue recuperado bajo el mando del actual jerarca, Jorge Rodríguez.
Sobre las críticas publicadas en UNIVERSIDAD, Castro afirmó que el geólogo Allan Astorga se centra en la minería de oro y cita con frecuencia el proyecto Las Crucitas; cuando esta propuesta pretende un abordaje más integral de la minería, la cual incluye la parte metálica y no metálica.
En su criterio,  en las críticas se omite decir que este nuevo código realiza una categorización de la actividad minera, con el fin de estudiar cada proyecto según su tamaño e impacto real.
La jefa del Registro Minero aseguró que no es cierto que el código pretenda reemplazar los estudios de impacto ambiental (EIA) por simples declaraciones de compromisos ambientales.
“Don Allan dice que hay retroceso en la parte ambiental, pero eso no es así. En el artículo 9 decimos que el que esté interesado en presentar una solicitud para una concesión minera, debe presentar la viabilidad ambiental aprobada por SETENA, la cual dirá el instrumento que procede para cada caso”, afirmó Cavallini.
En su opinión también se implementaría la creación de un bono de garantía de cumplimiento minero,  el cual es distinto al bono de garantía de compromisos ambientales actual.
Este bono permitiría al Estado garantizarse el dinero suficiente para hacer el cierre adecuado de un proyecto minero en caso de que éste quede abandonado y de esta forma evitar los daños ambientales.
También afirmó que la propuesta permite pedirle a los concesionarios que rehabilite o proteja obras de infraestructura nacional; y además aumenta las penas para la práctica de la minería ilegal.
Respecto de la explotación en las zonas indígenas, la funcionaria aseguró que actualmente se requiere el permiso de la Asamblea Legislativa, pero no se toman en cuenta a las comunidades, mientras que el código propone que la explotación se dé con la autorización de la Asociación de Desarrollo de cada territorio.
“Los indígenas tienen la prioridad para explorar y explotar sus recursos; y se debe contar con el apoyo de la respectiva comunidad. Sí se pensó en la convención de OIT, con el fin de respetar los derechos de estos pueblos”, afirmó Cavallini.
Sobre la posibilidad de explotación minera en territorio marino, y los riesgos ambientales que esto representa, los funcionarios indicaron que la ley no debe verse con visión de corto plazo, pues el desarrollo de las tecnologías permiten extracciones y explotaciones de minerales sin tanto impacto en un futuro no muy lejano.
“Los recursos son del Estado, y el Estado tiene la potestad de decir sí o no; si ambientalmente no es posible, se le dice que no; se está pidiendo siempre la viabilidad ambiental  por medio de la SETENA”, afirmó Castro.

¿CONVENIENCIA NACIONAL?

Respecto de declarar de “conveniencia nacional” la actividad minera mediante la ley, Cavallini aseguró que esto no tiene mayor implicación, pues actualmente la minería está declarada como actividad de “utilidad pública”.
Cuestionada sobre si esta declaratoria pretende ahorrar el trámite de un decreto de “Conveniencia nacional”, como el otorgado al proyecto Las Crucitas para que realizara el cambio de uso de suelo, y talara una especie de árbol protegida, Cavallini respondió que no se trata de eso y que para los cambios de uso de suelo, se debe hacer lo que indica la Ley Forestal.
“Es para poder ser más amplios en el manejo de ciertos procedimientos. (…) Tendría otra implicación, pero nunca obviar requisitos en normativas atinentes”, aseguró.
Los jerarcas de la actividad minera negaron que el proyecto “regale” o garantice la explotación de los yacimientos identificados a las empresas; y afirmaron que ni ahora ni después, el hecho de encontrar un yacimiento implica necesariamente que éste pueda ser explotado.
Sobre la advertencia de que la nueva legislación permitiría hacer tajos de hasta 500 hectáreas (5 kilómetros cuadrados), respondieron que actualmente el área máxima de concesión son 20 kilómetros cuadrados, y de explotación pueden ser de hasta 10 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, afirmaron que en el país no ha habido nunca proyectos ni yacimientos de tales dimensiones. Además, para una concesión de explotación se requiere tener la aprobación del EIA y un plan de explotación.
Cavallini indicó además que los tiempos de concesión para exploración y explotación se subieron en cinco años  (30 y 10 años respectivamente); y que los tiempos se definen según el plan de explotación. En el caso de Las Crucitas, la concesión se otorgó por 12 años.
Ambos reconocieron que los cánones que pagan las empresas por la extracción podrían ser un poco bajos; pero para eso la propuesta se sometió a una consulta pública y eso se puede mejorar si se demuestra que es económicamente viable.
Agregó que trabaja en la elaboración de un cuadro que recoge todas las sugerencias que recibió el proyecto, para luego presentárselas al ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez.
Los funcionarios afirmaron que se incluyó la creación de un Ministerio de Minería, pues consideran que la actividad tiene necesidades y problemas específicos que se podrían atender en una nueva cartera.

Jorge Rodríguez: “No conozco a fondo la propuesta”

¿Conoce la propuesta del nuevo Código de Minería?

-No, en enero la asamblea no sesiona, y luego viene el cambio de gobierno; no le veo viabilidad para que salga ahora.