Señalan que la contratación por parte del TSE de los auxiliares electorales, “pone en riesgo la transparencia electoral”.

Con fuertes cuestionamientos renunciaron al Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) varias personas que incluso tenían puestos de jefatura en esa instancia, pues consideran que el empleo en los comicios de figuras como los auxiliares electorales, quienes reciben remuneración por su trabajo, “nos relegan del proceso, (…) ahora, como el cascarón vacío que nos han convertido, se nos hace imposible como delegados, ser garantes de la transparencia de los procesos electorales y consultivos que ejecuta el TSE”.

Ello fue expuesto en una carta de renuncia dirigida a Carlos Rojas, Jefe Nacional Cuerpo de Delegados, el pasado mes de junio, la cual fue firmada por quince personas que hasta entonces tenían varios años de desempeñarse como delegados del TSE en las elecciones y en el referendo del 2007. Entre ellas destaca Luisa Díaz, Jefa de la Provincia de San José; Luis Santisteban, subjefe de la misma provincia, y Arnoldo Segura, asesor legal de esa circunscripción.

 El origen de la molestia de los delegados se origina en la implementación de la figura del llamado ” auxiliar electoral”, una persona que, contratada por el TSE, asiste a los miembros de las juntas electorales y cantonales el día de las elecciones y que, en caso de que ninguno de los fiscales nombrados por los partidos políticos se presente, tiene la potestad de abrir la mesa electoral para que la gente vote.

Los auxiliares funcionaron por primera vez en las elecciones de febrero del 2002, luego en el 2006 y en el referendo del 2007.
Según lo expresaron los quince delegados, el conflicto radica en que “las funciones que ha realizado por más de 50 años el Cuerpo Nacional de Delegados en los procesos electorales y (…) consultivos, de forma desinteresada y a puro fervor cívico, se han ido trasladando paulatinamente  a otras ‘figuras nuevas’ pagadas por todos los costarricenses, dejando de lado la excelente labor que hemos venido desempeñando proceso tras proceso”.

Carlos Álvarez, uno de los exdelegados renunciantes, manifestó a UNIVERSIDAD que la incorporación de “figuras pagadas” en el trabajo electoral, como asesores o auxiliares es “negativa” porque “abre un portillo mediante el cual se pueden dar situaciones anómalas”.

Álvarez lamentó que “esas figuras pagadas hayan aumentado su poder y eso pone en riesgo la transparencia electoral”. La misiva de renuncia apunta que “de ahora en adelante el TSE va a tener el control del proceso a través de estas nuevas figuras electorales, algo que estimamos es realmente peligroso para nuestra democracia, pues es en la desconfianza que se da entre los distintos miembros de la junta receptora de votos que se sustenta la pureza del sufragio”.

Por su parte, German Calvo, otro de los renunciantes, lamentó que “lo que se impone es un civismo económico, las personas no prestan ayuda al TSE en atención a un deber cívico, sino por remuneración en dinero”.

GARANTÍAS

En una entrevista concedida a UNIVERSIDAD y publicada en la edición anterior, el magistrado presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, se refirió al tema y manifestó que la posición de los exdelegados es “equivocada”.

Sobrado explicó que hay división de funciones entre los delegados y los auxiliares. La función de los primeros es “ser los brazos y ojos del TSE en las calles durante el proceso electoral”; al tiempo que puntualizó que los auxiliares “nacieron ante el hecho inobjetable de que a partir de 1998 los partidos políticos empezaron a perder capacidad para colocar representantes en todas las juntas receptoras de votos y por ende de fiscalizarse entre sí”.

El funcionario detalló que el auxiliar existe para estar “al lado” de los fiscales enviados por los partidos a las mesas electorales, asistiéndoles en el levantado de actas y reportes y fiscalizando en caso de que sólo llegue representante de un partido. Al mismo tiempo enfatizó el hecho de que el auxiliar pueda “tomar el control” en caso de que no aparezca el representante partidario, pues con ello “se garantiza que la junta se pueda abrir y la gente votar”.

Por otra parte, el abogado Francisco Barahona opinó que el hecho de que el TSE “base ahora su estrategia de control de observancia y vigilancia electoral” en figuras pagadas como los auxiliares, “si bien puede ser una medida de emergencia ante la realidad de que no todos los partidos pueden nombrar fiscales en todo el país, no debe significar que la pureza del sufragio esté en manos de estas personas. Eso sólo es posible cuando en la junta electoral la mayoría de los partidos tienen representantes”. 
 
Barahona, quien participó en la comisión que colaboró en la propuesta de una reforma al Código Electoral, lamentó que “si el día de las elecciones no hay suficientes representantes, o solo de un partido con alguien del TSE, es mucho más posible que haya fraude”. En ese sentido, lamentó que “es una medida emergente que se convierte en la norma”.
 
El especialista recalcó que la presencia del auxiliar “no es garantía de transparencia”, la cual sólo se puede dar “con la presencia de fiscales de los diferentes partidos”. En consecuencia propuso que se aporte a los partidos la financiación para contar con insumos que les permitan conseguir a los fiscales.

“Se trata de un trabajo que debe ser ciudadano, el tema electoral debe ser un tema de compromiso ciudadano”, concluyó.