Demandan que Academia sea multilateral

«Aquí no se está obligando a nadie a ir a nada», Ministro de Seguridad Rogelio RamosRogelio Ramos, Ministro de Seguridad PúblicaSi la Academia Internacional

«Aquí no se está obligando a nadie a ir a nada», Ministro de Seguridad Rogelio Ramos


Rogelio Ramos, Ministro de Seguridad Pública

Si la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley que se quiere instalar en el país brindará capacitación sobre un problema multilateral como es la delincuencia transnacional, es realmente «internacional» y su objetivo es beneficiar a los países de la región; entonces, que sea una academia de carácter multilateral, pues eso debe resolverse con la participación igualitaria de todos los países.

Esta es una de las últimas sugerencias que se han hecho, con respecto al polémico proyecto para instalar una academia policial en Costa Rica, por medio de un convenio bilateral entre los Gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica.

La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), por ejemplo, considera que no existen respuestas claras a dudas razonables: ¿Por qué una relación bilateral y no una multilateral?, ¿por qué si es buena la multilateralidad en el Tratado de Libre Comercio y no al plantear la creación de la academia?

A solicitud de la Comisión de Asuntos Internacionales, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) – al igual que varias otras instituciones- externó su criterio sobre el proyecto de ley. En este se expresa que el objetivo de la academia será brindar formación para combatir delitos transnacionales, incluyendo terrorismo, tráfico de estupefacientes, delitos transnacionales, tráfico ilegal de armas de fuego y de personas.

 

«Las formas de criminalidad enumeradas han venido siendo tratadas de manera multilateral en diversos órganos de las Naciones Unidas (NU) y de la Organización de Estados Americanos», señala la carta enviada por la dirección del ILANUD. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que ha sido ratificada por Costa Rica, entrará en vigor el 29 de setiembre.

«Sugerimos considerar la posibilidad de multilateralizar esta importante iniciativa por medio de las citadas organizaciones de las Naciones Unidas. Desafíos multilaterales, como los que plantea la criminalidad transnacional, tienen su respuesta más eficaz por medio de las organizaciones multilaterales. Podría invitarse a los países de la región a adherir a la iniciativa, contribuyendo a la creación, y sostenimiento de la academia, y compartiendo también responsabilidades», agrega la misiva.

En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el 8 de julio, el Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, informó que la Fundación Costa Rica-EE.UU (CR-USA) compraría las instalaciones y aportaría los costos de mantenimiento y la vigilancia, y el gobierno costarricense pagaría un alquiler menor por estas. Para el país la instalación de la academia representaría ¢73 millones en 2003 y ¢80 millones en 2004.

CRÍTICAS

La legisladora Epsy Campbell, del PAC, manifestó que «Estados Unidos tendrá derecho a ejercer su política exterior pero lo grave es cuando no se ha coordinado con ninguna otra instancia,» según dijo, en alusión al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. «Se hace en forma inconsulta con nuestras entidades jurídicas», dijo.

Lo anterior se debe a que recientemente se conocieron dos pronunciamientos del sector judicial sobre el proyecto. Uno fue emitido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 14 de julio y el otro por el Colegio de Abogados el 10 de agosto.

La importancia de estas manifestaciones radica también en que si el fin de la academia es capacitar a jueces, abogados y policías, ésta no tendría sentido si el poder judicial se negara a participar de la capacitación.

UNIVERSIDAD consultó al Ministro de Seguridad sobre su respuesta ante el pedido de la Corte, de conocer de previo los programas que la academia impartirá, y en su decisión de reservarse el derecho de participar hasta no ver el detalle de los cursos.

«Es absolutamente lógico, además tampoco se establece ninguna obligación para la Corte, se le envía una solicitud con todos los atestados y el programa del curso y ellos de manera autónoma deciden quién va y quién no va, aquí no se está obligando a nadie a ir a nada», respondió Ramos.

Por su parte Manuel Amador, presidente del Colegio de Abogados, dijo que de instalarse la academia, los miembros del Colegio podrían participar eventualmente de la capacitación. «Si se le pide alguna cooperación al Colegio para dar charlas a los policías, con toda seguridad daríamos nuestro apoyo».

Con respecto al pronunciamiento de la Corte, opinó que ésta se reserva el derecho a mandar a sus jueces y defensores a capacitarse, porque no tendría influencia en la definición de los contenidos de los programas. «Sería bueno que la Corte Suprema de Justicia tenga voz y voto en los contenidos de los cursos».

CONFUSION

También se pidió al Ministro que aclare por qué se les tiene que dar el rango de diplomáticos y exención de impuestos a funcionarios estadounidenses que participarían en la academia, ante lo cual afirmó que «eso es lo usual, está en el caso del INCAE, CATIE, EARTH, Universidad para la Paz, todas las instituciones de enseñanza de carácter internacional tienen esas condiciones».

Como reiteradamente el Ministro ha negado el carácter militar del proyecto, se le solicitó especificar mediante qué disposiciones se asegura al país que no darán capacitación militares o personas con antecedentes penales por abuso de poder o violaciones a los derechos humanos en otros países.

«De lo que se trata esta academia es de perfeccionar conocimientos de administradores de la justicia alrededor de crímenes transnacionales y está circunscrita totalmente para personas relacionadas con la justicia, no militares, creo que ahí hay una confusión de fondo porque no veo qué puede venir un militar a mostrarle a un juez, qué conocimientos le puede dar, si son totalmente diferentes».

Agregó que en el acuerdo suplementario del convenio está «absoluta y totalmente definido que no podrá tener carácter militar ni desarrollar ninguna actividad conexa militar. «De manera terminante, clara y abundante lo dice, pero los que están en contra de esto lo siguen repitiendo como una manera de desprestigiarlo».


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