Denuncia pide a Contraloría vigilar montos de acuerdo CCSS – Gobierno

Es imprescindible que la Contraloría General de la República (CGR) analice el acuerdo que está próximo a firmarse entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Gobierno, para determinar el monto real y la forma de pago de las deudas del Estado con la seguridad social.

Esta es la petición de un ciudadano que presentó varias denuncias ante la CGR, entre las cuales solicita que el órgano contralor haga un estudio que permita precisar la cuantía de esas obligaciones y el rigor técnico aplicado para determinarlas, y que se investigue una eventual afectación por daño patrimonial injustificado a la institución.

Cabe recordar que ha habido contradicciones en la información que se ha dado a conocer públicamente sobre este tema y los procedimientos –carentes de criterio técnico– que fundamentan la cuantía de la deuda, lo que genera enormes dudas, manifestó el administrador de empresas Jorge Herrera en las denuncias documentadas que presentó la semana antepasada a la CGR.

“Considerando que este tema resulta de suma importancia por el compromiso que implica para la Hacienda Pública y para los contribuyentes en general, solicito que se disponga lo pertinente para que el Ministerio de Hacienda no suscriba ningún convenio de pago con la Caja, hasta tanto la Contraloría no realice el auditoraje y emita criterio que permita total certeza de los montos por cancelar”, demandó Herrera.

La gestión se origina luego de que Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, declarara a la prensa que la deuda del Estado con la institución alcanza a ¢763.000 millones –suma que permitiría construir una docena de hospitales como el recientemente estrenado en Heredia− y en razón de que en este mes de agosto se presentaría el acuerdo de pago, que se haría en cuatro tractos, con recursos de un préstamo que Hacienda estaría negociando con el Banco Mundial.

La Caja y el Ministerio de Hacienda no habían logrado ponerse de acuerdo sobre el monto de la deuda acumulada del Estado con la institución, por lo que hace un año ambas partes acordaron crear un equipo técnico interinstitucional para determinar en el plazo de un año dichos adeudos y diseñar un mecanismo de pago. Esto a pesar de que desde hace dos años existía un grupo con el mismo propósito.

El monto de la deuda que mencionó el Gerente Financiero debería ser sometido a una rigurosa revisión, por cuanto en el transcurso de los últimos años se han generado situaciones que así lo ameritan, alegó Herrera, quien fungió como asesor legislativo y ha seguido de cerca el manejo que los gobiernos y las administraciones de la Caja le han dado a las finanzas de la institución a lo largo de los años.

Enfatizó que los problemas económicos de la seguridad social no surgieron por casualidad, sino que hay responsables y no es justo que quienes los causaron se encarguen de imponer nuevos sacrificios a las personas que sufren las consecuencias y necesitan atención en salud y servicios médicos.

Entre los aspectos que señaló por tomar en cuenta para una correcta dimensión del asunto están las informaciones contradictorias que la Caja ha venido dando sobre la deuda estatal.

Así, según un informe de la Dirección Financiero-Contable y del Área de Contabilidad Financiera entregado a la Gerencia Financiera, a abril del 2012 las deudas del Estado alcanzaban los ¢352.342,4 millones.

Mientras tanto, en diciembre del 2013, en una presentación a los candidatos presidenciales, la entonces presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, dijo que dicha deuda ascendía a ¢402.000 millones.

En agosto del 2014, el Gerente Financiero declaró que la obligación llegaba a los ¢622.705 millones, 10% más en relación con la suma registrada en el 2013, que había sido de ¢561.075 millones. El incremento se debía a que en el 2013 subió en cerca de ¢120.000 millones el subsidio que da el Gobierno a las atenciones médicas para niños y adolescentes, en aplicación del Código de Niñez y Adolescencia.

Hoy la deuda se cifra en ¢763.000 millones, y son fundamentalmente obligaciones con el Seguro de Salud, ya que lo correspondiente al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-pensiones) sería un 2%.

De acuerdo con esos números, la deuda estatal con el Seguro de Salud se habría duplicado en tres años, a pesar de un considerable incremento en las transferencias del Estado a ese régimen, que sumaron ¢149.800 millones en el período 1992-2007, y ¢947.400 millones del 2008 al 2014.

Según Herrera, para ubicar el tema en su contexto hay que recordar que los problemas de las deudas estatales con la Caja habían quedado supuestamente resueltos en el 2007, durante la administración de Óscar Arias (2006-2010), aplicando una metodología de cálculo que culminó con un significativo recorte de dichas obligaciones.

Las autoridades de la CCSS argumentaron que disposiciones de la CGR obligaban a que se cobrara al Estado la atención de la población indigente con base en “población efectivamente registrada” y no sobre estimaciones según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), como había sido el procedimiento usual.

A esa fecha, la deuda registrada por ese concepto era de ¢301.000 millones, saldo que fue “ajustado” y se redujo a ¢120.000 millones (casi a un tercio), el cual luego fue objeto de un convenio de la CCSS con Hacienda para cancelarlo en 13 años, es decir, hasta el 2020.

En julio del 2007, la junta directiva de la entidad acordó que en adelante se cobraría según bases de datos que ya se estaban implementando. No obstante, en documentos y estados financieros de la institución, se muestra que se continuó facturando los servicios al Estado de acuerdo con “estimaciones”, sin que operaran las mencionadas bases de datos.

Casi cinco años después, en marzo del 2012, la junta directiva acordó solicitar a la Dirección Actuarial que conjuntamente con la Dirección Jurídica y la Gerencia Financiera debían retomar lo acordado en el 2007, para calcular el costo de la población indigente con base en núcleos familiares “y no con estimaciones que se realizan actualmente”, y revisar lo actuado en función de su “impacto” y “legalidad”. Así se consignó en un “resumen de asuntos relevantes” de la sesión de la junta directiva, cuya deliberación se omitió en el acta, porque se declaró “confidencial”.

Llama la atención que ese acuerdo de la Directiva se comunicó a los encargados de ejecutarlo en marzo del 2013, un año después, según consta en oficio suscrito por la secretaria de actas de la junta directiva.

REBAJA

En el cobro de la deuda al Estado por concepto de “Código de Niñez y Adolescencia” también hay situaciones llamativas.

En el 2007, el monto registrado era de ¢34.000 millones, y aunque la CGR no se había manifestado sobre ese tema, la CCSS, presidida por Eduardo Doryan, decidió por su cuenta “ajustarlo” y dejarlo en ¢1.984 millones, rebajando casi ¢33.000 millones, según documentó un informe de la Auditoría de la Caja.

El argumento para tomar la medida fue que se hacía una “analogía” con lo aplicado a la deuda por “población indigente”, a la que se había referido la CGR. Esta no había cuestionado la cuantía de esa deuda ni su metodología de cálculo; tampoco se consignó que hubiera algún reclamo u objeción del Estado sobre dicha obligación. Por eso, Herrera pide establecer eventuales responsabilidades por afectación patrimonial no justificada.

Otro dato que genera dudas es que, en los registros contables, las obligaciones de Niñez y Adolescencia desde el 2010 mantuvieron, sin alteración, un saldo de ¢1.047 millones desde el 2010 hasta diciembre del 2013. Mientras en ese mes se registró un salto a ¢116.000 millones, el cual se sustentó en facturación de períodos anteriores, según oficios de la Dirección Actuarial y del Área de Análisis Financiero, sin que se haga mención de registro de personas atendidas o aseguradas por cuenta del Estado.

Para Herrera, vale cuestionar dónde estuvieron esas deudas todos estos años, por qué no se registraron y cuál metodología realmente se aplicó para el cálculo.

UNIVERSIDAD quiso saber si la Caja tenía noticia de la demanda planteada por Herrera ante la CGR, a lo que el gerente financiero, Gustavo Picado, indicó a través de la oficina de comunicación institucional que él no tenía conocimiento de la existencia de esta denuncia.