Denuncian al Gobierno por dar ventajas “ilegales” en concesión de nuevo puerto en el Caribe

A poco más de un mes de que el Gobierno le adjudicó al consorcio portuario holandés APM Terminals la concesión para la construcción y

A poco más de un mes de que el Gobierno le adjudicó al consorcio portuario holandés APM Terminals la concesión para la construcción y operación de un “megapuerto” nuevo, la terminal de contenedores de Moín (TCM), en el Caribe, diputados y el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) denunciaron ventajas “leoninas e ilegales” otorgadas a la empresa, a cambio de que aceptara una rebaja de la tarifa de $246 a $223.

Durante la comparecencia que realizaron el pasado martes 5 de abril ante la comisión legislativa que investiga las concesiones de obra pública, los representantes del sindicato describieron como “algo nunca visto” en los procesos de licitación,  lo ocurrido en este caso, en que luego de abierta la oferta económica que presentó la empresa se le aprobaran más de 15 condiciones o “mejoras” que no estaban en el cartel (ver gráfico).

A ello se agregan otras irregularidades como que el plazo para la recepción de ofertas se cambiara doce veces, mientras se hacían modificaciones al cartel “a la medida” de la empresa, única que participó en la licitación, o que la adjudicación se hiciera cuando ya estaba vencido el plazo que señala la ley, sostuvo José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP.

El consejo de administración de JAPDEVA aprobó el pasado 24 de febrero la adjudicación APM Terminals, para la “Concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la terminal de contenedores en Puerto Moín”.

 

La recomendación de aceptar la oferta de APM fue hecha por una comisión evaluadora de diez miembros nombrada por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), y por cuatro “expertos” consultores (tres internacionales y uno nacional). La oferta de APM “cumple a cabalidad” con lo requerido en el cartel de licitación y responde plenamente a los requisitos exigidos por la Administración, por lo que “es sujeta de ser adjudicada”, concluyeron.

La recomendación fue avalada por el CNC y por el Consejo de Administración de JAPDEVA. En su acuerdo este aduce entre otras consideraciones –al justificar la aprobación de las medidas adicionales solicitadas por la empresa como condición para rebajar la tarifa- que estas condiciones no implican una variación sustancial de las reglas del cartel, aunque reconoce que “no suponen tampoco variaciones menores”.

“Del análisis de estas medidas alternativas adicionales que hizo la Comisión de Evaluación, considera esta que es posible acceder a todas las petitorias del oferente, ya que ninguna  implica una modificación sustancial a los términos de referencia, sino que más bien se trata de medidas que buscan la coadyuvancia de la administración para la ejecución en tiempo y forma del proyecto de la TCM, especialmente en cuanto a la intervención y coordinación de las actividades que deben ser realizadas por entes públicos”, indicó.

INACEPTABLE

El diputado Walter Céspedes, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana, calificó de “inaceptable” que el Gobierno haya aceptado que la empresa solo tenga que contratar a 42 de los 1.400 trabajadores que laboran actualmente para JAPDEVA.

También cuestionó que se le haya concedido exclusividad en el manejo de la carga de contenedores, lo que representa el 80% de la carga que transita por los muelles de Limón. Eso es la muerte de JAPDEVA, aseguró.

Esto no puede pasar, sería el limonense más malo que ha llegado al Congreso si aceptara una cosa de esas, dijo Céspedes.

La presidenta Laura Chinchilla firmó el pasado 1 de marzo la concesión a APM por 30 años, para la construcción y operación de la TCM, valorada en $948 millones de dólares y que empezaría a operar en 2016.

Previsto para ser construido en dos etapas, el puerto contaría cuando esté concluido en su totalidad con un muelle de 1.500 metros, cinco puestos de atraque, 2.2 km de rompeolas y un canal de acceso de 18 metros de profundidad.

Ahora se está en el trámite para la firma del contrato de concesión, que deberá pasar luego por el refrendo de la Contraloría General de la República.

Mientras tanto, la Cámara de Bananeros impugnó el proceso licitatorio por presuntas anomalías, ante el tribunal contencioso administrativo. La alta tarifa aprobada, que encarecería el transporte y bajaría la competitividad de los productores nacionales, ha sido una de las objeciones de parte de los empresarios.

SINTRAJAP anunció que también denunciará las ilegalidades ante ese tribunal.

Los representantes del SINTRAJAP fueron los primeros llamados a declarar ante la comisión legislativa que hace dos semanas inició audiencias sobre la licitación de la TCM. En los próximos días les tocará el turno a las autoridades administrativas de JAPDEVA y los jerarcas del Gobierno que han impulsado la concesión.

La comisión legislativa sobre concesiones prepara su informe al plenario legislativo respecto de la investigación que inició en setiembre pasado acerca de denuncias de irregularidades en la construcción e incumplimientos en la fiscalización de la carretera a Caldera, puerto del Pacífico, concesionada al consorcio Autopistas del Sol, de capital mayoritariamente español.

Tras escuchar en la comisión las denuncias del sindicato sobre la concesión de la TCM, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, consideró que los cambios de última hora hechos al cartel son “ilegales y vergonzosos”. Este caso se queda corto respecto de lo sucedido con la concesión de la vía a Caldera, afirmó.

Dijo que en la concesión de la TCM se rompe el discurso del Gobierno de que fomenta la libre competencia, porque si otros oferentes hubieran sabido que se iba a cambiar el cartel de esa manera, habrían participado probablemente. Pero participa un solo oferente y le dan beneficios a la medida que son inaceptables. Claramente lo que están buscando es cerrar JAPDEVA a cualquier costo y entregar ese patrimonio nacional (los puertos) en administración a una empresa extranjera con grave perjuicio para el pueblo costarricense, afirmó Villalta.

Según el legislador, desde adentro los jerarcas están tratando de quebrar JAPDEVA; desde el 2003 no han actualizado las tarifas de los servicios que presta la institución y no han hecho las inversiones para comprar grúas y otros equipos que se necesitan, y con ello favorecen a empresas privadas. Parecen dedicados a hacer que nada funcione para justificar la privatización y no han cumplido con los deberes básicos de su cargo, dijo Villalta.  Añadió que por ello ya envió una denuncia a la Fiscalía para que investigue.

PRUDENTES

Una posición diferente manifestó el diputado oficialista Víctor Hugo Víquez, quien consideró que “hay que ser prudentes” y oír al presidente de la Junta Directiva y los funcionarios de JAPDEVA cuando lleguen a declarar a la comisión, para que se refieran al tema y después sacar conclusiones.

“Estamos oyendo una parte y está bien, (pero) hay que fundamentar la información que ellos nos han traído (…) “Nosotros no podemos tomar partido ni en contra ni a favor de un sindicato. Pueda que tengan razón, igualmente a las autoridades de JAPDEVA tenemos que escucharlas  y ahí sacar conclusiones”, recalcó el legislador liberacionista.

No obstante, otro es el parecer del diputado Céspedes, quien a su vez hizo denuncias en la comisión, como que el CNC, en vez de asumir su función de estudiar y calificar la oferta presentada en el concurso, le trasladó esa tarea a una comisión de diez miembros, entre los cuales había  tres consultores extranjeros. Esta gente fue la que hizo la recomendación de adjudicar a la empresa holandesa, el CNC y JAPDEVA la avalaron y el ministro del MOPT, Francisco Jiménez se la llevó a la Presidenta Chinchilla para que la firmara, señaló.

Dijo que en su informe de recomendación uno de los miembros del grupo evaluador escribió que Costa Rica “tiene la suerte” de haber despertado el interés de un operador global con una reputación establecida, con el manejo eficiente, en la operación de terminales de contenedores. Ese es el análisis técnico que hace esta gente: “nos sacamos la lotería con esta empresa”, ironizó Céspedes.

Según el legislador, al concedérsele la exclusividad de la carga de contenedores a la concesionaria se está creando un monopolio y eso significa “despedazar” JAPDEVA.

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