Decisiones de jerarcas administrativos de la institución que habrían ocasionado un efecto de “contagio” de la crisis de liquidez que enfrenta el sistema de salud fueron denunciadas en una comparecencia -el pasado 14 de diciembre- ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por exmiembros del comité de inversiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Y es que se han estado usando recursos de IVM (que maneja los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadores del país por más de ¢1.2 billones) para comprar los bonos con que el Gobierno le ha estado pagando a la Caja las deudas acumuladas con el seguro de salud, títulos que la entidad ha tenido dificultad en colocar en el mercado, mientras enfrenta una apremiante necesidad de liquidez para pagar a sus proveedores y empleados.
En esa situación, el comité de inversiones de IVM ha decidido hacer comprar de tales títulos al precio solicitado, sin la debida puja para obtener los mejores precios como ordena el reglamento en resguardo de los intereses del régimen. Incluso IVM habría vendido títulos rentables, a fin de obtener liquidez para comprar los bonos del Gobierno, con lo cual el fondo de pensiones pudo perder o dejado de ganar miles de millones de colones, que habría obtenido si hubiera comprado los títulos a precios del mercado.
Estas fueron parte de las denuncias expuestas durante una presentación a los diputados, por Daniel Muñoz, jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial de la Caja.
Muñoz aseguró que él y Máximo Peñaranda, exdirector financiero de pensiones y exsecretario del Comité de Inversiones, fueron excluidos de dicho comité tras oponerse a esas decisiones y exigir la presentación de informes que las justificaran, sin que sus peticiones fueran atendidas.
En la sesión estuvieron presentes también José Luis Quesada, actual gerente interino de pensiones; Miguel Pacheco, gerente de pensiones actualmente suspendido; Carlos Montoya, tesorero de la CCSS; Álvaro Vega, director de inversiones; y otros funcionarios, quienes fueron llamados a responder preguntas de los miembros de la comisión, en relación con el manejo del régimen de IVM.
La comisión legislativa sobre la Caja cumplió en diciembre su primer período de cuatro meses, prorrogable por otros cuatro meses; pero su labor podría entrar en un estancamiento, porque el plenario legislativo acordó sesionar de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a jueves, con el fin de darle prioridad a la aprobación del plan fiscal que impulsa el Gobierno, lo cual no deja lugar al trabajo de las comisiones especiales.
Además, el Gobierno no ha convocado ninguno de los proyectos para modernizar la legislación sobre la Caja y que tiene en agenda la comisión; el Poder Ejecutivo es el único que tiene la potestad de convocar proyectos a discusión en el actual período extraordinario de sesiones, que finaliza en mayo.
Es por ello que las sesiones extraordinarias han sido un punto muerto en el análisis de la modernización de la legislación de la Caja, dijo el politólogo y economista Juan Carlos Chavarría, asesor de la comisión legislativa, que preside el diputado socialcristiano Walter Céspedes. “Por un lado, (en el Gobierno) dicen que les preocupa la situación de la Caja y, por otro, no hacen nada por solucionarla”, afirmó Chavarría.
La comisión tiene la característica de que no es solo de investigación, sino también una comisión dictaminadora de proyectos de ley. El panel ya tiene siete proyectos de ley en agenda y ocho más están en trámite, por lo que va a llegar a tener al menos 15 proyectos relativos a la CCSS.
Los proyectos presentados tienen que ver con el fortalecimiento de la gestión de cobro de la CCSS; cambio de la configuración de la junta directiva de la institución; y creación de un sistema de elección diferente de funcionarios, con una evaluación de desempeño, y con participación de las universidades estatales, que valorarían el mantenimiento o no de las autoridades de la Caja.
Otro proyecto es para que, en un período transitorio, el Estado le pague a la Caja en efectivo (no con bonos) las obligaciones que tiene; y una de las propuestas de ley es establecer la imprescriptibilidad de las deudas obrero-patronales con la CCSS, de tal manera que si el trabajador descubre que no le pagaron las cuotas, hasta diez años después puede hacer efectivas sus gestiones de pago.
AVANCE
La comisión legislativa, de la cual forman parte también dos representantes de la sociedad civil, ha avanzado la parte de investigación con una serie de comparecencias de expertos particulares y representantes de instituciones, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la contralora general de la república, Rocío Aguilar; la defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum; y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda.
En las exposiciones se ha enfatizado la existencia de dos problemas principales que tiene la CCSS. Uno es de carácter estructural, que todavía no la ha impactado directamente, y es el llamado bono poblacional, que tiene que ver con el envejecimiento cada vez mayor de la población, y el nacimiento cada vez de menos hijos, lo que ocasionará que haya más gente mayor que atender y menos gente joven que cotice para la seguridad social.
Dicho tema fue planteado por la Contraloría General de República y por la OPS, cuyo representante afirmó, ante una pregunta del diputado Céspedes, que con los recursos que existen actualmente y con una buena gestión de cobro, la situación del bono poblacional no empezaría a mostrar señales graves antes de medio siglo. Esto quiere decir que hasta entonces no habría necesidad de aumentar la cuota obrero-patronal.
El otro problema es una falta de liquidez del seguro de salud en el corto plazo, y es que la Caja no está teniendo el dinero suficiente para poder pagar sus obligaciones a sus proveedores y salarios. El principal deudor de la Caja es el Estado costarricense, y cuando “el agua ya llega hasta el cuello” lo que hace el Gobierno es pagar con títulos valores. Sin embargo, con el déficit fiscal y otros problemas del Estado, dichos títulos tienen “baja bursatilidad”, lo que significa que no es fácil colocarlos en el mercado, según han expuesto en la comisión.
De ahí que se ha obligado al régimen de pensiones a comprar los mencionados títulos al precio que le quieran vender, con perjuicio para los intereses del fondo, que es para sostener las pensiones de todos los trabajadores y trabajadoras.
Así, el problema de liquidez se traslada al sistema de pensiones, porque no solamente es que el IVM le compra los bonos al seguro de salud de la Caja cuando este está hasta el cuello, sino que el IVM tiene que deshacerse de títulos que le están generando utilidades, para obtener liquidez y poder comprar los títulos con que el Estado le paga a la Caja.
Otros problemas que se han identificado en las distintas comparecencias tienen que ver con fallas de gestión, de control, falta de especialistas y salarios impagables para la institución, lo cual redunda en un problema operativo de gastos, por lo que algunos han hecho ver que nada se hace con meterle más ingresos a la Caja, sin antes corregir las fallas detectadas.
