Costa Rica sólo produce un 20% ó 30% de los granos básicos, columna vertebral de nuestra alimentación.

La falta de políticas estatales que apoyen al productor, como créditos favorables y ayudas con los insumos de producción, sumada al énfasis que se le dio a la agricultura de exportación, son los principales factores de que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país estén en “estado crítico”.

Así lo manifestaron a UNIVERSIDAD los participantes en el Foro Experiencias de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, que con representantes de todo el país se realizó en la Universidad Nacional (UNA), el pasado 16 de abril.

Fernando Rivera, académico de la Escuela de Ciencias Agrarias de esa Universidad, manifestó que las políticas alimentarias han estado sujetas a las políticas macroeconómicas. “No hay directrices públicas que realmente aborden el tema de la producción nacional ni la seguridad y soberanía alimentaria, porque lo que se considera clave es si se puede importar, o que la gente pueda comprar los alimentos. Pero esa mentalidad ha hecho que no se le dé prioridad a nuestra producción  ni a la necesidad de impulsar la investigación, la asistencia técnica y el crédito”.

Ello ha redundado en que Costa Rica produce entre el 20% y 30% de los granos básicos que consume,  a pesar de que “hay potencial para producir mucho más”, según informó el investigador.

“En los años 70 éramos prácticamente autosuficientes, entre otras razones porque los créditos se concedían en condiciones más favorables. Si sigue la evolución de estas políticas y la disminución en el número de productores, la desaparición  de un sector como el de los frijoleros podría ocurrir”, lamentó.

Cabe recordar que en las dos últimas ediciones de UNIVERSIDAD se trató el tema de la difícil situación que enfrentan los productores de frijol de la Zona Sur y sus familias, pues se han quedado con un remanente de 9.000 quintales que desde febrero no logran colocar con ningún industrial intermediario del producto, mientras que muchos comercializadores obtendrán beneficios arancelarios para importar frijoles que consiguen a precios subsidiados.

Alexis Bermúdez, presidente de la Asociación de Productores de Concepción de Pilas, de la Zona Sur, participó en el Foro e informó que las autoridades aún no han cumplido a cabalidad con los compromisos adquiridos con los frijoleros (Ver recuadro).

Al ponderar su problema actual desde la óptica de la seguridad alimentaria, Bermúdez destacó que “desde hace mucho tiempo el país tomó un rumbo equivocado, se ha orientado todo en beneficio de quienes tienen más capital. En el caso del frijol vemos que hay un mercado grande, pero parece que nadie quiere tocar al negocio de la importación. Si el Gobierno quisiera se podría implementar un plan de seguridad alimentaria o una ley para fortalecerla, aunque todo esto pasa por la voluntad política”.

“Es una verdad a todas luces que hay un gran negocio de unos pocos, mientras muchos otros productores están desapareciendo. Como organización desde 1992 intentamos solucionar todos estos problemas, pero día con día nos tragan un poco más. Es un problema de país, no sólo de productores”, enfatizó.

“ESTADO CRÍTICO”

El Foro se dividió en cinco ejes temáticos que versaron sobre temas como la reducción y abastecimiento de alimentos, la distribución de la tierra, componentes de la seguridad alimentaria como el agua, la diversidad y el aporte nutricional; así como la seguridad alimentaria más allá de la oferta masiva de alimentos y los planes de desarrollo cantonal.

Por otra parte, Eva Carazo, secretaria ejecutiva del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), quien también participó en el Foro, sentenció que el tema de seguridad alimentaria y desarrollo rural en Costa Rica enfrenta un “estado crítico”, y lamentó que “no ha sido prioridad para los últimos gobiernos, tampoco se prevé que vaya a serlo para la administración que está por iniciar”.

Carazo, quien fue candidata a diputada en las pasadas elecciones nacionales, puntualizó que se da un doble discurso, pues por un lado se habla de la importancia de la agricultura, pero “en la práctica las políticas públicas siguen dirigidas a promover los monocultivos dependientes de agrotóxicos y dirigidos a la exportación, mientras que la agricultura alimentaria dirigida al mercado nacional está abandonada por las instituciones del sector agropecuario.

Lo poco que sobrevive del sector se da gracias a la persistencia de familias campesinas que siguen produciendo alimentos”.

La dirigente señaló que todo ello se evidencia en la situación del sector público agropecuario. “Hay que ver cuánto era su margen de acción antes y después de los programas de ajuste estructural, el presupuesto se disminuyó y eso afectó por ejemplo a los servicios de investigación, muy importantes para los pequeños productores”.

“En este momento todos los riesgos de la cosecha quedan en manos del agricultor, no hay ninguna garantía de que al final se pueda colocar el producto ni de cuál será el precio de venta final”, indicó.

Carazo puntualizó que si no se empiezan a dar cambios de dirección, “efectivamente nos enfrentamos a una extinción de la agricultura alimentaria”, aunque se manifestó optimista porque “la gente es muy digna y muy persistente, las familias agricultoras han resistido esta situación durante muchos años y tienen la intención de seguir haciéndolo”.

POLÍTICOS EMPRESARIOS

En la actividad también se hizo presente Jorge Alberto Gamboa, diputado electo por el Partido Acción Ciudadana (PAC) por la provincia de Puntarenas, quien coincidió al afirmar que el detrimento de la agricultura alimentaria tiene que ver con un rumbo errado de las políticas estatales.

“En los últimos 20 años han cambiado las políticas, se ha abandonado a los campesinos y se giró el énfasis hacia el sector agroexportador. El sistema bancario cortó el crédito y también hay restricciones en el Departamento de Investigación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El tema agrícola fue prácticamente abandonado, a pesar de que Costa Rica fue uno de los países latinoamericanos más avanzado en investigaciones agrícolas”, advirtió.

Gamboa, quien es ingeniero agrónomo y que dentro de la futura fracción del PAC tiene a cargo la gerencia del tema agropecuario, citó datos recientes de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), según los cuales “las mujeres rurales tienen mayor incidencia de depresión y presentan el mayor porcentaje de suicidios, en muchos casos se trata de jefas de hogar que se enfrentan a una disminución de ingresos familiares y al aumento de los gastos”.

Para el futuro legislador, los problemas se remontan al primer gobierno de Óscar Arias y el momento de la firma de los programas de ajuste estructural. “Desde el inicio se desestimuló la producción agrícola a cambio de otros beneficios que nunca llegaron al sector rural y campesino. De esto se aprovecharon un grupo de empresarios políticos o políticos-empresarios en el poder, quienes vieron una oportunidad de negocio. Para ellos es preferible traer productos de afuera, porque aumenta las utilidades, sin importar la condición social de la población costarricense”.

Al respecto, el académico Rivera destacó el papel de la población campesina, la cual “tiene sus valores y considera su trabajo como una profesión”. También manifestó la necesidad de que se generen instancias organizativas en el nivel local y regional para que puedan plantear sus propias iniciativas en las municipalidades y la Asamblea Legislativa.

El especialista indicó que “en un gran porcentaje, la gente considera que no tiene la misma facilidad para conseguir alimentos que hace unos años, por la situación económica del país”. Así, recalcó que la seguridad alimentaria “no se trata únicamente de que se tengan los alimentos en los anaqueles, sino que la gente tenga la posibilidad real de consumirlos y que sean de buena calidad.

Esto tiene que ver también con la necesidad de que se fortalezcan actividades como la producción de alimentos tanto para autoconsumo en las fincas, como con los niveles de producción nacional de alimentos”.

Novela frijolera

Alexis Bermúdez,  presidente de la Asociación de Productores de Concepción de Pilas, aclaró que “lo que hemos recibido ha sido más de lo mismo, promesas que no se concretan”.
En la pasada edición de UNIVERSIDAD se informó del acuerdo que los productores de frijol de la Zona Sur suscribieron con autoridades de Gobierno, según el cual el Consejo Nacional de Producción (CNP) adquiriría 2.000 de los 9.000 quintales que no pueden vender. Además, la institución se comprometió a almacenar otros 4.000 quintales.
“De los 2.000 quintales que dijeron que nos iban a comprar, yo por lo menos ya entregué la parte que le tocaba a nuestra Asociación, pero no nos han pagado. De los 4.000 que nos iban a guardar, debo decir que yo cargué los camiones pero me dijeron que no tenían espacio. Hablé con  Edgar Hernández, subgerente del CNP, y me dijo que ya estaban en bodega, le pregunté que quién los llevó porque a nosotros los funcionarios de la planta donde se almacenaría nos dijeron que no había espacio, cuando llevábamos apenas 500 quintales entregados”.