La falta de recursos para atender a la niñez y la adolescencia atenta contra el respeto a los derechos de esta población.
Para quienes desertan de la educación formal, la opció,n de trabajo se transforma casi siempre en explotación.
Los resultados del III Estado de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, divulgado el pasado 12 de junio, evidencian importantes avances y serios retrocesos en aspectos como educación, salud y acceso a la vivienda.
El documento, elaborado por especialistas de la Universidad de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, llama la atención sobre la falta de programas efectivos que reduzcan la pobreza, mejoren la calidad de enseñanza e impulsen mejores indicadores de salud.
En el Informe se analiza la evolución en los recursos destinados a lo social entre 1990 y 2000, y revela serias fallas en el sistema educativo.
Por ejemplo en ese período, el acceso a la educación en el sistema educativo costarricense aumentó del 61.7% al 81.3%. Sin embargo, todavía 57.100 niños y niñas, entre 5 y 6 años, no asisten a ningún centro de educación.
Solo 38 de cada 100 infantes con 5 años de edad asisten a la preparatoria, lo que muestra un ingreso tardío al sistema educativo.
Como si fuera poco, el 6% de los estudiantes de escuelas y colegios, tiene al menos un año de rezago y asiste a un grado inferior al que deberían.
En secundaria la cobertura en educación pasó del 50.5% al 64.5% en los últimos diez años.
Sin embargo, 213.149 jóvenes, entre 13 y 19 años, no asisten a ningún centro de educación regular. Aunque la tasa de deserción escolar en primaria se redujo de 4.7% en 1990 a 4.1% en 2000, y en secundaria pasó de 14.4% a 11.9%, lo cierto es que de cada 10 niños y niñas, 7 se quedaron en el camino, ya sea por reprobación, aplazamiento o deserción.
El informe indica que solo el 58% de las personas entre los 15 y 17 años asiste al colegio.
Para quienes lo hacen, la alternativa es incorporarse al mercado de trabajo donde la baja capacitación los expone a la explotación o bien engruesan las cifras de desempleo.
SALUD
En el campo de la salud se señalan importantes avances. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, referida a menores de un año, se redujo de 14,8 por mil en 1990, a 10,2 por cada mil nacidos vivos en 2000.
En ese mismo período, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días de nacimiento) bajó de 8,7 a 7,1 por cada mil nacidos vivos.
Una tendencia similar mostró la tasa de mortalidad postneonatal (para bebés de más de 28 días hasta un año de vida), que disminuyó de 6,1 a 3,1 por cada mil nacidos vivos.
También la tasa de mortalidad para la población infantil menor de 5 años muestra resultados muy favorables, al bajar de 17,7 por mil en 1990 a 12,0 por mil en 2000.
Sin embargo, 53 de cada mil habitantes presentan algún tipo de discapacidad, para un total de 203.731 personas. De este total, un 13.4% se refiere a población infantil entre 0 y 14 años (27.225 personas) y un 15.3% a la población con edades entre 14 y 29 años (31.222 personas).
Aunque las muertes infantiles ocasionadas por enfermedades infecciosas y parasitarias, se redujo de 8.8% en 1990 a sólo 3.9% en 2000, las asociadas a malformaciones genéticas, en ese mismo período, se elevó de 25.3% a 32.2%.
También aumentó la tasa de incidencia de diarrea que pasó de 201 por cada 10.000 habitantes en 1990 a 385 en 2000; mientras que la incidencia de intoxicaciones pasó de 4,3 a 7,5.
Aunque no existe un registro preciso, los expertos consideran que muchos de estos casos están asociados a la ausencia de controles adecuados que garanticen, por ejemplo, la calidad del agua para consumo humano, el manejo de alimentos y el uso de químicos y agroquímicos en los procesos productivos. Unido a lo anterior, llama la atención un aumento en la tasa de incidencia del paludismo (de 3,8 a 11), la rubéola (de 1,3 a 4,1) y de la tuberculosis (de 0,7 a 2,3).
MAYOR ATENCION
En cuanto los programas de atención alimentaria para los más pobres, aunque en la década se reporta un aumento, ( pasó de 24.100 niños atendidos en 1990 a 26.800 en 1999 y la entrega de leche pasó de 44.900 a 75.100) se registran grandes fluctuaciones de un año a otro.
La evolución de estos programas ha estado influenciada por aspectos financieros asociados a problemas fiscales, especialmente por el no giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda a las instituciones que los financian, según el informe.
A pesar de los esfuerzos realizados en la década de los 90, alrededor del 30% de la población infantil atendida en los CEN-CINAI enfrenta algún tipo de desequilibrio nutricional: desnutrición severa, leve y moderada o, en su defecto, sobrepeso.
En cuanto a la cobertura del seguro social, el 12.5% de la población menor de 17 años no está afiliada a ningún sistema.
Además, en la década de los 90, el número de trabajadores menores de 19 años aumentó de 129.725 en 1990 a 136.672 en 2000, aunque con fluctuaciones a lo largo de la década.
Continúa creciendo el número de niños y niñas nacidas de madres adolescentes, que aumentó sistemáticamente de 12.938 en 1990 a 16.610 en 2000. Para el mismo período, el número de nacimientos de padres no declarados se incrementó de 17.293 a 24.342.
El estudio recuerda que la maternidad y paternidad en edades tempranas, en la mayoría de los casos, interrumpe el proceso de formación y educación de las personas adolescentes; se ven obligadas a incorporarse al mercado laboral en busca de su subsistencia, siendo mayor el impacto en los sectores de más bajos ingresos.
Además, la situación de riesgo social de la niñez nacida en estas condiciones es mucho mayor, pues generalmente crecen en hogares desintegrados. A finales de 2000 se registraban 3.192 hogares jefeados por menores de edad, de los cuales 833 eran mujeres y 2.319 hombres.
POBREZA
La información disponible revela que en 2000, alrededor de 353.000 menores de edad vivían en condiciones de pobreza: 235.0000 en familias que no satisfacían sus necesidades básicas y 118.000 en pobreza extrema. A pesar de la cantidad de recursos destinados a financiar los programas de combate a la pobreza, los resultados no han sido los esperados.
El presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) pasó de ¢2.991,3 millones en 1998 a ¢4.180,3 millones en 2000, lo cual implica un incremento en términos reales que se ubica en cerca del 14.5%.
En igualdad de condiciones, el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) pasó de ¢8.576,1 millones a ¢17.346,5 millones, para un aumento real de 65%.
A pesar de la rigidez fiscal, los recursos canalizados para el financiamiento de sus programas muestran una evolución favorable. Esto contrasta paradójicamente, con la profundización de los problemas que enfrentan la niñez y la adolescencia, así como con los indicadores de pobreza relativa y extrema.
INVERSION SOCIAL
En 1999 se destinaron ¢269.000 millones, para atender a la niñez y adolescencia del país. Esto representó un 37.4% del gasto social del sector público consolidado o un 5.9% de toda la producción nacional.
O sea se destinó para todo lo social, lo que constitucionalmente debería darse solamente a educación (incluido el financiamiento de la educación superior).
Para educar a niños y adolescentes solo se destinó el 3.2% del PIB y en salud solo se giró el equivalente al 1.5% de la producción nacional para atender a los infantes y adolescentes del país.
La inversión en protección en niñez y adolescencia representó apenas un 3.2% del gasto total consolidado, debido a que el grueso de los recursos es canalizado hacia los sectores de educación, salud, nutrición y vivienda, desde donde se ejecutan los programas relacionados con niñez juventud.
Por eso, según el informe deben buscarse mecanismos para hacer más eficientes los recursos que se invierten en lo social y posibilitar un mayor respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
