Un informe de la Defensoría de los Habitantes determinó que las entidades autorizadas para otorgar el bono de vivienda están delegando la conformación de listas de beneficiarios a los desarrolladores. (Foto: archivo)
Los desarrolladores de proyectos residenciales son quienes están definiendo las listas de beneficiarios para el bono de la vivienda, según denunció la Defensoría de los Habitantes en su Informe Anual de Labores 2011-2012.
El documento señala que tras varias denuncias recibidas y consultas a las entidades autorizadas para entregar el bono, se determinó que son las empresas desarrolladoras las que remiten las listas de beneficiarios, sin que haya una fiscalización adecuada sobre los criterios de selección y el cumplimiento de requisitos para entregar el bono.
A esta situación se suman los datos recientes del Censo 2011, que revela un importante proceso de expulsión de los habitantes de los principales centros urbanos del país y una disminución en el porcentaje de personas que tienen casa propia en comparación con el año 2000.
LISTAS SIN CONTROL
La Defensoría de los Habitantes en su informe anual encontró que existe exclusión de personas en los proyectos de vivienda, desinformación y falta de acompañamiento de parte de las entidades estatales.
Actualmente son 25 las entidades autorizadas para tramitar los bonos de vivienda: los bancos estatales, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y otras 20 entidades como cooperativas y bancos privados.
Estos entes son los encargados de tramitar el bono ante el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y los que deben verificar los requisitos y conformación de las familias que optan por el beneficio del bono.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes se encontró con que algunas de estas entidades autorizadas simplemente reciben las listas de posibles beneficiarios de parte de los desarrolladores de proyectos, sin que haya una verificación eficaz de las necesidades de estas personas.
El órgano defensor consultó a los entes autorizados respecto a los mecanismos y criterios utilizados para conformar las listas de beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social; la mayoría respondió que estas “son conformadas por los desarrolladores de los proyectos”.
“La listas de los beneficiarios las presentan los desarrolladores de los proyectos y ellos
verifican que las familias cumplan con los requisitos”, dice la respuesta de una de estas entidades a la Defensoría.
“Las listas de los potenciales beneficiarios de los proyectos de vivienda social son presentados al banco por los llamados desarrolladores”, señaló otra entidad.
El informe señala que ni el BANHVI o las entidades autorizadas como fiscalizadores del sistema, ejercen una adecuada revisión de los expedientes presentados.
“La Junta Directiva del BANHVI aprueba los proyectos de vivienda con las listas de beneficiarios presentadas por las entidades autorizadas, sin haber llevado a cabo los estudios técnicos correspondientes a los potenciales beneficiarios”, dice el informe.
Uno de los ejemplos que citan es el proyecto de vivienda Jícaro II -en Liberia-, donde un estudio de la Dirección de Derechos Ciudadanos del Ministerio de Vivienda detectó irregularidades en varios de los expedientes que se revisaron, como inconsistencias en la conformación del grupo familiar, y el otorgamiento de casas a familias que no son de esa zona, entre otros.
También se hallaron problemas con las asociaciones de vivienda, que en ocasiones conforman grupos de personas interesadas en obtener el bono, pues no son pocas las denuncias de personas que han pagado sumas adicionales a terceros, que afirman tener posibilidades de influir en la redacción de las listas.
Estas asociaciones carecen además de los criterios técnicos necesarios, para determinar si una familia cumple o no con los requisitos para acceder al bono.
“No puede entonces la conformación de listas de beneficiarios constituirse en un negocio per se, o bien, la construcción de proyectos de vivienda, una inversión vista desde el punto de vista de su rentabilidad para la empresa, dejando de lado que es una labor delegada por el Estado que pretende hacer efectivo un derecho humano: el derecho a la vivienda digna”, cuestiona el informe.
La Defensoría recomienda que se realice una revisión más profunda del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para conocer si está solucionando el problema de viviendas en las familias de extrema pobreza, o si responde a las exigencias del sector privado y sus intereses.
AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
Consultado al respecto, el exministro de Vivienda, Helio Fallas (2002-2006) reprochó que las entidades autorizadas estén delegando en los desarrolladores la verificación de requisitos, pues es su responsabilidad de acuerdo con la ley.
Fallas recordó que durante su administración, en el Ministerio de Vivienda se instauraron las “Auditorías de Calidad”, donde auditores independientes se encargaban de revisar todo el proceso de otorgamiento del bono, hasta el momento en que se entregaban las casas a las familias.
“Eso era para que el Ministerio hiciera un control de las entidades autorizadas, así como de los desarrolladores y del BANVHI. Se iba a visitar a la familia una vez construida la casa y se revisaba todo el proceso. Eso obligaba a que la gente se cuidara bastante en las responsabilidades”, recordó Fallas.
Según el exjerarca, tras su salida del Ministerio estas evaluaciones independientes se trasladaron al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, al menos en la parte de ingeniería, pero desconoce si se continuó con controles de este tipo.
Fallas también aseguró que el problema con estos “intermediarios” o “gavilanes” de la vivienda, no es nada nuevo, y durante su periodo se detectaron varios casos, gracias precisamente a las auditorías de calidad.
Comentó que en ocasiones a algunas personas les “cuesta” hacer los trámites por diversos motivos, y no es raro que los desarrolladores los ayuden con estos trámites; pero, advirtió que es muy distinto que sea el desarrollador quien defina la lista de beneficiarios.
SUBSIDIOS
Por su parte, la ministra de Vivienda, Irene Campos, aseveró que luego de una modificación de la ley en el año 2011, se otorga un subsidio para vivienda para las familias con ingresos familiares brutos superiores a ¢1.200.000, lo que hace que buena parte del presupuesto ya no corresponda a las citadas listas.
“Sobre el 60% del presupuesto otorgado a bono ordinario, no existen listas; pues el subsidio se le otorga a las familias de forma individual. Con relación a los subsidios otorgados por extrema necesidad, las familias se organizan y conforman asociaciones de
desarrollo o pro vivienda que se atienden; todo, según se define en la misma ley 7052”, afirmó.
Campos recordó que por ley, son las entidades autorizadas las que revisan que las familias cumplan con los requisitos, y se les obliga a realizar en primera instancia
una declaración jurada de cumplimiento, para luego realizar un estudio detallado con un trabajador social.
“El Ministerio de Vivienda ha realizado evaluaciones sobre el tema, y es precisamente a raíz de dichas evaluaciones que se ha buscado mejorar la eficiencia de las entidades e identificar oportunidades de mejora. La misma Defensoría en su informe, hace mención a uno de los estudios realizados por el Ministerio”, alegó.
