Los sectores más retrógradas se sacan «calendario de la manga» en la víspera del Día Internacional de las Mujeres.
Hay coincidencias y «coincidencias», dice el dicho. Y que los sectores religiosos más conservadores sacaran a orear, en marzo, un calendario -que se publicó a comienzos de año-, justo cuando en Nueva York se revisa el cumplimiento mundial de los acuerdos en favor de los derechos humanos de las mujeres, conocido como la Plataforma de Beijing, aprobado hace una década, solo puede tener pinta de una coincidencia del segundo tipo.
La queja: que en la página correspondiente al 28 de setiembre, del calendario editado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), se recordara que este día fue seleccionado por los movimientos feministas latinoamericanos como fecha conmemorativa de la lucha para despenalizar del aborto.
La tardía «denuncia» contra el calendario se convirtió así en lo que ya constituye un «dèja vu»: toda funcionaria o funcionario público que tenga «demasiada» empatía con las luchas feministas, es acosado por el pensamiento único y «llamado al orden», so pena de ser satanizado.
Esto parece haber ocurrido a la ministra Georgina Vargas, no solo en la víspera del 8 de marzo y cuando participaba a la cabeza de la delegación oficial en la cumbre de Nueva York, sino también cuando se apresta a proponer al país una política nacional de largo plazo para lograr la equidad entre mujeres y hombres. No hay que tener un ojo muy agudo para notar que el tardío berrinche «calendárico» busca debilitar la posición de la jefa del INAMU.
Así las cosas, la ministra anunció, el 7 de marzo, que iniciará una investigación sobre la publicación, y que solo después de seguir el debido proceso, si se descubren responsables, podrán las inquisidoras e inquisidores del siglo XXI echar nuevamente canfín a sus añejadas hogueras.
En declaraciones a UNIVERSIDAD, la funcionaria explicó que el INAMU, como entidad pública, no puede propagar una opinión que «se sale del marco jurídico de la Constitución.»
Sin embargo, reconoció que las ciudadanas y ciudadanos que apoyan la despenalización del aborto, «tienen todo el derecho a organizarse para buscar un cambio constitucional».(Ver entrevista: «En este país el aborto es un delito»)
¿POR QUÉ DESPENALIZAR?
Cerca de 70.000 mujeres en el mundo, casi la mitad de ellas en Asia, mueren cada año a causa de abortos clandestinos, debido a que su derecho a decidir si quieren o no ser madres todavía es considerado un crimen, y por eso no reciben atención adecuada ni a tiempo.
Asia también registra el 55% de todos los abortos clandestinos en el mundo, mayor cantidad que cualquier región, con 10,5 millones en el 2000, seguido de África con 4,2 millones, y América latina y el Caribe, con 3,7 millones de abortos clandestinos.
En Chile y El Salvador, el aborto no es legal bajo ningún concepto. Algunos países lo permiten por razones como salvaguardar la vida de la madre y en casos de violación o incesto.
Los abortos clandestinos fueron reconocidos como una amenaza a la salud pública por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se efectuó en El Cairo, en 1994, en la que participaron 179 estados miembros de las Naciones Unidas.
Ministra Vargas Pagán:
«En este país el aborto es un delito»
En entrevista con UNIVERSIDAD, la Ministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas Pagán, explicó que el INAMU debió retractarse del «calendario de la discordia», debido a cuestiones legales. Sin embargo, reconoció que el derecho al aborto tuvo un fuerte respaldo entre la población, durante una encuesta realizada por la UCR, el año pasado, cuando se hizo público el caso de una niña nicaragüense que quedó embarazada, luego de ser objeto de violación presuntamente por un agricultor costarricense.
El Estado representa no solamente a quienes opinan en contra del aborto, sino también a quienes lo consideran un derecho de las mujeres.
¿Por qué entonces retractarse de que en el calendario del INAMU se conmemorara una lucha que un sector de la población considera necesaria?
-No, el Estado, y siendo el INAMU una institución del Estado, no puede salirse del marco jurídico que dicta la Constitución, y el aborto está penalizado en la Constitución, es delito en este país. Sólo se permite el aborto terapéutico, pero no hay un protocolo que lo regule.
Como ciudadanos, podemos tener la posición que queramos, pero como Estado, el INAMU no puede salirse de ese marco.
Personalmente, ¿está de acuerdo con que las personas tienen derecho de buscar un cambio constitucional, para despenalizar el aborto?
-Claro, pero las personas que están a favor del aborto deben expresarse en otros terrenos. Los funcionarios deben regirse por la normativa del Estado. Ud. puede, como persona, apoyar el aborto y formar parte de una ONG o formar un gran movimiento a favor de esa causa, pero como institución del Estado no.
¿Ha recibido alguna reacción por parte de los movimientos de mujeres?
-Los movimientos de mujeres no se han querido pronunciar al respecto.
¿Pero Ud. sabe que, según una encuesta realizada por la UCR, a raíz del caso de la niña «Rosa», la mayoría de la población se pronunció a favor del aborto?
-Entiendo que sí, pero, por supuesto, tendría que cambiar la Constitución. Por el momento, el país tiene una legislación que hay que respetar.
