Deterioro se paga con sangre

Deterioro se paga con sangre La espiral de violencia que envuelve al país y que en los últimos años cobró la vida

Deterioro se paga con sangre

La espiral de violencia que envuelve al país y que en los últimos años cobró la vida de los periodistas Parmenio Medina e Ivannia Mora, constituyen el síntoma de un acelerado proceso de descomposición social que debe detenerse lo antes posible.

Así lo considera el Fiscal de la República, Francisco Dall’Anese quien habló con el Semanario sobre la corrupción galopante que no es evitada con suficientes medidas preventivas «creyendo que el sistema penal es la solución de todos los actos delictivos».

«El deterioro social se paga con sangre», dijo el funcionario con quien se abre esta edición que recoge esta amplia entrevista hecha en exclusividad, así como todo lo que no se había publicado sobre la última conversación que tuvo Parmenio con este periódico sobre sus polémicas investigaciones respecto de la católica Radio María.

 

 

 

 

 

Hasta ahora hablan de peces gordos


El Fiscal General de la República enfatizó a periodistas de UNIVERSIDAD que es «garantista» y espera «morirse siéndolo» porque cree en el Estado constitucional de derecho.

La intriga comienza a sacudir la atención del nuevo Fiscal General de la República, Francisco Dall´Anese quien se cuestiona por qué hasta ahora los principales implicados en el asesinato del productor radiofónico Parmenio Medina ponen en su boca palabras como «los peces gordos» involucrados en el caso y no habían hablado de esto ante la opinión pública.

Así lo confesó al equipo de periodistas del Semanario, en una entrevista en la que promete que no habrá nada que lo detenga para investigar y procesar judicialmente a otros involucrados, incluso si se trata de personajes de la vida nacional.

El funcionario, con una larga carrera como juez y amante de las ciencias penales, se considera un defensor «hasta la muerte» de las garantías ofrecidas por la Constitución Política y es considerado por muchos colegas como un letrado cabal.

Sobre los procedimientos judiciales seguidos en el caso de los acusados Minor de Jesús Calvo y el empresario Omar Chávez, así como sobre el «antes» y «después» de la muerte de Parmenio Medina, el fiscal conversó con UNIVERSIDAD el pasado 8 de enero.

 

Laura Martínez: A raíz de las resoluciones sobre el caso del periodista Parmenio Medina y tomando en cuenta que la última entrevista que concedió a un periódico fue al Semanario Universidad – aportada como prueba en el expediente judicial- es que hemos querido entrevistarlo sobre dudas y expectativas que los ticos tienen sobre lo que pasará con este caso.

Sentimos que los dos casos más sonados, para un fiscal serían los del psicópata y el asesinato de Parmenio. Ambos, de igual impacto social, provocan grandes expectativas en la gente. ¿Por qué decide comenzar con el caso de Medina?

 

Fiscal: Me parece que la función de un Fiscal General debe, en una democracia, actuar así. Este tipo de funcionarios, en otros países, posee una importancia política –no en el sentido de campaña proselitista– sino constitucional.

Aquí no se le ha reconocido nunca al Fiscal General esa posición, pero indepedientemente de que se le reconozca o no es su deber asumir las orientaciones de quienes trabajan con aquellos casos relacionados directamente con cuestiones políticas.

En el caso de Parmenio Medina no solo se lesionó el orden jurídico vivo sino que se cometió un atropello contra la libertad de prensa.

Los medios de comunicación constituyen el control informal e indirecto de los poderes del Estado y si no existe dicha orientación la democracia no funciona.

Me parece que el día que mataron a Parmenio, Costa Rica se murió un poquito. Tenemos que reconocer, por otra parte, que el caso del psicópata causa también una gran conmoción social y no porque motive el mismo revuelo vamos a equipararlo con el de Parmenio Medina.

Si bien el caso del psicópata afecta al sistema político, no está en mi agenda. Voy a estar al tanto para ver qué pasa, pero no es una de mis prioridades.

En el caso de la periodista Ivannia Mora se hizo una intermediación inmediata de la Fiscalía porque era una reportera. En principio, podríamos estar frente a una violación a la libertad de prensa.

 

Martínez: La información que tenemos es que usted es un apasionado de las Ciencias Penales. Si una investigación está bien sustentada permite elevar a juicio un caso y, eventualmente, terminar en condena.

Personas cercanas al Poder Judicial aseguran que usted posee una disciplina muy reconocida en esa dirección. ¿Esa rigurosidad va a ser aplicada en el caso de Medina?

 

Fiscal: Contrario a lo que la gente puede pensar, el caso de Parmenio se ha manejado con mucho profesionalismo por un equipo de policías y fiscales –en principio dirigidos por la hoy Vicepresidenta de la República, Linette Saborío– y ha habido muchos fiscales concentrados en esto. Cuando inicié mi gestión el caso estaba «amarrado» desde el 11 de noviembre anterior, simplemente lo que faltaba era decidirse a actuar. Me reuní con los policías y con los fiscales. La última reunión se hizo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas. Se analizó la posibilidad de comenzar con más agresividad la atención del asunto. La pregunta que hice fue: ¿falta algo?, porque si no falta nada el caso ya está, por lo menos para tener dos sospechosos. No hubo respuesta y, ante el caso ya maduro, había que tomar decisiones que para mí se postergaron desde esa fecha.

Quiero aclarar algo, porque a veces los medios de comunicación confunden las cosas: el Ministerio Público es el que le presenta el caso a los tribunales. Lo que tenemos son pruebas y estas entidades son las que van a decidir si existen culpables o no. Si el Ministerio dice que hay un caso es porque existe una probabilidad muy marcada de que se llegue a una tendencia condenatoria, lo que no significa que se va a condenar porque son los jueces quienes resolverán.

Aclaro esto porque a veces la prensa condena y no soy partidario de que haya juicios paralelos. No se puede ejercer presión sobre los tribunales; esto es contrario a la justicia ya que se ejerce una presión a favor o en contra de una causa y los jueces no se pueden sustraer a una sociedad tan pequeña como la nuestra. La prensa tiene que informar y no ejercer presión sobre los tribunales.

Respecto de la rigurosidad quiero decir que el caso se está resolviendo no porque yo sea muy riguroso –me encontré un equipo que está resolviendo estrictamente el caso desde el punto de vista científico–. La investigación sigue porque nos «llueven» muchos datos de gente que llama.

 

Martínez: Insisto en ese punto porque la defensa de los encartados, el empresario Omar Chávez y el cura Minor de Jesús Calvo asegura que son acusados de ser autores intelectuales por el testimonio de John Gilberto Gutiérrez, uno de los supuestos intermediarios más importantes en el expediente emitido. ¿Es John Gilberto uno de los implicados fundamentales?

 

Fiscal: No voy a referirme a la opinión de los abogados, eso tendrán que valorarlo los jueces. Sólo voy a decir que en 1996 la Asamblea Legislativa tomó una decisión política sobre el Código Procesal Penal y se introdujo una modificación en el proceso, muy importante, que es al «testigo de la corona» –está en el artículo 22 del inciso B–. Establece la posibilidad de negociar con imputados la información sobre la causa y dependiendo de los resultados que den se les deja de perseguir por las causas en su contra.

Claro, no es que de inmediato negociamos y liberamos a la persona; las querellas en su contra quedan suspendidas como resultados de la información. Esa es una decisión política, no del Ministerio Público.

No se trata de poner las cosas como si en el un lado estuviera Barrabás y en el otro Jesucristo, que van a condenar a unos buenos y van a soltar a un delincuente. Ese no es el drama que estamos viviendo.

 

Eduardo Ramírez: ¿En ese trato siempre se le ofrece la libertad o una condena menor?

 

Fiscal: Se puede ofrecer no seguirle algunas causas o no continuarle todas. No implica la libertad. Podría ser la exoneración de los cargos, es algo que debe valorar el fiscal del caso.

 

Martínez: ¿Cuáles otras pruebas existen en el caso de Parmenio e Ivannia?

 

Fiscal: No le puedo decir.

 

Martínez: Pero existe el testimonio de la exesposa de «Mincho» Ulises –que puede constituir una prueba–, también el testimonio de un testigo de Radio María, podría ser otra prueba …

 

Fiscal: … y hay otra … Lo que pasa es que no quiero discutir la prueba, hacer un juicio paralelo, que la prensa se sienta que trato de dar a conocer elementos para que luego se ejerza presión sobre el tribunal. Lo que sucede es que el tribunal luego puede creerles o no a los testigos. Esa es otra parte que todavía queda. Por eso he insistido mucho en que presentamos sospechosos, no culpables.

 

Martínez: Usted fue Juez Penal de Casación y desarrolló su experiencia profesional en construir sentencias. ¿Considera que este caso está lo suficientemente «amarrado» para que se logre la condena y no se vaya a casación?

 

Fiscal: El trabajo como abogado es de medios, no de resultados. Se parece al de los médicos, que no pueden ofrecer los mejores resultados, solo los mejores medios como está ofreciendo el Ministerio Público. Me pregunta si el caso no se va a someter a casación. No se lo puedo decir. Tenemos muy buenos jueces, pero si se redacta mal la sentencia se puede ir a casación. Eso no depende del Ministerio Público.

De momento lo que puedo asegurar, respecto de si el caso está bien fundamentado o no, es que tomamos la decisión, se detuvo a los sospechosos, se presentaron ante el juez para que este emitiera un juicio de probabilidad y pasó el examen.

 

Martínez: Usted fue el juez que llevó el caso del asesinato ocurrido de una persona en Barrio La Granja, en 1991, fue la existencia de pruebas ilícitas. Ahora le toca a usted estar en el otro lado. ¿Puede garantizar que este proceso esté limpio de este tipo de pruebas?

 

Fiscal: Una de las objeciones que alguien puso por allí para que yo fuera Fiscal General es que soy «garantista». Ser esto en un sistema democrático nos protege a todos, porque podemos ser acusados cualquier día, se nos puede montar una acusación falsa, con pruebas ilegales y si se violan las garantías estamos en riesgo de ser condenados siendo inocentes. Soy «garantista» y espero morirse siéndolo porque creo en el Estado constitucional de derecho, soy un amante de la libertad, creo en la justicia y lo peor que podemos hacer es condenar a un inocente. Vimos el caso de José León Sánchez a quien se condenó por la presión de la prensa, al igual que el crimen de Colima que también se condenó debido a los medios de comunicación.

Nada hacemos con que varios años después la Corte Suprema, a través de la Sala Tercera diga que hubo un error judicial. Los años perdidos en la cárcel nadie los repone.

 

Martínez: Usted también tuvo experiencia en casos de narcotráfico. ¿Considera que en Radio María se haya prestado para lavar dinero proveniente del narco?

 

Fiscal: Prefiero no adelantar criterio porque la función del Ministerio Público es escuchar la denuncia, ver cuáles son las pruebas y si es del caso acusar.

 

Martínez: Pero se ha especulado que esa radioemisora se prestó para estafar a muchos feligreses? ¿Es viable una investigación en ese sentido?

Fiscal: Cuando terminen las indagaciones de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda la valoraré y veré qué hacemos con eso. Cualquier cosa que diga puede perjudicar a personas inocentes o beneficiar a culpables.

 

Martínez: Sin embargo, Juan Carlos Gómez, director de esa policía, ya sugirió que se pudieron haber dado estafas en Radio María.

 

Fiscal: Sí, tuve la oportunidad de conversar con él y me dice que hay una presunción sobre ese aparente delito, aparte de que existen pruebas muy contundentes aparte de las que popularmente se conocen en cuanto a que se recogían joyas, dinero … de lo otro me dijo que podía especificarme hoy (el día de la entrevista) qué podía conducir a la conexión sobre lavado y de ahí es muy importante la relación de don Omar Chávez con el padre Minor.

 

 

Ramírez: ¿Hasta qué punto se pudo haber dado el involucramiento de figuras importantes, incluso del Poder Judicial, lo cual pudo haber aletargado la investigación  y el elevamiento a juicio del caso de Parmenio?

 

Fiscal: No sé si usted tiene noticia de que haya alguien involucrado, no conozco de nadie en ese sentido según el expediente. Lo que faltaba era la decisión; el criterio se debía tomar a partir del 11 de noviembre cuando se tuvo la negociación con uno de los testigos.

 

Fernando López: En el expediente judicial hay una declaración de Parmenio en la que habla de un alto funcionario del Poder Judicial que estaría involucrado en el caso …

 

Fiscal: Lo que tenemos de prueba no apunta hacia ningún funcionario judicial. No sé qué sería lo que estaba diciendo Parmenio en ese momento. Igual él dijo cosas sobre las personas que lo iban a matar …

A veces la prensa condena y no soy partidario de juicios paralelos».

 

Dijo que tenía pruebas en la casa y no las hemos encontrado, de manera que no sé si lo estaba diciendo para protegerse o para desviar de momento la información y sacarla después; de lo que hemos localizado no se implica a ningún funcionario judicial. Si se lograra establecer que hay alguno en esto se seguirá la causa correspondiente.

Con este caso hay un mensaje muy claro para la población: para el Ministerio Público nadie va a estar por encima de la ley, sea cual sea la condición que tenga.

 

 

Martínez: Me llama la atención que el padre Minor insista en que en este caso existen «peces gordos». ¿Existen estos «peces» aparte de los ya capturados?

 

Fiscal: Lo que le hemos presentado a los tribunales es lo que tenemos. Si la defensa me trae a mí elementos que apunten a otras personas, por supuesto que se va a investigar, sea quien sea. A mí me llama la atención, al igual que ustedes, que hasta ahora se habla de estos «peces gordos». Lo curioso es por qué si se sabía algo desde antes no se había hablado.

 

Ana Incer: ¿Será su estilo estar presente en los grandes operativos como sucedió con la detención de los sospechosos en los asesinatos de Ivannia Mora y Parmenio Medina?

 

Fiscal: Me tomo mi trabajo muy en serio. Cuando fui Juez de Instrucción siempre estuve presente en todas las diligencias que se hacían. En estos casos, hubo una gran colaboración del Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos coordinó algunos aspectos de logística el mismo 24 de diciembre.

El día que mataron a Parmenio, Costa Rica se murió un poquito».

 

 

Aunque la detención la hace la fiscal adjunta de Guanacaste, Lilliana Zamora, tuve que ir a Liberia con la policía judicial para traer al detenido, el padre Minor, ya que la fiscal Giselle Rivera estaba en el complejo preparando la solicitud de prisión preventiva de Omar Chávez, detenido en ese momento, y estaba apoyada por Emilia Navas. Yo estaba más libre, pero igual si Rivera hubiera tenido tiempo, hubiera ido ella.

Hay un resguardo de derechos del imputado. La presencia de un fiscal resguarda sus garantías.

 

 

Incer: ¿Qué considera usted que ha cambiado en Costa Rica para que se hayan dado estos asesinatos de periodistas?

Fiscal: Quiero separar el caso de Ivannia del de Parmenio. El de ella no tiene que ver exactamente con el ejercicio de la libertad de prensa.

Estos asesinatos se dan en el contexto de un empobrecimiento del país. Ahora tenemos menos oportunidades de ascenso social porque hace pocas décadas había más acceso a la educación superior.

Ahora existe una gran frustración y la delincuencia ha llegado hasta la contratación de sicarios provenientes de Medellín (Colombia).

No hay una suficiente política preventiva y debe acabarse la idea de que el sistema penal es la solución de todos los problemas jurídicos.

Es evidente que el deterioro social se ha pagado con sangre.

Juez contundente

Francisco Dall´Anese Ruiz tiene 43 años.

Ha sido Magistrado suplente de la Sala Tercera de la Corte; Juez del Tribunal de Casación Penal.

Fiscal General de la República desde el pasado 1 de diciembre.

Es Licenciado en Derecho y Notario Público de la Facultad de Derecho de la UCR (1983). Especialista en Ciencias Penales de la UCR. Cursó la maestría en esa especialidad.

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