La Fortuna de San Carlos y Monteverde de Puntarenas han sido lugares turísticos emblemáticos de Costa Rica: plenos de bellezas naturales, preparados para atender a ecoturistas exigentes y con numerosos negocios locales y pequeños, muy eficaces para redistribuir los dólares en la misma comunidad.
Pero hoy en ambas localidades abundan espacios vacíos con rótulos de “se alquila” o “ se vende”, mientras los bancos preparan remates de los bienes de aquellos a quienes años atrás invitaban a endeudarse.
Aumentar la capacidad hotelera del país tuvo un altísimo precio para los medianos y pequeños empresarios del sector: el riesgo de perder todo su patrimonio.
José Ángel Soro confió en los pronósticos de los técnicos gubernamentales y bancarios y pasó de tener 7 cabinas a un hotel de 40 habitaciones que no rinde para pagar el préstamo; Johnny Guzmán amplió su restaurante en Monteverde y su deuda se multiplicó y el negocio La Choza del Laurel, del empresario Ronny Díaz en La Fortuna, está a punto de ser entregado a sus acreedores.
Desde el 2005, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) incentivó a los dueños de hoteles y restaurantes a mejorar las condiciones de sus establecimientos, mediante la obtención de préstamos con la banca pública y privada, así como cooperativas de ahorro.
La Fortuna de San Carlos
La propuesta se basaba en proyecciones realizadas desde el 2002 y recogidas en el denominado “Plan General de Uso de la Tierra y Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento Turístico de Llanuras del Norte de Costa Rica”.
En dicho documento del ICT se proyectaba que para el 2012 arribarían cerca de 2,3 millones de turistas internacionales y al menos 1,6 millones de costarricenses vacacionarían dentro del país.
Para atender la creciente demanda el plan propuso que la Zona Norte aumentara en un 50% su capacidad hotelera, lo que significaría pasar de 2500 a unas 5000 habitaciones. Solo en Monteverde se impulsó un aumento de 200 habitaciones y para la provincia de Guanacaste el documento estimó necesario crear 6.000 nuevos cuartos.
No obstante, en el 2008 la crisis económica mundial bajó de los aviones a millones de turistas en todo el orbe y las expectativas para Costa Rica quedaron tan solo en el papel.
SUEÑOS FRUSTRADOS
“Las proyecciones no son una bola de cristal”, espetó el exministro de Turismo de la pasada administración, Carlos Ricardo Benavides, quien actualmente ostenta la cartera de la Presidencia. A la vez, Benavides solicitó aclarar que dicho plan fue presentado más de un año antes de la conclusión del gobierno socialcristiano de Abel Pacheco.
Aunque reconocen un mea culpa, los empresarios reaccionan a las palabras del ministro: “¿Si no le creemos al ICT a quién le vamos a creer”, se preguntó José Ángel Soro, dueño del Hotel La Fortuna, que actualmente pende de un hilo para no perder su fuente de ingresos, como muchos empresarios de esa comunidad.
En La Fortuna y Monteverde, es notorio que más de 30 empresas siguen cargando los efectos de la crisis económica mundial del 2008, que desplomó el número de ingreso de visitas extranjeras. En Monteverde, según Johnny Guzmán, las proyecciones auguraban hasta 350 mil visitantes por año, sin embargo apenas superan los 100 mil. Muchos otros empresarios guardan silencio.
La Fortuna creció 10 % menos de lo que el Plan Nacional de Desarrollo pensó, según los datos que manejan los empresarios de esa zona y la merma en la visitación no ha sido cuantificada, aunque el aumento en el número de oferta diluye las ganancias entre los propietarios de los establecimientos turísticos.
Ahora las deudas asfixian a los empresarios y la imposibilidad de saldar los créditos provocan que las entidades financieras recurran al embargo y remate de propiedades para recuperar el dinero prestado.
Los dueños de locales y hoteles como salvavidas apelaron a la figura de “convenios preventivos”, que paralizan los efectos de las deudas pero no permite que las empresas recurran a la intervención judicial para generar arreglos de pago.
José Ángel Soro explica que procuran exhortar al Poder Ejecutivo para modificar la ley de convenios preventivos con el fin de que se permita la intervención de un juez.
Sin esa modificación la última palabra sobre el futuro de las propiedades la tienen los bancos en la denominada “junta de acreedores”, según lo considera Soro, quien agrega que las entidades financieras “han dado señales claras de que lo que quieren son las propiedades”.
La ausencia de cambios en la legislación es una bofetada para los empresarios, “nos están obligando a desaparecer. ¿Para qué diablos la ley?”, concluye José Ángel Soro.
“NOS EMBARCARON”
“Por supuesto, ahí está claro el documento original, así que no es un invento”, asevera Ronny Díaz, propietario de “La Choza del Laurel” en La Fortuna de San Carlos, quien al igual que muchos otros empresarios considera que confiaron en los planteamientos del ICT para realizar sus inversiones.
Y es que la salida a la crisis no tiene horizonte próximo, los pequeños y medianos empresarios sufren el desgaste de luchar por una causa que parece perdida.
Además la crisis económica en las comunidades afectadas por la baja en el turismo conlleva a un encadenamiento de problemas sociales, principalmente dentro del seno de la familia se ha incrementado el número de parejas divorciadas a raíz de la pérdida de estabilidad.
Los factores de la crisis son múltiples: la sobreoferta de sitios turísticos, la caída del precio del dólar, la baja en el número de visitación, y según Carlos Ricardo Benavides, la falta de preparación de muchos de los empresarios pues, según el ministro, “el ICT no es quien determina dónde, a qué hora, y qué tipo de habitación debe construirse en un lugar, esa es una responsabilidad que corresponde al empresario”.
Pero el ministro Benavides afirma que se han mantenido las negociaciones con las entidades financieras para solventar los problemas de los pequeños y medianos empresarios del sector turismo. Benavides asegura no ser insensible a la realidad de las familias afectadas por las deudas crediticias, pero considera que es impensable intervenir el sistema bancario.
El ministro promete continuar negociando salidas alternativas con los bancos y cooperativas, que aplaquen el aumento en el número de embargos.
Pese a que se plantearon las consultas ante el Ministro de Turismo, Allan Flores, y las gerencias de las principales entidades bancarias, al cierre de la edición, el martes 6 de agosto no se habían obtenido las respuestas.
