El anuncio oficial que se dio al país a mediados del año pasado, de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había tenido una déficit operativo de más de ¢22.000 millones en el 2011, resultó ser una falsa alarma originada en una inadecuada práctica contable, que ya habría sido corregida y cuyo balance finalmente fue positivo. La noticia sobre el déficit del ICE generó en su oportunidad declaraciones de preocupación en el Ministerio de Hacienda y un informe de tres ministerios al Consejo de Gobierno, de donde salió una directriz a la institución para que redujera gastos por ¢80.000 millones, que incluyó posibles recortes de personal.
Ahora en el ICE dicen que los estados financieros del 2012 están corregidos y hay ganancias consolidadas de ¢17.317 millones en ese año, y que el 2011 terminó con una ganancia de ¢21.300 millones, dijo el economista y exdirectivo del ICE, José Elías Lizano Jarquín, quien en noviembre del 2012 alertó sobre una anomalía contable en los estados financieros que habría originado el falso déficit.
Lizano, quien es contador público y ha escrito sobre el tema, relató que cuando salió la noticia de que el ICE había tenido pérdidas operativas por ¢22.855 millones en el 2011 (el primer año completo de la apertura del mercado de las telecomunicaciones), dada su experiencia con las finanzas de la institución le pareció que eso no era posible. Al revisar los estados se dio cuenta que la entidad estaba incluyendo entre los gastos la depreciación o revaluación de activos fijos (centrales hidroeléctricas y telefónicas, equipos, edificios y otros bienes), lo que no es un gasto real, sino una práctica que no es permitida por la ley, ni por las normas contables nacionalmente e internacionalmente aceptadas.
Añadió que presentó sus observaciones a las autoridades del ICE encargadas de la parte contable −quienes se mostraron abiertas a escuchar su argumentación− y también entregó la información a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) y a la Contraloría General de la República (CGR), donde le han dicho que este órgano está analizando el asunto.
Al respecto –por medio de la oficina de prensa de la CGR−, se informó que en relación con el ICE la Contraloría realiza actualmente una investigación a raíz de una denuncia recibida, pero sobre la cual no pueden dar detalles por no estar concluido aún el estudio.
Por su parte, Martín Vindas, gerente general y gerente de finanzas del ICE, confirmó que en el 2011 la entidad no tuvo el déficit operativo del que se había informado. Tras un análisis se hizo una “reexpresión” de los resultados económicos y el balance ha sido positivo, dijo el funcionario.
IRREAL
Según Lizano, las “pérdidas” del año 2011 se debieron mayormente a un error contable-jurídico que se estaba cometiendo en el ICE, al rebajar de los ingresos por las ventas de los servicios un gasto por “Revaluación de Activos Fijos”, que no es una salida real de recursos financieros. Las rebajas a los ingresos solo proceden cuando compensan erogaciones, desgastes, deterioro y obsolescencias, según la normativa internacional.
La equivocada salida de dinero por revaluación de activos fijos, que en el año 2011 alcanzó la suma de ¢ 148.807 millones, provocó las mencionadas pérdidas y la política de «disminuir ¢ 80.000 millones» en los gastos del año 2012. Esa medida formaba parte de una solución para deprimir las salidas de efectivo, pero no solucionaba la causa pura y dura del problema, consideró.
Las Reservas por Revaluación de Activos es una técnica válida para efectos de liquidar o vender una empresa y tener un dato aproximado de cuál es el valor de mercado, pero no se puede incluir como gasto, explicó el profesional.
Los cargos por Depreciación de Revaluación de Activos –añadió− ocurrieron en Costa Rica en la década de los 80 por causas inflacionarias. Se incrementaba anualmente el costo histórico de los activos fijos por el margen de inflación, y este se recuperaba al aplicar en los resultados de “gastos”, las depreciaciones periódicas, reduciendo el pago del impuesto sobre la renta. Esta práctica fue autorizada como un medio de ayudar a las empresas a enfrentar el impacto en sus finanzas de la abrupta devaluación de la moneda que se dio en esa década, pero quedó abolida por las Leyes Nº 8114 del año 2001 (y su Reglamento), Nº 7092 del Impuesto sobre la Renta, las Sentencias de la Sala IV: 07-014-221, 1993-04786 y 7177-05, y la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16.
La revaluación de activos fijos que deben pasar “a retiro” −por cuanto su costo original y de ampliaciones, mejoras y financiación ya concluyeron su ciclo, o ya retornaron (se pagaron)− es un exceso que aumenta los precios de los servicios de energía y telecomunicaciones, violentándose la base del servicio al costo, anotó el especialista.
A propósito de otros elementos que también inciden en la elevación de tarifas, mencionó que durante el período 2006-2010 (administración de Óscar Arias y del entonces presidente ejecutivo Pedro Pablo Quirós), el ICE aumentó en casi 7.500 plazas su planilla (de 16.000 empleados). En el 2011 la cuenta de “gestión administración superior” (gastos de la alta administración) acumuló ¢ 89.835 millones, la de “comercialización y publicidad” consumió ¢189.023 millones, y los “superávits libres, específicos y sin asignación” ¢ 254.140 millones. Asimismo, los “gastos generales” (viajes, asesorías, viáticos y otros) sumaron ¢143.195 millones, y aún así la explotación comercial produjo ganancias.
Algunos de estos renglones −junto a la revaluación de activos− producen sobreestimaciones de costos y gastos, elevando las escalas tarifarias de manera importante, materia que está legalmente bajo las funciones regulatorias y fiscalizadoras de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la CGR, señaló el economista.
PROBLEMA
Lizano criticó lo que a su juicio es un problema técnico que tiene el ICE, y es no llevar registros contables separados del sector de energía y del de telecomunicaciones, ni contar con instrumentos de análisis de productividad que permitan conocer el costo real unitario de los servicios.
“Conocemos –agregó− que el ICE está frenando salidas innecesarias de dinero y ha despedido personal, pero a su manera, sin hacer un análisis de costo-beneficio que valore las conveniencias e inconveniencias para la productividad y máxima eficiencia del equilibrio económico-financiero de la institución”.
Este freno no garantiza, sin embargo, que la empresa estatal esté aprovechando sus enormes economías de escala y logrando que sus costos medios y marginales, y los precios por las unidades vendidas, tiendan a reducirse en su condición de monopolio natural, en presencia de un volumen de producción siempre creciente que provee la totalidad de la demanda del mercado de energía, o la mayor parte de él.
Por su parte, el gerente del ICE aseguró que la entidad ha venido modernizando su análisis financiero contable y negó que no se lleve contabilidad separada de la rama de energía y la de telecomunicaciones.
Los registros “se llevan por aparte; al final consolidamos como grupo (de empresas), pero no revolvemos una cosa con otra. No existen subsidios cruzados o cosas como esas; estamos modernizándonos en la parte contable financiera, de acuerdo con las normas internacionales que nos obligan a tener estados financieros transparentes”, argumentó Vindas.
