En una reunión con directores de medios de comunicación nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, expresó su voluntad de escuchar las quejas de los medios, reafirmó el respeto a los medios de comunicación y rechazó que hubiera acciones sistemáticas de acoso a periodistas. (Foto: Katya Alvarado)
El Diario Extra expondrá internacionalmente sus denuncias ante la intervención de llamadas telefónicas y lo que han denominado como espionaje, por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.
En días pasados, el medio de comunicación denunció que habían sido víctimas de un rastreo de llamadas para determinar cuáles funcionarios públicos les facilitaban información. El periódico también reveló que oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habían realizado llamadas intimidatorias en contra de ese medio y que sus reporteros habían sido seguidos y fotografiados.
Ante esto, Diario Extra denuncia públicamente el caso y el 21 de enero la presidenta de Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, convocó a una reunión a directores de medios de comunicación para escuchar personalmente a la directora y editores de Extra y conocer de primera mano las quejas.
Asimismo, Diario Extra presentó un recurso de amparo, para que se investigue el caso y se tomen las medidas del caso, en caso de comprobarse el espionaje.
Paola Hernández, subdirectora de Diario Extra, confirmó que llevarán la denuncia hasta las últimas consecuencias, incluso elevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El medio informativo también participará en la próxima reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Barbados, donde expondrá el caso a todos los participantes.
“Además el caso fue enviado a la Relatoría para la Libertad de Expresión (de la Organización de Estados Americanos) y enviamos cartas a la organización Periodistas sin Fronteras. Estamos solicitando medidas cautelares y vamos a acudir a todas las instancias necesarias”, explicó Hernández.
En la reunión realizada con directores de medios de comunicación y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, la magistrada confirmó que se realizaría la investigación pertinente y que en dicho poder tenían muy claro su deber de transparencia y respeto a los derechos de información.
Hernández se mostró muy satisfecha por el enorme apoyo que han recibido de los directores de diversos medios de comunicación y confirmó que se sienten respaldados en este proceso.
Investigadores defienden acción
Por su parte, Ricardo González, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, externó su preocupación por las declaraciones brindadas por los comunicadores del medio informativo y considera que se está tratando de enlodar la imagen del Poder Judicial.
“Consideramos que se está tergiversando lo que se dio en una investigación desarrollada en conjunto con el Poder Judicial y el OIJ. Aunque no tenemos el expediente, ni lo hemos visto, se sobreentiende que lo que se pretendió en un momento determinado fue sentar responsabilidades ante una posible fuga de información de investigaciones”, argumentó González.
El dirigente del sindicato afirmó que la Ley Orgánica del OIJ y el Código Penal establecen como un delito la divulgación de secretos o de información, por parte de funcionarios de casos que están en investigación, y que los reportes a la prensa son dados únicamente por los voceros autorizados.
De ahí, agregó González, que en la organización sindical sobreentienden que con la investigación se trató de establecer quién fue la persona que divulgó información confidencial.
Para el dirigente, la gente malinterpreta en estos casos la diferencia entre rastreos telefónicos e intervenciones telefónicas. En su criterio, el rastreo puede ser solicitado por un fiscal, para precisamente, rastrear los números, pero la intervención telefónica para hacer escuchas, la debe hacer un juez.
“Es usual que se haga rastreo de números, y entiendo que en este caso no se escucharon las conversaciones. Claro que al pedir un reporte de teléfonos salen números de otras personas y de ahí podría venir el malentendido de que se estaban espiando a otros periodistas”, añadió.
Recurso de amparo
El 24 de enero, la Sala Constitucional admitió para estudio el recurso de amparo presentado por Diario Extra contra la Fiscalía y el director del Organismo de Investigación Judicial.
Luego de revisar el caso, los magistrados ordenaron al OIJ y al Ministerio Público garantizar el libre acceso a la información pública que conste en su poder.
No obstante, la Sala denegó dos medidas solicitadas por Diario Extra. Una de ellas, en la que pedían cesar inmediatamente cualquier acción de acoso, amenaza u hostigamiento contra el periodista Manuel Estrada, la agente del OIJ acusada y cualquier funcionario judicial que aparezca en el rastreo.
En este sentido, los magistrados indicaron que las presuntas acusaciones no habían sido demostradas, por lo tanto no podían intervenir, pero sí pidió no dictar sanción administrativa contra la funcionaria del OIJ hasta que se resuelva el recurso.
El otro aspecto que la Sala rechazó fue la solicitud de cesar el rastreo o intercepción de llamadas, pues es un tema de análisis en el caso presentado.
Sobre este aspecto, el lunes 27 de enero Francisco Segura, director del OIJ y Jorge Chavarría, Fiscal General, aseguraron frente a los magistrados que cuando se realizaron los allanamientos para detener a los sospechosos, identificaron recortes del periódico con informaciones relacionadas al caso.
Segura indicó a los magistrados que no les interesa investigar a ningún periodista, pero sí quieren conocer cuál es el personal que da información a la prensa sobre casos que están en investigación.
Nota 2
Organizaciones de periodistas respaldan denuncia
Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales manifestaron su preocupación y apoyo al Diario Extra.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el hecho como una intimidación contra todas las fuentes periodísticas y sostuvo que la acción pone en entredicho la libertad de prensa en el país, en contravención con el secreto profesional protegido en instrumentos internacionales protectores de la libertad de expresión.
“Se trata de una violación flagrante a la libertad de información que tiene como fin primordial crear un efecto de intimidación contra las fuentes periodísticas”, manifestó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP.
En el nivel nacional el Colegio de Periodistas recabó información acerca de lo sucedido y a partir de allí ha fundamentado el apoyo para el medio y para el periodista Manuel Estrada.
De acuerdo con Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas, el primer frente es de solidaridad para el periodista Estrada y el medio de comunicación.
“El segundo frente ha sido de llamar al Estado a generar buenas prácticas en el tema del acceso a la información, de hecho la magistrada Zarela Villanueva nos dijo que ponía a disposición al Poder Judicial para llegar hasta las últimas consecuencias, en caso de que se hubiera procedido mal y tomó nota de todo lo que le informamos”, explicó Mora.
Otra acción que ha tomado el Colegio de Periodistas, junto con los directores de medios de comunicación, fue firmar un acuerdo para crear un frente común para defender a los colegas y el derecho de informar.
“Desde el ejercicio profesional, que el Colegio debe cuidar, para el periodismo sería imposible informar si acallamos a las fuentes; no se podría hacer periodismo libre si no existieran las fuentes. Pero hay que dejar claro, que no se puede maximizar la situación y creer que en Costa Rica estamos llevando a la borda la libertad de expresión, porque no es así, aunque sí se deben subsanar los casos que se presenten”, añadió.
