Unos enfatizan la libertad del periodista, otros los derechos de la ciudadanía.

La celebración del Día de la Libertad de Expresión, el pasado 1 de setiembre, dio pie para que ocho expresidentes del Colegio de Periodistas solicitaran a los diputados archivar el  denominado proyecto de Ley  de Libertad de Expresión y de Prensa.

Por el contrario, el mismo día 16 directores de medios de comunicación y representantes de organizaciones, incluido el actual presidente de los periodistas, Raúl Silesky, urgieron la aprobación de la iniciativa.
El proyecto (expediente Nº15.974) lleva ocho años en la corriente legislativa, donde recibió dictamen favorable afirmativo, pero no ha pasado a debate en el plenario legislativo. La iniciativa es impulsada por directores de medios y organizaciones afines a la concepción liberal de libertad de prensa, que preconizan entidades como la Sociedad Interamericana de  Prensa (SIP), integrada por los dueños de medios del continente.
“…Cumplimos con el deber de conciencia de advertir a las señoras diputadas y a los señores diputados sobre la peligrosidad del mal denominado proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa (…). Alertamos sobre el carácter liberticida de algunas disposiciones contenidas en ese proyecto contraproducente”, señalaron en un escrito que entregaron a jefes de bancada en la Asamblea Legislativa, Armando Vargas, Enrique Villalobos, Álvaro Madrigal y Julio Suñol, quien fue el primer presidente del Colegio de Periodistas. El documento también fue firmado por José Cordero Croceri, Carlos Morales, Rolando Angulo y el presbítero Armando Alfaro, todos expresidentes del Colegio de Periodistas.
El grupo le achaca al proyecto de ley atentar contra derechos individuales consagrados en la Constitución Política, y de ser omiso en ámbitos que no están normados en Costa Rica. Entre ellos, la censura previa, el secreto de Estado, el derecho a la información, de respuesta, de acceso a la administración pública con fines informativos, a recibir información adecuada, veraz y oportuna, a no ser inquietado ni perseguido por la manifestación de opiniones, la garantía del pluralismo y el respeto de la diversidad.  
Estas dimensiones de la libertad de expresión tienen un valor superior por estar asentadas en la Constitución Política o en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y no han sido desarrolladas aún por la legislación interna de Costa Rica. Es obligación de la Asamblea Legislativa adoptar las disposiciones legislativas necesarias para hacer efectivos estos derechos y libertades, señala el documento.
A su vez, un grupo de representantes de los directores de medios y de organizaciones entregaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, en la que urgieron a poner a votación el proyecto.
“Como ciudadanos y periodistas nos preocupa profundamente que una reforma tan importante para fortalecer nuestro régimen de libertades individuales y colectivas haya sido soslayada por los señores diputados”, indicaron.
Entre los firmantes figuran William Gómez, director del Grupo Extra; Marcela Angulo (Noticias Repretel), Ignacio Santos (Telenoticias), Eduardo Ulibarri (exdirector de La Nación y presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión -IPLEX) y Raúl Silesky, también directivo de este instituto.
De su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización humanitaria no gubernamental, expresó preocupación por el pedido de expresidentes del  Colegio, que a su juicio obvia compromisos internacionales que Costa Rica debe honrar en materia de libertad de expresión.
En una carta pública la organización recordó entre otras cosas que la Corte Interamericana de Justicia estableció que la utilización de la vía penal es una restricción excesiva del derecho a la libertad de expresión, cuando se utiliza para sancionar la realización de afirmaciones –aun cuando éstas sean falsas-, si el sujeto que incurre en la conducta lo hace convencido de la veracidad de lo afirmado.
El actual presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Silesky, considera que los argumentos del grupo de expresidentes del gremio son “tesis del pasado que van en contra de todas las corrientes internacionales que fortalecen el ejercicio de la libertad de expresión.”
Silesky se declaró sorprendido por la posición del grupo, y consideró “poco elegante” que no le comunicaran al Colegio su posición. “Aunque no era obligación de parte de ellos, sí consideramos que debieron habernos comunicado, porque nosotros nunca hemos estado cerrados a escuchar y a conversar”, aseguró.
A su juicio el proyecto lo que da es un marco de acción más fuerte para proteger la labor del periodista. “Ellos confunden eso con fortalecer a un medio en particular, y creo que es que algunos de ellos siguen pensando en el coco del pasado.”
No se está pensando en un medio en particular, sino en todos los medios de comunicación, sobre todo los más pequeños, que no tienen recursos para enfrentar juicios, y si se fortalece la labor de los medios pequeños, se fortalece la diversidad, adujo Silesky.
Lo que se quiere es evitar que exista la pena de prisión para los que ejercen el periodismo, que la gente tenga temor y se autocensure ante la posibilidad de ir a prisión. Tampoco es que se pretenda que el periodista sea totalmente irresponsable, porque se mantiene la posibilidad de recurrir a la vía civil, agregó.
“El proyecto en ninguna parte plantea que esté en contra del derecho del ciudadano. En lo que hemos insistido es que se ponga a votación el proyecto, y que cuando se discuta se hagan las modificaciones que se estimen pertinentes”, comentó.

BUEN DIÁLOGO

De acuerdo con Armando Vargas, exministro de Información, en las reuniones bilaterales que los expresidentes del Colegio sostuvieron en la Asamblea Legislativa con los jefes de bancada, tuvieron “un buen diálogo” y fueron escuchados con atención. En particular, los diputados Jorge Méndez (Liberación Nacional), Alberto Salom (Partido Acción Ciudadana) y Carlos Gutiérrez (Movimiento Libertario) manifestaron interés y dijeron que llevarían el planteamiento del grupo a sus respectivas fracciones para tomar posición. En el caso de José Merino (Frente Amplio),  incluso dijo que hablaría del tema en el plenario, relató Vargas.
El diputado Méndez dijo a UNIVERSIDAD que “hay cosas bastante serias que ellos plantean. Son periodistas de prestigio y de experiencia; creo que esa posición debe ser tomada en cuenta.  Lo estamos valorando para ver cada una las críticas que ellos están haciendo al proyecto.”
Por su parte, Gutiérrez reconoció que “apenas si conozco del proyecto (de ley), pero es un tema de la fracción que vamos a valorar y en su momento tomaremos la decisión que haya que tomar.”
Armando Vargas explicó que de partida hay diferencias filosóficas de fondo respecto al tema de la libertad de expresión, en relación con lo que plantea el otro grupo.
 “Nosotros partimos de la convicción de que el titular por antonomasia de las libertades y derechos fundamentales es el ciudadano, y cualquier legislación que se llegue a adoptar ha de tener como objetivo la protección y el estimulo para que el ciudadano pueda ejercitar sus libertades y sus derechos”.
“Hay quienes hablan de la libertad como una posibilidad. Nosotros queremos hablar de derecho. El derecho impone una obligación al Estado de tutelar, fomentar y velar para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Es decir, si la Constitución y la ley declaran una libertad, el Estado y la sociedad tienen que velar por que cada uno de sus componentes tenga la posibilidad real exigir y ejercer  este derecho.”
Otro aspecto es que estos derechos son inherentes a la persona humana, y no están vinculados a una ideología, ni a una estrategia económica, ni política, ni de dominación, sino que siempre y en todo lugar todos los ciudadanos tienen esos derechos y esas libertades.
Mientras tanto, Julio Suñol dijo que entre las razones que dieron a los diputados para archivar “el mal llamado proyecto de ley de Libertad de Prensa y de Expresión”, está que este haría nugatorios algunos derechos fundamentales del ciudadano, garantizados por la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional.
En la actualidad, la normativa penal exige a quien injuria, calumnia o difama, que pruebe la verdad de su dicho. Pero el proyecto, por el contrario, pretende que se invierta la carga de la prueba, y se obligue a la persona afectada a probar que el periodista o la persona que injurió, calumnió  o difamó, lo hizo con temerario desprecio de la verdad o en conocimiento de su falsedad. “Esta es una violación al principio de inocencia y nos hace regresar a retrógradas fechas en que el ofendido debía ocuparse de probarla”, aseguró Suñol.
Además, con el principio de la reproducción fiel, se pretende aprobar una reforma al artículo 151 del Código Penal que lograría eximir de responsabilidad al periodista y a la empresa irresponsable que reproduzcan textos injuriosos, difamatorios o calumniosos, que vean  la luz en un periódico u hoja suelta de ocasión, por ejemplo.
Suñol insistió que el proyecto objetado es omiso en su adecuación a los principios modernos e internacionales del derecho a la información, derecho de respuesta, derecho de recibir información adecuada, veraz y oportuna, entre otros puntos.

9-set-09