Cómo entender que el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Francisco Jiménez y otros funcionarios bajo investigación no tengan medidas cautelares. Lo cuestionó así el diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana), quien junto a Patricia Pérez (Partido Movimiento Libertario) y Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) presentó la semana pasada una denuncia penal en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra Jiménez y otros funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

Los denunciados presuntamente integraron una estructura paralela dentro del CONAVI que manejó la construcción, las contrataciones y los pagos de la trocha junto al río San Juan, en la frontera con Nicaragua, entre diciembre del 2010 a mayo del 2012.

La acción la interpusieron los legisladores a raíz de la investigación que realiza la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislación, sobre supuestas irregularidades en el empleo de los fondos destinados a la carretera, en la que el CONAVI ha invertido unos ¢24.000 millones y tiene facturas por pagar por unos ¢13.000 millones más, según datos de la entidad gubernamental.

La acción de los legisladores se presentó en momentos en que trascendía una denuncia que presentó la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 12 de octubre en la misma Fiscalía, contra el exministro Jiménez. El órgano contralor señaló la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y fraude de ley en la construcción de la trocha fronteriza.

La denuncia nació de una investigación que la CGR realizó sobre el caso de la trocha, informó la contralora, Martha Acosta, al comparecer el pasado 14 de noviembre ante la comisión de ingreso y gasto público.

El estudio de la CGR incluyó actuaciones y omisiones de funcionarios del CONAVI y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que incurrieron en hechos que pudieran implicar violaciones a la ley de control interno, explicó Acosta.

Tras esa investigación, la CGR valora si se inicia un proceso administrativo para sancionar a los funcionarios y en un par de semanas se resolverá si el proceso se hace o no, añadió.

La CGR ha conformado también un segundo grupo de investigación, para determinar posibles responsabilidades civiles y patrimoniales.

“Como la CGR se apersonó al Ministerio Público ahora tiene mayor acceso a la información (secuestrada durante los allanamientos hechos por los agentes judiciales), y estamos iniciando una investigación para determinar eventuales responsabilidades de carácter civil o patrimonial contra los funcionarios y contra las empresas contratadas”, afirmó Acosta.

Dijo que no podía dar detalles de la pesquisa porque tiene restricción de carácter legal. Los procesos no han concluido y eventualmente le tocará resolver como jerarca, por lo que si da detalles de la investigación podría considerarse que adelantó criterio, violando el debido proceso.

INVESTIGACIÓN PENAL

La Fiscalía incorporó la denuncia de la CGR al expediente judicial que tiene abierto desde mayo pasado en relación con las presuntas irregularidades cometidas en el proyecto de la trocha.

La pesquisa la inició la Fiscalía con motivo de una denuncia que el propio Jiménez presentó el pasado 4 de mayo contra dos funcionarios del CONAVI encargados del proyecto, Manuel Serrano y Miguel Ramírez, por la supuesta recepción de dádivas de parte de empresarios contratistas de la trocha.

El mismo día, la presidenta Laura Chinchilla anunció la destitución de Jiménez por su “responsabilidad política” en el proyecto.

Por su parte, en su denuncia, los diputados Pérez, Céspedes Oviedo solicitaron a la Fiscalía realizar una profunda investigación que determine las eventuales responsabilidades penales de Jiménez, en su calidad de exministro del MOPT y expresidente de la directiva del CONAVI; del ingeniero Carlos Acosta, exdirector Ejecutivo del CONAVI; Manuel Serrano, ingeniero del CONAVI encargado del proyecto; Carlos Solís, director financiero de la institución; y Manuel Brenes, funcionario del departamento legal de la entidad, que redactaba las resoluciones de pago a los contratistas (ver recuadro “Medidas cautelares”).

Todos ellos presuntamente formaron parte de una estructura paralela dentro del CONAVI que manejó la construcción, las contrataciones y pagos de la trocha.

Los diputados solicitaron como medida cautelar  la suspensión de los funcionarios denunciados en el ejercicio de sus cargos, y que la suspensión se haga extensiva a cualquier otro funcionario que se determine en la investigación que incurrió en algún hecho punible.

Los diputados basan su denuncia en que el entonces ministro Jiménez y Serrano iniciaron las obras de la trocha fronteriza, sin contar en ese momento con el requerido decreto de emergencia.

El decreto de emergencia (36440-MP) fue emitido y publicado hasta el mes de marzo del año 2011, lo cual evidencia que tanto Jiménez como los funcionarios Serrano y Acosta, el primero como ingeniero encargado de la obra y el segundo como director ejecutivo del CONAVI, consintieron y permitieron que se utilizaran recursos de la institución en una ruta que no había sido declarada nacional, siendo que el CONAVI solo puede invertir en rutas nacionales, alegan.

Señalan que varios funcionarios con un nivel de jerarquía media y alta no conocían el desarrollo del proyecto, ni la modalidad de las contrataciones que se llevaron a cabo, aún siendo funcionarios competentes en el asunto, razón por la que es indispensable investigar las contrataciones y los pagos por la obra, y determinar si hubo culpa o dolo.

Medidas cautelares

Se le está pidiendo a la Fiscalía –dijo Walter Céspedes-  abrir inmediatamente una investigación para determinar la responsabilidad, principalmente de Jiménez, Acosta y Serrano, en el manejo de la construcción de la trocha.

“Si es que efectivamente se quiere hacer un trabajo serio y determinar las responsabilidades de lo que ha pasado en un pésimo manejo de los recursos en la construcción de una obra tan importante, no deberían estar juntos”, consideró Céspedes.

En su criterio, lo primero que debería haber hecho el fiscal, así como lo ha hecho en otros casos, era haberles puesto medidas cautelares.

“Nosotros esperamos que esta acusación que nosotros estamos presentando sirva como parámetro para que se pongan medidas cautelares a esas tres personas principalmente, y que los llamen a declarar y si hay pruebas que los detengan y así podamos creer en el ordenamiento jurídico de este país”, comentó.

Por su parte, Manrique Oviedo dijo que la ciudadanía está expectante a la espera de resultados prontos. El trabajo que se ha realizado en la comisión de ingreso y gasto público y la labor de los medios de prensa han permitido que la ciudadanía se entere de quiénes son los actores más relevantes “y pueda sacar sus propias conclusiones de lo que ocurrió en esta estafa nacional”.

“Consideramos oportuno que la investigación que se está realizando se amplíe, y no solo quede en la denuncia que presentó  Jiménez donde denunció a dos funcionarios del CONAVI, sino que recordemos que por el contrario es Jiménez quien da la orden de inicio a finales de diciembre del 2010, junto con el señor Serrano, quien es el encargado del CONAVI en esa región. Son ellos los que giran las órdenes para que la obra arranque”.

Sin embargo, esto no termina aquí, porque con el trabajo de la comisión se ha podido comprobar que tuvo que haber una orden superior para que mandos medios y funcionarios de tercera y cuarta categoría dentro de la estructura del CONAVI tuvieran facilidad de maniobra y actuaran impunemente.

“Indiscutiblemente (esto) procede  de autoridades superiores que en concreto consideramos están asentadas en Casa Presidencial. Es la única manera de cómo podríamos interpretar que estos desmanes en el manejo de los recursos públicos se dieran. En el momento que las investigaciones se profundicen más estaremos ampliando las acciones de esta demanda que ha sido presentada”, aseguró Oviedo.