Dirigente enfrenta proceso de despido: Sindicalista del ICE denuncia seguimiento ilegal

“Al ser las siete horas once minutos se observa al Sr. Jorge Arguedas Mora, en la localidad de San Rafael Arriba de Desamparado (sic),

El ICE considera que el Presidente de la ANTTEC no cumple con su jornada laboral como técnico.

“Al ser las siete horas once minutos se observa al Sr. Jorge Arguedas Mora, en la localidad de San Rafael Arriba de Desamparado (sic), de la Iglesia Católica 1 km al sur, vestido con una camiseta, cuello redondo color blanco, sin mangas y una pantaloneta color negra.

El mismo se observa detenido en la acera, se observó cuando el vehículo placas 226897 CL, se estaciona junto a él y se da una transacción de dinero y del camión se le entrega una bolsa con pan y un periódico, luego se aleja de la acera y se introduce en una propiedad contigua (…)”.

Si bien lo anterior podría parecer extraído del guión de una película de espionaje de tercera categoría, forma parte de una bitácora de seguimiento que ordenó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra el presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC) –Arguedas Mora-, con miras a despedirlo por incumplimiento de su jornada laboral.
Durante once días de diciembre pasado, empleados de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del ICE, siguieron al sindicalista desde tempranas horas de la mañana y hasta finalizar la tarde, tiempo en el que aprovecharon para tomarle fotografías a escondidas y levantar un informe pormenorizado de todos sus movimientos.
Por estos hechos, el Presidente de la ANTTEC presentó el pasado 14 de mayo una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra el expresidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós Cortés, y la Contraloría General de la República (CGR).
La acusación contra el órgano contralor, la hizo Arguedas tras considerar que le dio trámite a una denuncia anónima, sin que fuera una gestión que le competiera hacer.
Según lo expuesto por el denunciante anónimo en un documento que hizo llegar a la Contraloría el 18 de setiembre del 2009, “el señor Jorge Arguedas Mora ha hecho un uso abusivo de su fuero sindical, específicamente en cuanto a las horas laborales que el ICE le permite para las actividades sindicales”.
Algunos días después de recibida la queja, la CGR la trasladó a la Administración Superior del ICE, al estimar que era un asunto de su competencia administrativa. La investigación interna se la encargaron a la Dirección de Protección y Seguridad Institucional, la cual montó a inicios de diciembre pasado el mencionado operativo de espionaje. 
En su denuncia ante la Fiscalía General, Jorge Arguedas expuso que “se ha estado presionando a mi jefatura inmediata para abrir un juicio ordinario disciplinario de despido en mi contra y ha creado un sisma moral y de inseguridad en los empleados del sindicato, directivos, y en mi seno familiar, al sentirnos perseguidos, violentando la intimidad y provocando un hostigamiento. Lo más grave es que hay un seguimiento ilegal y hostil en mi contra, en contra de mi familia y mi organización”.
Al ser consultado Arguedas Mora por este Semanario, afirmó que detrás de estas acciones lo que se esconde es el deseo de acallar las múltiples denuncias que la ANTTEC ha llevado a cabo, de los manejos irregulares que se cometieron durante la presidencia de Pedro Pablo Quirós en el ICE (véase recuadro “Múltiples denuncias”).
Mientras tanto, el informe institucional sobre la investigación que se le abrió al sindicalista asegura que “el proceso de verificación de horario demuestra un uso discrecional del tiempo, por parte del funcionario”.

TRAS SU DESPIDO

De acuerdo con Arguedas Mora, la investigación que el ICE le abrió busca encontrar razones para despedirlo y “pasearse” en 38 años de servicios a la institución y más de 30 de trayectoria como sindicalista.
El dirigente sostiene que detrás de este proceso, lo que hay es una presión para que la ANTTEC deje de presentar denuncias por presuntas irregularidades, especialmente por las presentadas en contra de la presidencia del anterior jerarca, Pedro Pablo Quirós.
Al respecto, anunció que no cejarán en esta labor y le darán seguimiento a las múltiples denuncias que han interpuesto en instancias como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, pues las leyes se le pueden aplicar a la persona denunciada aun cinco años después de que no esté en el cargo.
Arguedas detalló que el expediente para que se procediera con su despido, lo dejó firmado Pedro Pablo Quirós antes de concluir su gestión; pero, hasta ahora ninguna jefatura ha querido ejecutarlo.
El Presidente de la ANTTEC, aduce que desde la época en que ocupaba Pablo Cob la presidencia del ICE, ha gozado de permiso para que use de manera discrecional su jornada laboral, en el desempeño de su cargo como dirigente sindical, e incluso cuando llegó Quirós Cortés dijo que los permisos se mantendrían.
Arguedas expresó que no tendrían ningún inconveniente para regresar a sus tareas como técnico en telecomunicaciones, si así lo dispone la Administración.
En el expediente de investigación contra Arguedas –al cual tuvo acceso este Semanario- las distintas jefaturas del ICE dejan claro que no consta un permiso por escrito que lo autorice a usar el tiempo como sindicalista, más allá de lo establecido por la normativa internacional e institucional, que habla (artículo 28-25, Estatuto de Personal) de un máximo de 6 días hábiles por mes.
Por otro lado, destacan en este expediente, las bitácoras que elaboraron los funcionarios de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional que lo siguieron durante 11 días. Cada día de seguimiento se ilustra con fotografías de Arguedas mientras sube o baja de automóviles, y de las visitas a distintos lugares, como sodas, iglesias, centros comerciales, e inclusive de una visita que realizó a San Ramón de Alajuela.
Acerca de la legalidad de este proceder, el especialista en derecho laboral, Eric Briones Briones, aseguró a UNIVERSIDAD que esto es “totalmente ilegal y atenta contra principios constitucionales, como la intimidad en el ámbito privado. Además, atenta contra el derecho de imagen al tomarle fotos”.
En su criterio, “si lo que se quiere corroborar es el tiempo efectivo de trabajo, se debe establecer medios de control racionales y proporcionales, en donde se le avisa previamente a la persona sobre los mismos, para que no se sorprenda y se pueda incurrir más bien en mala fe, en detrimento  de la relación laboral”.
Para Briones, el seguimiento y toma de fotografías de manera oculta, no tendría validez legal como  prueba y sería un tribunal de justicia el que se encargue de declararla nula, si se pretende utilizarla como válida.
Un parecer similar planteó el abogado laboralista Mauricio Castro, quien considera indebido ese proceder, en la medida en que se invada la esfera de intimidad de una persona, aunque en esta materia hace falta en el país precisar más sobre esta legislación.
Castro piensa que sobre este tema debe haber un respeto al principio de proporcionalidad entre las obligaciones que tiene una persona como trabajadora y las medidas que puede tomar un patrono para controlar que cumpla con sus responsabilidades.
Estima que lo normal por parte de los patronos, es que los controles se basen en mecanismos transparentes, como las tarjetas marcadas por relojes, los reportes de actividades, los controles de los jefes y otros.


Múltiples denuncias


En los últimos tres años, la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), ha presentado numerosas denuncias ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República, por manejos dudosos de los fondos y bienes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Una de las acciones legales más recientes, fue interpuesta por miembros de la ANTTEC y de los sindicatos ASDEICE y SITET en el Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 22 de febrero, para que declaren nulos los acuerdos del Consejo Directivo del ICE, en razón de estar mal integrada esa directiva.
Esta anomalía fue dada a conocer por este Semanario en su edición del  24 de marzo anterior, en la cual se detalló que no se cumple a cabalidad con la especialidad que debe  tener cada directivo, según lo establece la legislación que rige para la institución.
La mencionada medida cautelar que reclaman los sindicatos, precisa que los acuerdos en que participó y votó el directivo Jorge Calderón Arias, “son absolutamente nulos, por provenir de un órgano colegiado integrado ilegalmente, con un miembro jurídicamente incapaz para participar”.
Calderón es un abogado que cuando se le nombró a mediados del 2009, ya había otro directivo con esa especialidad, y de acuerdo con la legislación del ICE, solo hay campo para una persona de ese ramo; faltaría un profesional en el campo de la informática.
Por otra parte, la ANTTEC ha denunciado irregularidades en torno a manejo de reaseguros de bienes institucionales, compra de propiedades a familiares de directivos, despilfarro de fondos, incumplimientos de contratos multimillonarios, y alquiler de edificios que no se utilizan.
En un documento que entregaron el pasado 25 de mayo a las autoridades superiores del ICE y en el que enumeran una serie de irregularidades, la ANTTEC solicita la separación de Abraham Madrigal –gerente general- y Clemencia Barrantes –subgerenta administrativa-, por considerar que no hicieron nada para impedir que se cometieran las  situaciones denunciadas.
Madrigal dijo al respecto, que “mi historial como funcionario público de muchos años, así como mi vida profesional y privada están abiertas a cualquier investigación que órganos calificados quieran llevar a cabo. Soy transparente con mis actos y aunque en el caso presente existen atribuciones de curiosa intención sobre bases infundadas o inexactas, igualmente me presento abierto a cualquier indagación”.
Por su lado, Barrantes comentó que ha ocupado diferentes cargos dentro de la Institución, “los cuales he desempeñado con total transparencia y apegada a los valores fundamentales de la ética y la legalidad que la función pública demanda”. Por lo tanto:  “quedo a disposición para que mis actuaciones sean objeto de estudio, investigación o cualquier proceso aclaratorio que me sea requerido por las instancias correspondientes”, añadió. 


 

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