Caso de la DIS guarda similitudes con escándalo de la inteligencia colombiana.
A pesar de que la Sala Constitucional ordenó a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) “brindarle acceso al amparado Carlos Arturo Meneses Reyes a la información por él solicitada (…) de forma INMEDIATA (mayúsculas del original)”, esto no ha ocurrido.
La misma historia se repitió con el periodista de UNIVERSIDAD Gilberto Lopes, pues ninguno de ellos ha logrado tener acceso a los “registros” o “anotaciones” que dijo tener esa Dirección del Ministerio de la Presidencia.
Tras esa decisión de la Sala Constitucional, Meneses se dirigió por escrito a la DIS y solicitó acceso a la información que de él tuvieran, mientras que Lopes se apersonó a la sede de esa Dirección con un equipo periodístico de UNIVERSIDAD con el mismo propósito. Sin embargo, ambas diligencias fueron infructuosas.
“No puedo ni contestar el hecho de que digan que estoy ‘registrado’ porque eso ni siquiera es una acusación formal, no es nada; pero al mismo tiempo sí es algo porque impide que a uno le den la nacionalización”. Así se quejó Lopes ante el funcionario de la DIS Roberto Rodríguez, quien lo atendió en la casetilla de vigilancia a la entrada de esa Dirección, el pasado 24 de febrero.
CON LAS MANOS VACÍAS
A Lopes se le negó la nacionalidad costarricense pues la DIS informó al Registro Civil que aparece “registrado” en sus archivos (Ver UNIVERSIDAD del 10 de febrero). Posteriormente el periodista apeló ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual solicitó la información a la DIS; cuando ésta se negó a proveerla decidió que el sólo hecho de aparecer “registrado” no es causa para denegar la nacionalidad a una persona.
El caso de Meneses es similar, con la diferencia de que el abogado recurrió a la Sala Constitucional y ésta ordenó que se revele la información. De acuerdo con el abogado de Meneses, Rafael Ugalde, con la decisión de esa Sala “ya no tiene validez el argumento de la ‘confidencialidad’ para perjudicar a una persona” (Ver UNIVERSIDAD del 17 de febrero).
Sin embargo, ni Lopes ni Meneses han logrado tener acceso a la información de la DIS. Al presentarse en la sede de esa Dirección, el funcionario Roberto Rodríguez explicó a Lopes que: “Desconocemos, porque hemos buscado la información y no encontramos cuál es el motivo de ese registro, no tenemos ningún expediente suyo; si presenta una solicitud formal, se le puede informar esto por escrito”.
Lopes recordó que el antiguo subdirector de la DIS, Roberto Guillén, manifestó por escrito que él está “anotado” y se quejó por no poder contestar una acusación, cuyo fundamento no puede conocer.
El periodista de UNIVERSIDAD se retiró con las manos vacías y al cierre de edición él y su abogado se disponían a presentar la solicitud por escrito.
Por otra parte, Meneses hizo la diligencia por escrito y lo que recibió fue un documento suscrito por Jorge Torres, subdirector, quien informó que cuando el Registro Civil solicitó la información, se consultó su nombre internacionalmente a la INTERPOL y de Colombia se recibió una “cancelación de la orden de captura de delitos, homicidio y secuestro”, fechada en setiembre de 1994. El subdirector añadió que “se determinó que al cancelarse la orden de captura, la misma carecía de fundamento y relevancia a nivel judicial”.
“En consecuencia –concluyó Torres- se certifica que las anotaciones que aluden a su persona (…) son de naturaleza de inteligencia y no judicial, por lo que no hay autoridad judicial de Costa Rica ni extranjera que se haya pronunciado sobre su persona. Dichas anotaciones, de conformidad a lo expuesto, corresponden únicamente a información de la DIS”.
Al respecto el abogado Ugalde manifestó que Meneses “tenía estatus de refugiado pues fue amenazado de muerte. Previendo que la DIS inventara información falsa, solicité a la fiscalía de Colombia una certificación de si él ha sido juzgado o investigado por cualquier delito, y contestaron que contra él no aparece nada”.
Ugalde detalló que la importancia de conocer el expediente de Meneses radica en verificar si esa información proviene de la que él mismo suministró en su carácter de refugiado. “Eso significaría que Costa Rica desconoció la Convención de Ginebra en cuanto a los derechos de los refugiados”.
Ante la negativa a cumplir la orden de la Sala Constitucional Ugalde afirmó: “Dicen que la información que manejan es de naturaleza de inteligencia y no judicial, así que primero califican la información sobre una persona, le hacen la vida imposible y luego están exentos en la esfera judicial”.
En Casa Presidencial se tramita una solicitud de entrevista de UNIVERSIDAD con José Torres, director de la DIS, para profundizar sobre el tema.
LA “BUENA CONDUCTA”
Se consultó a Ricardo Chavarría, jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil, por qué se interpreta el hecho de que una persona tenga un registro en la DIS, como una señal de mala conducta.
Explicó que “la DIS maneja dos tipos de información, la de antecedentes y la de investigación policial, que es confidencial, de manera que si aparece registrado se le dice al solicitante que tiene antecedentes y no se le concede la nacionalidad. Por ‘antecedente’ entiéndase no ‘antecedente oficial’, sino una investigación; desde ese punto de vista no podemos considerarlo de buena conducta”.
Rodrigo Fallas, director general a.i. del Registro Civil, agregó que “se presume que no es una persona de buena conducta, precisamente porque hay una investigación de por medio”.
Se preguntó si la ley especifica que aparecer “registrado” en la DIS es señal de mala conducta, Fallas contestó que “puntualmente” no, pero “estamos hablando de que la persona tiene que acreditar que es de buena conducta y costumbres”. A ello Chavarría añadió que “tenemos que resolver diciendo que no es de buena conducta, si nos dicen que está ‘registrado’”.
Ante la pregunta de si ello implica que el Registro Civil tiene que decir que una persona es de mala conducta, sin que nunca haya sido condenada nunca por nada, ambos contestaron: “Exactamente”.
Se preguntó entonces qué pasa con el principio legal de la presunción de inocencia, de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a lo que Chavarría contestó: “Eso sería en lo penal, para una decisión administrativa no necesariamente”. “Exacto”, dijo Fallas.
También se les planteó si la decisión del presidente del TSE Luis Antonio Sobrado, de conceder la nacionalidad a Lopes sin importar el “registro” en la DIS, implica que la práctica de hacer esa consulta es errónea, a lo que Chavarría contestó que “no se actuó de forma equivocada, sino que se siguió un criterio diferente”.
Informaron que a partir del caso de Lopes, sólo se consultará a la DIS si el solicitante tiene algún registro en la INTERPOL.
La DIS y el DAS: Peligrosas coincidencias
El escándalo generado por el proceder de la DIS en los casos Gilberto Lopes y Carlos Meneses coincidió con las publicaciones hechas en Colombia por Semana, una revista que reveló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) está “fuera de control”.
En su edición del 21 de febrero, esa publicación denunció que el DAS es una dependencia de la Presidencia, “graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros”.
La denuncia de Semana destaca que “hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional”. La revista recuerda que ese Departamento vivió en el 2005 un escándalo por infiltración de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Cabe recordar que en agosto del 2006 el presidente Óscar Arias recibió en Casa Presidencial a once de los principales líderes de las AUC, entre ellos a Carlos Mario “Macaco” Jiménez, quien es señalado por varios medios de comunicación de ese país por infiltrar el DAS.
La denuncia de Semana sobre sectores del DAS al servicio de fuerzas externas, guarda coincidencia con la situación que se presentó en la DIS en noviembre del año pasado. El entonces jefe de operaciones de la DIS, Roberto Guillén fue detenido, pues la Fiscalía le atribuye “formar parte de una organización delictiva que a partir del 2007 se dedicó al saqueo de cuentas corrientes de empresas y personas mediante el robo y la falsificación de cheques”, según publicó el matutino La Nación.
En ese momento, un funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el papel de Guillén fue el de utilizar una clave de la base de datos Datum.Net en Internet para rastrear y obtener datos de las eventuales víctimas desde las oficinas de la DIS.
Así, Guillén fue acusado de ser parte de una banda que realizaba estafas y como parte de la investigación fueron allanadas las oficinas de la DIS y del Departamento de Informática de la Casa Presidencial.
En diciembre ese escándalo provocó la salida del director, Roberto Solórzano. El Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, anunció que pediría “la colaboración de los Gobiernos de Colombia y Chile para ver los modelos que ellos tienen y de esta forma adaptarlos al contexto costarricense”, según lo publicó el diario colombiano El Espectador en su edición del 2 de diciembre.
