Las posiciones de sectores económicos neoliberales cercanas a la Presidencia de la República abogan por la pronta aprobación de cuatro leyes fiscales que se discuten en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, empresarios, políticos y sindicatos piden que el tema sea analizado en toda su dimensión.
Se prevé confrontaciones fuertes en el seno de la Comisión Mixta Legislativa que discute el tema fiscal.
«Estamos al borde de un embargo», así de contundente fueron las declaraciones a la prensa hecha el pasado 19 de agosto por Abel Pacheco, Presidente de la República al iniciar una maratónica serie de reuniones tendientes a conocer los criterios de sectores eclesiales, estudiantiles y políticos en materia fiscal.
Por su parte, en el seno de la Comisión Mixta Legislativa que discute el tema fiscal, Jorge Walter Bolaños, Ministro de Hacienda recordó el mismo 19 de agosto que el déficit fiscal a la fecha supera los ¢1.4 millones de millones y que por cada ¢100 que ingresan a las arcas del Estado, se gasta ¢130.
Para el ministro «si no se aprueban este año las leyes fiscales, subirán la inflación y las tasas de interés y el país se expone a un deterioro en la calificación de riesgo para inversiones, lo cual dificultaría el acceso de todos a préstamos en el extranjero».
Ello repercutirá en la atención de la salud y la educación, aumentará la pobreza y afectará el empleo.Bolaños recordó a los diputados que los gastos en el sector público representan el 4,7% del Producto Interno Bruto o sea unos ¢275.000 millones y que el año siguiente la cifra podría subir al 5%.
PERDONAR LAS DEUDAS
El lunes 19, los diputados dieron un voto de apoyo a la administración Pacheco al aprobar en segundo debate una ley que faculta al Ministerio de Hacienda para renegociar los plazos y tasas de Interés de los bonos emitidos por el Estado que han sido adquiridos por las instituciones públicas.
La iniciativa presentada originalmente por el excandidato presidencial liberacionista Rolando Araya Monge, permitirá al gobierno abonar unos ¢35 mil millones a la deuda interna y autoriza a las entidades descentralizadas como la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y a la vez condonar total o parcialmente las deudas que Hacienda tiene con ellas.
Sin embargo, la ley permite financiar gastos corrientes con ingresos de capital, aspecto que el jefe de fracción verdiblanco, Bernal Jiménez aumenta la deuda pública.
Este argumento fue sostenido además por el diputado independiente José Francisco Salas y el liberacionista José Miguel Corrales, quienes votaron en contra del proyecto.
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
Pero las acciones del gobierno no se quedaron ahí, Pacheco conformó una comisión que impulsará el Plan Nacional de Competitividad para atraer inversión extranjera y el turismo.
El Consejo Nacional de Competitividad, está constituido por ocho ministros de gobierno, el coordinador del Consejo Económico y representantes de diversas cámaras empresariales.
La secretaría técnica de dicho Consejo recae en el Ministerio de Economía, y contará con el apoyo de cinco subcomisiones que tratarán temas como energía, donde se discutirán las tarifas de los servicios eléctricos y sus implicaciones en los costos para la actividad de los distintos sectores productivos; Infraestructura pública, como carreteras, puertos y aeropuertos; telecomunicaciones, que analizará propuestas como la red de Internet avanzada, y la creación de una plataforma de telecomunicaciones para el sector empresarial.
Las dos subcomisiones restantes reflexionarán sobre aspectos de finanzas para recomendar cambios en el sistema que rige al sector y el tema de seguros, donde se examinarán los costos y servicios.
Los informes finales estarán listos el 19 de setiembre próximo y serán coordinados por Vilma Villalobos, Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
REACCIONES
Para Albino Vargas, representante del sector sindical en la Comisión Mixta Legislativa que estudia este tema, hay confrontación entre las tesis. Esto se incrementará cuando se debatan las iniciativas aperturistas como las planteadas por algunos integrantes de la comisión de competitividad, quienes abogan incluso por la apertura de los mercados de telecomunicaciones y energía.
Sin embargo, reafirmó que al interior de la comisión mixta, los sectores sociales demandan la construcción de un modelo de desarrollo nacional donde lo fiscal es apenas una parte de la propuesta.
Consideró que los diputados tienen conciencia de la gravedad del problema fiscal y que hay una corriente de legisladores que avala la creación de impuestos indirectos y dejar el tema de los desafíos estructurales para después.
«Si esta tesis prevalece, lo que se hará es colocar un parche y no solucionar el problema como se debe», consideró Vargas.
Por su parte, Doris Osterloff, representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) e integrante de la comisión mixta, esta se «aboca a un diagnostico para entrar al fondo del problema y buscar las alternativas reales y necesarias».
Reiteró que el tema fiscal exige la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, «pero tomar decisiones solo en lo inmediato sería un error».
Consideró que los proyectos de ley presentados por el gobierno son un punto de partida y no la única solución. Por eso hay que propiciar el diálogo con todos los sectores y con todos los partidos políticos».
SE AVECINAN PROTESTAS
Para Albino Vargas, «Abel Pacheco está asumiendo poco a poco la agenda neoliberal que caracteriza a su equipo de gobierno».
Según dijo a UNIVERSIDAD, está aprovechando la popularidad «para posicionar una agenda aperturista que es antipopular», por eso no descartó que los sectores sociales inicien una serie de protestas contra las iniciativas de crear impuestos y no solucionar el problema fiscal.
En este mismo sentido se han pronunciando las organizaciones magisteriales, las cuales exigen un puesto en la comisión mixta legislativa y rechazan la propuesta fiscal del gobierno.
Para los educadores, la iniciativa no plantea cómo mejorar la recaudación de los impuestos existentes y atenta contra los regímenes de pensiones, Servicio Civil, bancos estatales e instituciones autónomas.
Consideran que se crean impuestos sobre la utilización de instalaciones deportivas o recreativas, suministros de productos informáticos y soporte y se gravan servicios que están exentos actualmente. Además, deteriora la situación económica de las clases medias y pobres y afecta a profesionales liberales, artesanos, arrendamientos de bienes, industria o negocio, prestaciones de hospitalización, préstamos y créditos de dinero.
Por eso no descartaron la movilización de educadores y estudiantes en los próximos días.
